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Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, señaló que el contenido de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado por el asesinato de Manuel Cepeda parece ajustarse a la actual realidad nacional, donde las declaraciones de altas personalidades siguen acrecentando la vulnerabilidad que por años han padecido las vícitmas de la Unión Patriótica, UP.
Krsticevic señaló que la Cidh fue precisa al advertir que hubo pronunciamientos públicos que, a más de agraviantes, terminaron casi que imponiendo graves riesgos a la vida y la integridad de los militantes de esta fuerza política y sus familiares.
"Aumentó su nivel de riesgo en virtud no sólo de la displicencia y negligencia frente a las amenazas de las que fuera objeto sino también por las declaraciones vertidas por funcionarios públicos en las que vinculaban a la UP y el PCC (Partido Comunista Colombiano) con las Farc. El discurso público de varios funcionarios exacerbó la hostilidad e intolerancia por parte de funcionarios públicos y otros sectores hacia las personas vinculadas con la UP", manifestó la jurista argentina.
Señaló que ese estado de cosas parece mantener su vigencia, toda vez que los hechos retratados por la prensa internacional dan cuenta de inverosímiles señalamientos y hasta persecuciones motivadas por posturas políticas, en ocasiones disímiles a las del establecimiento.
"El alcance de este pronunciamiento se extiende a la actualidad colombiana, en la que persiste la estigmatización, amenazas y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y líderes políticos. En ocasiones esta situación se agrava por declaraciones de altos funcionarios del Estado y otros actores sociales, que ponen a estas personas en situaciones de gran riesgo. La propia Corte reconoció en el caso concreto que tanto el hijo del Senador, Iván Cepeda, como sus familiares, continúan siendo objeto de estigmatización, por lo que siguen expuestos a hostigamientos y amenazas", dice.
Precisó además que la misma Corte señaló que la responsabilidad del Estado no se debe a meros descuidos en la defensa de la integridad y la vida del dirigente de izquierda sino en la participación activa de agentes de la Fuerza Pública, que fueron copartícipes del exterminio de la UP en el que, desde luego, se incluye el homicidio de Cepeda.
El pronunciamiento de Cejil, que al lado del Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo lideró la defensa del caso Cepeda ante la Corte, se da en medio de los señalamientos del ex precandidato presidencial Andrés Felipe Arias y el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria en contra del hijo del inmolado dirigente de izquierda Iván Cepeda, quien expresó su descontento para con la manera como el Gobierno quiso dar cumplimiento a parte de la sentencia en la que se le exigí pedir perdón por el crimen.
En su momento Cepeda, hoy representante a la Cámara electo, dijo que el Presidente Uribe no sólo no había cumplido con la ordenanza sino que había acentuado la situación de agravio a las víctimas de la UP, lo que motivó la protestas de Gaviria y Arias.
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