“Donde meto la espada no la saco”

Más vehemente que siempre, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado recibió el jueves pasado en su despacho a El Espectador. Y aunque intentó ser prudente, en más de una ocasión se liberó de esas ataduras y habló duro. Criticó la tutela que devolvió a su cargo al gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, a quien el Ministerio Público había destituido por participación en política. Hizo lo propio con un fallo parecido que favoreció al controvertido ex congresista antioqueño César Pérez García, advirtió que dichas decisiones deslegitiman el Estado, confunden a la sociedad y desacreditan la justicia, y no dudó en afirmar que urge regular los alcances de la tutela. También se despachó sobre el polémico proceso de adjudicación del tercer canal que, como va, tiene un ganador cantado. Así le respondió Ordóñez a este diario:

Procurador, ¿puede la sociedad confiar en la “majestad” de la justicia cuando una tutela del Consejo de la Judicatura reversa la destitución contra el Gobernador del Valle por participación en política?

Yo confío en que el Consejo Superior de la Judicatura revoque la decisión del Consejo Seccional del Valle, pero es indudable que este tipo de decisiones suscitan incredulidad y dudas frente a nuestra institucionalidad. Hay que estar alerta para evitar que se usen instrumentos jurídicos para lograr que actos como el que sancionó al Gobernador del Valle queden sin el efecto jurídico y sin las consecuencias sancionatorias frente a desbordamientos y abusos expuestos en tal decisión.

¿La Procuraduría probó que el gobernador Juan Carlos Abadía sí participó en política?

Está plasmado en el fallo. Fue un hecho evidente, ampliamente conocido por la opinión pública, en donde (Abadía) no sólo transgredió las prohibiciones señaladas en la ley sino que se constituyó en un caso emblemático de utilización de la función para intervenir en la actividad política. El funcionario público tiene prohibido utilizar el cargo para presionar a funcionarios o subalternos o influir en procesos electorales de carácter político partidista. No obstante existir esa prohibición, se habían acostumbrado los funcionarios públicos a participar en política y el control disciplinario llegaba tardíamente o no llega ba.

Cuando se adoptó la medida cautelar de suspender el fallo mientras se surtía la tutela, usted calificó el hecho como “aberrante”. Ahora que se reversó la destitución, ¿con qué adjetivo la califica?

Antes que adjetivar, creo que esta es una decisión que contradice abiertamente la Constitución, la ley y los precedentes judiciales. Esta es una decisión que al desconocer el ordenamiento jurídico se constituye en una auténtica vía de hecho. Yo espero que el Consejo Superior de la Judicatura revoque la decisión del Consejo del Valle.

En su criterio, ¿los magistrados del Valle prevaricaron?

No me aventuro ni me corresponde hacer ese juicio en los escenarios periodísticos, eso tendrá que ser valorado en otras instancias y por otras autoridades, pero hay unos claros desbordamientos, que desconocieron el ordenamiento jurídico y los precedentes judiciales.

¿Qué está haciendo la Procuraduría para evitar que se burle su fallo?

Hemos apelado la tutela. Si el Consejo Superior de la Judicatura la confirma, acudiré ante la Corte Constitucional para pedirle que, con fundamento en sus propios precedentes y decisiones, revoque la decisión. Voy a utilizar todos los instrumentos jurídicos y tengo la certeza de que al final saldrá triunfante nuestra institucionalidad. Pero, desde luego, el sabor amargo que nos queda, no sólo a la Procuraduría sino a la sociedad en general, es que se están instrumentalizando las instituciones jurídicas con una finalidad para la cual no fueron creadas. Cuando eso ocurre se deslegitima el Estado y se crea incredulidad. Gran parte de la indiferencia que tiene la opinión pública en los procesos electorales es la impresión de que la institucionalidad en cualquier de sus funciones  se utiliza contra los intereses generales y el bien común y eso espanta al ciudadano. Hoy el gran riesgo de la institucionalidad es la cooptación que ella está sufriendo por determinados sectores para lograr que desde la institucionalidad se diseñen las políticas públicas, se tomen decisiones judiciales o se elaboren instrumentos legales para ponerlos al servicio de intereses que resulten afectando el bien común.

Es decir, ¿usted piensa que con estos fallos la gente no le cree a la justicia?

Es un golpe a la credibilidad. Cada decisión injusta o arbitraria es un golpe muy duro frente a la credibilidad de la justicia, del Estado. Lo mismo ocurre cuando se cometen actos de corrupción o desbordamientos: resulta afectada la credibilidad en el Estado. Son jirones de institucionalidad que quedan sacrificados.

Eso desde su orilla, porque para los seguidores de Juan Carlos Abadía sí se hizo justicia…

Hay unas realidades jurídicas que son inobjetables. Este no es un problema político o de naturaleza diferente a su carácter probatorio, jurídico y constitucional. Aquí se ponen en entredicho muchas cosas. Lo que está en juego aquí son precisamente todos esos valores y principios que generan credibilidad y que al ser desconocidos derivan en una crisis que deslegitima al Estado mismo.

En ese orden de ideas, ¿quién actuó peor, el Consejo Seccional de la Judicatura otorgando una tutela que tiene un tufillo más político que jurídico, o el Gobernador que, en su criterio, convocó a una reunión política con alcaldes para apoyar la candidatura de Andrés Felipe Arias?

Son actuaciones de diversa naturaleza. El Gobernador desconoció unas prohibiciones, actuó incurriendo en unas incompatibilidades; y el Consejo Seccional de la Judicatura abusó de las funciones, desbordó las competencias que tiene y contradijo el ordenamiento jurídico.

No me conteste como Procurador sino como ciudadano. ¿Se siente burlado?

No yo, la justicia, la sociedad. Lo de menos sería una burla a un particular, aquí se está burlando a la justicia, el interés general y a la misma institucionalidad.

La procuradora María Eugenia Carreño, quien adelantó el proceso contra el gobernador Abadía, dijo que “el Consejo de la Judicatura parece un sitio de refugio para destituidos y sancionados”, en clara alusión a que desde esa trinchera se estarían favoreciendo intereses políticos. Es de suponer que semejante comentario tenía la venia suya.

Estoy a la espera del pronunciamiento de la segunda instancia. Debo esperar el pronunciamiento de la segunda instancia. Tengo expectativas y esperanzas de que el Consejo Superior de la Judicatura revoque esa tutela.

La doctora Carreño denunció que el Consejo Seccional de la Judicatura que le otorgó la tutela a Abadía se rehusó a hacerle inspección al expediente que fundamentó la destitución de la Procuraduría. ¿Eso es cierto?

Sí. Varias cosas generaron la preocupación de la Procuraduría: que la tutela se presentó el 29 de mayo y se admitió el 10 de junio con un auto lacónico; pero, ¿cuál fue la razón para que el Consejo de la Judicatura profiriera la decisión? Que supuestamente se presentaba un perjuicio irremediable. ¿Cuál? Que el Presidente no había nombrado gobernador encargado. Por eso profirió esa medida cautelar. Pero resulta que dos días antes el Presidente ya había nombrado gobernador. Entonces la razón que se adujo para tomar esa decisión no existía. Otro ingrediente, incluso más preocupante, es que ella (la magistrada ponente) no conocía el expediente. Ella decretó una inspección judicial que nunca ejecutó y aún así falló la tutela. ¿Cómo toma una decisión sin conocer el proceso?

¿Cree que esa tutela tiene unos fines políticos, por aquello de los tiempos para convocar a elecciones en el Valle?

No sé si será la intención, pero las consecuencias sí son esas.

Si antes del 30 de junio no se ha resuelto la dichosa tutela en segunda instancia, no se pueden convocar elecciones y el gobernador del Valle saldría de una terna del grupo político de Abadía. Muchos dicen que él seguiría gobernando tras bambalinas. ¿Usted le pedirá al Consejo Superior de la Judicatura que produzca el fallo antes de esa fecha?

Es lo que voy a solicitar. Aspiro a que el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta las consecuencias de ese género de decisiones, la tome dentro de los términos que aquí se están señalando.

La presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, Julia Emma Garzón, dijo que por las duras palabras de la doctora Carreño iba a pedir que fuera investigada.

Prefiero no hablar de ese tema.

¿Debería cerrarse el Consejo de la Judicatura?

Ahí hay toda una discusión que siempre ha estado latente y estas decisiones vendrían a servir de combustible para volver a poner sobre la mesa las discusiones sobre el Consejo de la Judicatura.

¿Cuál es el gran traumatismo para el Estado y la administración de justicia si se clausura el Consejo de la Judicatura?

Yo no ingreso en esa discusión en este momento. Eso sería materia de una modificación constitucional y sería algo que progresivamente se iría planteando, sobre la necesidad, cada vez más evidente, de que urgen muchas modificaciones a la justicia. Pero no voy a adelantarme, cada día trae su afán. El nuevo gobierno tendrá que incursionar en estos temas tan álgidos.

El caso del gobernador Abadía no es único. Esta semana el Consejo Superior de la Judicatura revocó la destitución e inhabilidad por 15 años que le impuso la Procuraduría al ex congresista y ex diputado César Pérez García.

Lo que se está poniendo en tela de juicio es la potestad sancionatoria y disciplinaria del Estado, porque a estas decisiones nuestro ordenamiento jurídico les ha concedido la necesaria estabilidad y permanencia. Las posibilidades de acudir a la tutela son muy restrictivas y lo que aquí se está desconociendo son esas restricciones para poner en tela de juicio la permanencia de esas sanciones disciplinarias.

Si uno titulara: “Procuraduría cree que en el Consejo de la Judicatura se toman decisiones políticas”, ¿lo estamos interpretando bien?

Por lo menos algunas decisiones suscitan muchas suspicacias.

En el caso de César Pérez, ¿también va a acudir a la Corte Constitucional?

Desde luego, porque las críticas jurídicas que se le han hecho a la decisión que favoreció al Gobernador del Valle son igualmente aplicables en la decisión sobre el doctor César Pérez García.

¿El origen político en la conformación del Consejo de la Judicatura (los magistrados son escogidos por el Congreso de terna enviada por el Presidente) no provoca muchas suspicacias?

El origen del órgano puede, eventualmente, permear las decisiones y ésa es precisamente una de las críticas que se le ha venido haciendo.

¿Cree que ante decisiones tan controvertidas como ésta se debe regular la tutela?

Siempre lo he creído. Es uno de los temas para la reforma de la justicia.

¿Le quieren quitar dientes a la Procuraduría?

Lo intentan, pero yo debo advertirles algo: los procedimientos judiciales no han terminado. ¿En dónde terminan? En el órgano de cierre que es la Corte Constitucional. Las actuaciones judiciales no se han finiquitado, pero si alguien está pretendiendo ello está arando en el mar, sólo me permito recordarle que la Procuraduría General de la Nación está cumpliendo este año 180 años de existencia. Pierden el tiempo.

Hablemos del tercer canal. ¿Por qué si la Procuraduría había presentado serias objeciones al proceso, ahora modificó su criterio y le dio el aval?

No modificó el criterio, están muy equivocados. La Procuraduría manifestó sus observaciones en el primer proceso, que fue revocado por solicitud nuestra. Una de las razones para hacerlo fue que existiera pluralidad de oferentes. Las observaciones que se hicieron respecto al primer proceso fueron tenidas en cuenta por la Comisión Nacional de Televisión en los nuevos pliegos. Hay que distinguir entre la pluralidad de proponentes y de oferentes, no se puede confundir. Si en este proceso intervienen una pluralidad de oferentes pero al final queda solamente un proponente, ello no está agraviando el ordenamiento jurídico y no hay contradicción.

Pero hay un concepto del Consejo de Estado que dice que debe haber más de un proponente para que se haga la subasta.

Respeto profundamente al Consejo de Estado, es mi casa paterna, simplemente no comparto el concepto, la exigencia es la pluralidad de oferentes. Y si se garantiza eso, como se garantizó aquí, no se está agraviando el proceso. Si al final sólo hay un proponente, no se afecta. Es un sofisma que han utilizado.

Pero los demás oferentes renunciaron por falta de garantías en el proceso del tercer canal. ¿En su concepto esta licitación ha sido transparente?

Yo quiero que quede claro: no existe contradicción ni cambio en el concepto de la Procuraduría. Hemos sido consistentes. La primera etapa terminó en febrero cuando pedimos que se revocara porque consideramos que no había garantías. Pero en esta nueva etapa vemos que sí las hay. El concepto del Consejo de Estado dice otra cosa, bueno, muy respetable, pero esos conceptos no son vinculantes.

¿Si hay un sólo proponente, en este caso Planeta, cómo se hace una subasta? Se necesitan dos, como mínimo, para que haya una puja, ¿no?

Para garantizar la protección del patrimonio público la Procuraduría logró que en los casos donde quedara un solo proponente se reajustara el precio en un 10%. En el proceso anterior la adjudicación del canal estaba en $70 mil millones; hoy está en $103 mil millones. Y si hay un solo proponente el precio se sube 10% más. Nosotros pedimos que se incluyera este aspecto para preservar el patrimonio público.

¿El Procurador está tranquilo con un proceso que tantas suspicacias ha despertado en la opinión pública?

Nosotros intervenimos en ejercicio de nuestra función preventiva, para garantizar la legalidad del proceso y hasta hoy se han cumplido las normas.

¿Le pediría a las empresas que se retiraron del proceso, Prisa y Cisneros, que lo reconsideren?

No, yo no pido nada. A mí lo que me interesa es que dentro de las funciones de acompañamiento y en ejercicio de mis funciones como garante y defensor del ordenamiento jurídico, se dé un marco legal que respete la Constitución y la ley. Los problemas de conveniencias no le corresponden a la Procuraduría. En el primer proceso se le dijo a la CNTV que considerábamos que la forma de adjudicación debía ser la subasta y no estuvimos de acuerdo en el tema de riesgos ni en el precio base. Al no hacernos caso consideramos que debían revocar el proceso. Se hizo, se reinició, nosotros intervinimos. ¿Por qué se dice que cambiamos de posición? Una de nuestras dudas en el primer proceso era que no se garantizaba la pluralidad de oferentes. Hoy consideramos que se garantiza, lo que se exige es que pluralidad de oferentes, no de proponentes. Quien cumpliera con los requisitos podía acceder.

¿Qué estrategias tiene su despacho para ponerle coto a la corrupción desbordada del país?

Combatirla sin tregua, utilizando no solamente los instrumentos de la legalidad, como lo he venido haciendo, escogiendo casos paradigmáticos de ella, actuando prontamente, desde luego respetando el debido proceso y el derecho de defensa, procurando tomar decisiones cualquiera que ellas sean durante el periodo de los funcionarios. Tengo toda la voluntad política para hacerlo, lo estoy haciendo. Donde meto la espada difícilmente la saco.