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Al término de una reunión entre el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera , la cúpula militar y el representante de la ONU, Cristian Salazar se acordaron los elementos básicos que debe tener el modelo de seguridad para blindar el proceso de restitución de tierras, amenazados por los grupos armados ilegales.
Este encuentro hace parte de un primer acercamiento para socializar las necesidades que tanto el Gobierno, como las organizaciones de Derechos Humanos han detectado en la población expuesta a las presiones de los violentos.
“Esta política de restitución beneficia a las víctimas del conflicto, pero son las organizaciones sociales las que ponen la cara a nivel local, son ellos los que ponen los muertos, son ellos los amenazados, son ellos los que conocen los problemas y el Estado debería tener una forma como apoyarlos y así también enviar una señal de que estas organizaciones son legitimas y que trabajan a favor de las comunidades más vulnerables”, dijo Salazar.
Entre los puntos que se establecieron para proteger el proceso se planteó la necesidad de realizar un análisis de riesgo local, en el que intervengan los agentes estatales y la sociedad, para establecer mecanismos de protección para los beneficiarios del programa y para todos los funcionarios que intervienen en el mismo.
Salazar señaló que es importante que la Fiscalía diseñe un dispositivo de intervención rápida de judicialización de los actores armados que ya se tienen detectados, para hacerle frente a posibles casos de impunidad.
“El Gobierno debería considerar un pequeño fondo de apoyo a las organizaciones de víctimas en el país, que básicamente no trabajan con nada y hacen muchísimo por las víctimas del conflicto”, puntualizó el representante de la Onu en Colombia.
El funcionario del organismo internacional señaló que el modelo de seguridad debe aplicarse con mayor énfasis en la región del Urabá, Sur del Bolívar, Montes de María y Sucre; donde se han incrementado las amenazas y los homicidios.
Finalmente, manifestó que se tomarán medidas de comunicación local para que la población en general conozca de qué se trata la restitución y puedan acceder a sus beneficios.