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La expropiación es una figura legal que usan las administraciones como último recurso para garantizar el desarrollo de una obra o proyecto de interés general cuando se complica la gestión predial (un particular no quiere vender, por ejemplo).
Esta herramienta (calificada en ocasiones como injusta por quienes terminan despojados, pero necesaria a ojos del progreso) ha servido para que en Bogotá avancen varias iniciativas. Pero su aplicación no deja de ser un desafío, como lo demuestran dos casos en curso en la capital.
En Ciudad Bolívar, por ejemplo, un predio llamado Servillantas 68, en el sector conocido como El Espino I, es epicentro de un programa de titulación masiva. Allí la Caja de la Vivienda Popular (CVP) proyecta convertir en dueños a sus ocupantes, que por años vivieron al margen del registro. En este caso la expropiación servirá para formalizar lo que empezó como una invasión. Otro panorama es el que se vive a 25 kilómetros de distancia, entre las calles 106 y 110, y las carreras 7 y 9, donde las dinámicas de una posible expropiación se tiñen de otro color.
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Allí pretenden desarrollar la actuación estratégica (AE) Teleport–Santafé, que abarca 22,5 hectáreas en el corazón financiero de Usaquén. Como las 28 actuaciones estratégicas (AE), que incluyó la administración en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), su objetivo es revitalizar el espacio público, diversificar el usos de suelos, aumentar la oferta de vivienda y mejorar la movilidad.
No obstante, al ser un instrumento urbano nuevo ha despertado el recelo de los moradores y propietarios de los predios en su área de influencia. Así como ocurre con AE Distrito Aeroportuario en Fontibón (única en curso), rondan temores de expropiación y desalojo.
Ambos casos ilustran de forma detallada y precisa las complicaciones inherentes de gestionar el suelo en Bogotá. Aun cuando la bandera de la ciudad es la renovación urbana (usada como imagen en el evento internacional del Día Mundial de las Ciudades), la realidad en las calles es todavía complicada y funge, casi siempre, como el desafío principal para los promotores de una nueva Bogotá, con justicia territorial y vivienda digna para sus habitantes.
El Espino I: expropiación para la vivienda
Caminar por El Espino, en Ciudad Bolívar, es sentir el polvo humilde del progreso. Las casas se levantan sin licencias, pero con esperanza. Por años el suelo de este sector periférico ha crecido entre las limitaciones de quienes, por motivos económicos y de desplazamiento forzado, no tuvieron la oportunidad siquiera de soñar con un crédito hipotecario. La necesidad de un techo en esta ciudad los empujó a ocupar un suelo alejado de las lógicas comerciales y a construir asentamientos informales y calles improvisadas, que paulatinamente dieron forma a una red comunitaria donde viven casi 5.000 personas.
En este lugar se pondrá a prueba un decreto, todavía en formulación y recién publicado en la plataforma jurídica del Distrito para comentarios, mediante el cual se aplicará “la función social de la propiedad”, como primer paso para la regularización del territorio. El proceso, en palabras de la CVP, “no busca desalojos, sino formalización”. Los propietarios de predios invadidos reciben una compensación del 10 % del valor comercial, mientras los ocupantes obtienen el título de dueños. Es poco habitual: una expropiación con enfoque social que no quita, sino que entrega.
“Nos dijeron que, esta vez sí, vamos a tener papeles a nombre propio”, cuenta María Lucía Mora, residente del sector El Espino. “Llevo aquí 15 años, pago servicios, impuestos y por fin voy a tener escritura. No entiendo mucho de expropiación, pero para nosotros nos suena a bendición”. La afirmación parece irónica si se compara con la reacción que suscita esta herramienta en otras esferas de la ciudad y del debate público. Bajo esta misma línea, la CVP respondió a El Espectador que el propósito de esta iniciativa distrital se da en el marco de su programa “Título en mano”, mediante el cual se proyecta la formalización de los bienes inmuebles ocupados, lo que permitirá mejorar las condiciones del entorno y reducir la vulnerabilidad de la población asentada en el predio Servillantas 68.
El programa de titulación masiva de la Caja de la Vivienda Popular, dice la entidad, no genera afectaciones a los propietarios o arrendatarios. Por el contrario, la entidad promovió la participación de propietarios de predios de mayor extensión, ocupados ilegalmente, y con construcciones habitacionales de más de 10 años, para que en el marco de la Ley 2044 de 2020 fueran objeto de adquisición dentro del programa de titulación masiva.
La otra orilla: Santa Ana Occidental
“Nos quieren declarar zona de renovación, cuando el barrio está perfectamente consolidado”, dice Hugo Camero, arquitecto y residente histórico. “Por un decreto de papel no se puede decir que aquí hay deterioro. Eso es un uso indebido del artículo 58 de la Ley 388”. Su lucha, que empezó hace 15 años como especialista en suelo, pero ante todo como residente, proyecta la otra dimensión de los efectos que produce la palabra expropiación.
Mientras en Ciudad Bolívar el Decreto 512 transformó la palabra “expropiación” en esperanza, en Usaquén, en el mismo marco jurídico, se traduce en miedo patrimonial. Camero recuerda que la idea no es nueva. Se remonta a la administración de Enrique Peñalosa, que buscó declarar el área de Santa Ana Occidental como zona de renovación urbana. El concepto no prosperó, pero quedó flotando y, con el tiempo, reapareció en el POT bajo la figura de actuación estratégica (AE). Dichas piezas de ciudad buscan la revitalización y renovación profunda de 28 zonas de la ciudad con potencial comercial y urbano considerable para darle forma a la Bogotá del futuro. Para el caso de Santa Ana, los predios desde los cuales hace el reclamo Cameo fueron incluidos en la AE Teleport Santafé.
RenoBo responde: “No hay expropiaciones en curso”
Pese a las inquietudes del denunciante, que recuerdan las que han planteado los residentes de la AE Distrito Aeroportuario, la empresa de Renovación Urbana de Bogotá (RenoBo) niega cualquier atisbo de expropiación. En agosto la entidad respondió oficialmente a un derecho de petición de Camero. En el Oficio S2025003271, la entidad aclaró que no se adelantan procesos de adquisición predial en la AE Teleport y que la actual etapa solo es para definir directrices de lo público.
Sin embargo, hay un antecedente que inquieta. En un oficio de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) de 2019, Camero había recibido otra respuesta: “Cuando un propietario se niega a participar en un proyecto de renovación urbana sí puede ser objeto de expropiación si el plan lo justifica como de utilidad pública”. Ese concepto, dice Camero —número 2-2019-13714— sigue vigente y constituye el soporte legal que permite al Distrito actuar si así lo decide. La diferencia hoy es que RenoBo afirma no estar aplicando esa figura, al menos en Teleport. Pero el antecedente es suficiente para mantener en alerta a la comunidad.
El Espectador consultó a la Secretaría de Planeación sobre el proceso de esta AE, y esta respondió que se encontraban en la segunda etapa del proceso, correspondiente a las “Directrices para la definición de lo público”, cuyo alcance abarca tres aspectos: 1. Requisitos programáticos en materia de equipamientos, servicios públicos, espacio público, tamaños de vivienda, necesidades de vivienda de interés social y prioritaria. 2. Las directrices de diseño urbano, para la definición de la estructura funcional y del cuidado. 3. la identificación de las cargas urbanísticas generales por considerar en la formulación de la actuación estratégica, cuando aplique”.
En este sentido, la entidad distrital aclaró que, en el marco de las actuaciones estratégicas, no es del alcance del instrumento de planeación definir cualquier tipo de acción relacionada con la expropiación por vía administrativa, toda vez que la norma mencionada es de orden nacional. Finalmente, defienden que las acciones en el lugar han sido socializadas hasta una veintena de veces, a través de espacios de participación y cocreación con los residentes de la zona. Esto para reforzar que ha estado dispuesta a aclarar cualquier duda o temor de los residentes, frente al alcance del proyecto de renovación. Cameo, por lo pronto, dice que seguirá su lucha.
La ciudad que formaliza en el sur y reorganiza en el norte es la misma que busca equilibrio, pero todavía no lo encuentra. Cuando el suelo habla —y lo hace con fuerza— recuerda que no hay territorio neutro: toda hectárea lleva detrás una historia, una promesa y, casi siempre, una pelea por darse.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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