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El fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, dijo que algún funcionario público debió prestarse para la formación del llamado cartel de la contratación y no descartó que se trate de un servidor de la administración distrital.
El jefe del ente acusador señaló que ya se han empezado a tramitar varias diligencias preliminares para esclarecer lo sucedido y, eventualmente, empezar a investigar a los involucrados en la presunta acción delictiva que sean del resorte de la entidad.
Por otra parte, criticó las gestiones adelantadas por algunos jueces con funciones de control de garantía que, a su juicio están otorgando la libertad a personas capturadas en flagrancia sin contar con un sustento jurídico valedero.
El funcionario recreó el caso en el cual fueron puestos en libertad varios ciudadanos que fueron sorprendidos en poder de un cargamento de armas y que había basado su decisión en el hecho de que éstas se encontraran desarmadas, lo que, en concepto del operador jurídico, les hacía perder su condición de armamento.
Admitió, no obstante, que hace falta seguir trabajando en materia de formación a los agentes de Policía Judicial que, muchas veces, equivocan los procedimientos de captura y dan al traste con las detenciones de criminales de alta peligrosidad.
Frente a las denuncias elevadas por la prensa ecuatoriana en torno a una supuesta persecución en contra de altos dignatarios de la institucionalidad del vecino país, señaló que no hay la menor evidencia física allegada a la Fiscalía que demuestre que funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, estén involucrados en las interceptaciones telefónicas.
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