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Durante la visita oficial que la Procuraduría General de la Nación realizó a los departamentos de Bolívar y Atlántico, unos de los más afectados por la ola invernal, se evidenció la crítica situación en la que se encuentran actualmente los damnificados, cuando ya han transcurrido varias semanas desde que inició el drama por esta emergencia.
El Ministerio Público pudo establecer que muchos damnificados han sobrevivido hasta el momento en “cambuches” a la orilla de las carreteras en condiciones inhóspitas, sin acceso a ninguna fuente de agua potable ni servicios sanitarios, bajo fuertes y constantes cambios de temperatura, dice el comunicado de la Procuraduría.
Durante el sobrevuelo por las zonas aún anegadas, se evidenció que varios damnificados han construido refugios en condiciones aún más críticas. A través de la Comisión Especial creada al interior de la Procuraduría para ejercer un acompañamiento de carácter preventivo a la gestión pública frente a la emergencia invernal, se han dado instrucciones expresas a los procuradores judiciales, tanto de familia como ambientales y agrarios, para que en sus regiones verifiquen las acciones que se adelantan, particularmente en materia de atención humanitaria a los damnificados.
Varios de los damnificados que se entrevistaron con la delegación de la Procuraduría, encabezada por Martha Isabel Castañeda Curvelo, Viceprocuradora General de la Nación, denunciaron que aún no han recibido ayuda humanitaria, ni siquiera en materia de alimentación. Indica el informe que en el municipio de Calamar (Atlántico), por ejemplo, sólo el día anterior a la visita se habilitó un albergue temporal.
Dada esta situación, que además se pudo evidenciar de primera mano por parte de los funcionarios que visitaron la zona, la Procuraduría hace un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que se agilice la gestión para llevar oportunamente las ayudas a los damnificados, habilitar los albergues temporales e iniciar las labores de rehabilitación, dice el informe de la Procuraduría.
De otra parte y como quiera que la Gerencia del Fondo de Calamidades sólo se creó el pasado 21 de diciembre de 2010, se hace necesario indagar cuáles fueron las tareas y actividades desarrolladas por la Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres, entidad que para la época en que inició el desastre por la ola invernal ha debido liderar la fase de emergencia – atención humanitaria.
Con la asistencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, de Bolívar, Alberto Bernal Jiménez, y de varios alcaldes de municipios afectados en la región Caribe por la ola invernal, se llevó a cabo una reunión en el municipio de Calamar, en la cual la Procuraduría expresó su solidaridad con los damnificados, e instó a las autoridades de la región para que de manera prioritaria emprendan las acciones que, a la luz de la declaratoria de emergencia, tienen bajo su competencia para atender a los damnificados y reconstruir las zonas afectadas.
Tanto los delegados de la Procuraduría General de la Nación como de la Contraloría General de la República, advirtieron a los mandatarios locales que ejercerán un dedicado control a su gestión en esta materia.
Uno de los municipios más afectados en el sur del Atlántico es Campo de la Cruz, que quedó totalmente inundado por la ruptura del Canal del Dique. Su alcalde, Carlos Gutiérrez Cote no ha asumido ninguna de las gestiones en relación con la atención de los damnificados, razón por la cual la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra.
A través de la línea gratuita nacional 01 8000 91 0315 y el correo electrónico emergenciainvernal@procuraduria.gov.co, los ciudadanos y organismos locales de control pueden denunciar cualquier acto de corrupción o negligencia en el manejo de los recursos que se han destinado para atender a los damnificados de la ola invernal.