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Por presunto conflicto de intereses, cinco de las magistrados de la Corte Suprema de Justicia se declararon impedidos para conocer de la indagación preliminar que enfrenta el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ante el alto tribunal, por su actuación en el abordaje del proceso de la Yidispolítica.
Se trata de Alfredo Gómez Quintero, Jorge Luis Quintero Milanés, Ruth Marina Díaz, Yesid Ramírez Bastidas y José Leonidas Bustos, quienes alegaron mantener cercanía con algunos funcionarios del Ministerio Público.
El proceso previo obedece a una queja disciplinaria interpuesta por el representante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas Talero, quien reseñó supuestas irregularidades de parte Ordóñez Maldonado en el curso de la investigación disciplinaria que se adelnató dentro del organismo de control.
Al parecer, el jefe del organismo modificó los detalles más trascendentes del borrador de una providencia redactada por el saliente procurador Edgardo Maya, que era condenatoria, y terminó absolviendo a los funcionarios del Ejecutivo que eran investigados, dejando de lado varios de los elementos probatorios aportados al proceso.
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