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Con esta fuga de película asciende a tres el número de personas que escapan de las infrahumanas condiciones en que viven los secuestrados a manos de las Farc. Los casos de John Frank Pinchao y Fernando Araújo, que en su momento fueron celebrados en razón de la valentía con que emprendieron la fuga y se internaron en la selva, difieren de la manera en que logró su libertad el ex congresista Lizcano, por cuanto en esta ocasión la estrategia disuasiva del gobierno del presidente Álvaro Uribe parecería estar dando resultados.
Si bien alias Isaza en su encuentro con el Presidente dijo no conocer la oferta de recompensas para que quienes tuvieran secuestrados los regresaran —lo cual indica que no hay que bajar de guardia en las campañas de comunicaciones para que el mensaje se masifique en las selvas—, es evidente que la presión militar y las noticias de que la vida mejora para quienes deciden reintegrarse a la sociedad está haciendo carrera dentro de las filas guerrilleras. Eso permitió que alias Isaza optara por salvarle la vida a quien fuera el primer plagiado entre los políticos y que, de manera cínica, fue internado por las Farc en la selva, en agosto 5 de 2000, durante los diálogos de paz del Caguán.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sostuvo que el carcelero de las Farc “no tiene delitos de lesa humanidad” y, por tanto, como lo acordó el Presidente con el Embajador de Francia, será exiliado con su compañera sentimental, quien se desmovilizó hace cuatro meses, y recibirá una importante suma de dinero. “Estamos en una crisis económica mundial”, dijo el Mandatario, pero para la recompensa “tiene que haber plata”.
Con todo, la lista de mal llamados “canjeables” en poder de las Farc, entre civiles, policías y militares, es aún de 28. Es de esperarse, como lo indicó el propio Lizcano, que todos estén en condiciones deplorables. Y a éstos hay que agregar a quienes injustificadamente se olvida: aquellos secuestrados que no pertenecen a la patética categoría de “botín de guerra” con que las Farc suponen estar haciendo política.
“Perdónenme si digo incoherencias —dijo Lizcano en su primera declaración, en la base aérea Marco Fidel Suárez—, pero llevo ocho años sin hablar. Los guerrilleros que me cuidaban no me dejaban”. Contra el tedio, la soledad y el daño psicológico, Lizcano optó por dictarles clases a unas ramas que hacían las veces de alumnos imaginarios. La imagen no puede ser más patética. Las Farc, como se ha repetido hasta la saciedad, han perdido por completo el rumbo político de sus acciones. Su degradación moral es proporcional al innecesario sufrimiento que ocasionan.
El aparente dilema que surge de una sociedad tan polarizada como la nuestra, en el que algunos critican las razones que llevan a que el secuestro, principalmente practicado por las guerrillas, se erija como un delito que recibe más atención que crímenes igualmente dolorosos, como las masacres perpetradas por los grupos de paramilitares, y otros optan por obviar la dura realidad de los desplazados, a quienes se califica de migrantes, no es más que un absurdo deseo de extender a las víctimas las ya dañinas diferencias que imponen los victimarios.
Cada vez que un secuestrado escapa o es liberado, y con sus palabras describe las condiciones en las que su humanidad es reducida a su mínima expresión, pierde sentido el objetable ejercicio discursivo de comparar entre acciones efectuadas por guerrilleros y paramilitares. Para las víctimas, el dolor no es cuestión de comparaciones.
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