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Desde 1953 he conocido normas para garantizar pronta y cumplida justicia. En 1991 escuché: “Bienvenidos al futuro en un Estado social de Derecho”.
Hoy el panorama es desolador. Recorrí despachos de base en los que se administra justicia y en resumen encontré lo siguiente: Los colombianos somos indisciplinados. Confundimos libertinaje con libertad. No aceptamos reglas. Se justifica el asesinato de personas indefensas. A los niños los entrenamos para el plagio con el copia y pegue, estimulamos la progenitura irresponsable y las licoreras del Estado promueven el consumo de licor. Nadie cumple reglas de tránsito. Por las calles bombardeadas se desplazan salvajes al volante y la indecencia del “tumbe – tumbe” acecha como fieras en celo. La corrupción se agiganta. Hay quejas por maltrato y arbitrariedad en el ICBF, que debe ser ejemplo de paz en la familia y de cordialidad. En las comisarías de familia no hay unidad de trámites y no saben de violencias económica y psicológica. Hay juzgados civiles municipales con 3.500 procesos activos cuya terminación demanda 6 o 7 años. En los de ejecución los procesos tardan meses en ser aceptados para su conocimiento. Se crearon juzgados de oralidad sin salas para hacer audiencias. Y a los de descongestión, que son temporales, les han enviado mil procesos a cada uno y muchos de ellos demandan años para leerlos. Y en ese ir y venir se han perdido varios expedientes. Hay jueces que para adelantar trabajo se enconchan en sus despachos con sus auxiliares sábados y domingos. Y hay procesos con iguales pretensiones pero con diferente trámite, porque no hay unidad de conocimientos en lo que pudiera llamarse lo fundamental de administrar justicia. Y el juez tiene que capotear a la Fiscalía, las seccionales del C.S.J., los abogados que fabrican testigos y son expertos en metamorfosis probatoria y al usuario que, desesperado por la demora en el trámite, insulta y maltrata. Y las fiscalías locales rogando a la Policía Judicial que inicie el metodológico sin que la víctima pueda ayudar porque le está vedado intervenir en esa etapa. Y cientos de jueces que exponen sus necesidades a la seccional del C.S.J. y luego de horas el delegado de la Administrativa sugiere que tengan paciencia, porque las soluciones demandan mucho estudio y dinero. Sin embargo, hay despachos que han logrado encontrar fórmulas para dar pronta y cumplida justicia y no los imitan, ni los estimulan. Y a este maremágnum hay que sumarle 50 o 60 mil tutelas al mes, muchas temerarias o tutelatones ilegales frente a los cuales hay temor para frenarlos. ¿Las reformas que estudia el Congreso y el Tribunal de Aforados darán alguna solución a esta angustiosa realidad de la administración de justicia?Abogado Carlos Fradique-Méndez. Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.