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Joaquín José Vives, ponente de la investigación que adelantaba el Consejo Nacional Electoral, CNE, frente al trámite administrativo del referendo reeleccionista, desestimó las denuncias que públicamente han recibido los conjueces que decidieron anular el proceso de recolección de las firmas que permitieron presentar la iniciativa ante el legislativo.
Dijo que no es cierto que haya alguna restricción constitucional o de Ley que impida que tales funcionarios puedan tomar una decisión como la del miércoles pasado, en la que además se incluyó una apertura de cargos en contra de los promotores del proyecto.
También rechazó las versiones de quienes insisten que CNE diseñó la normatividad en torno al tema de una manera amañada y oportunista, con el único fin de poner veto al referendo, por encima de las facultades de las que le permite hacer uso la constitución.
Mientras tanto, el abogado Juan Carlos Mocada, dijo al término de una cumbre uribista efectuada al norte de Bogotá que, si bien el organismo actuó con absoluta competencia, no tenía facultades legales para invalidar las firmas y menos para abrir pliego de cargos en contra de los promotores del referendo.
Para el jurista, el CNE podía, como máximo, emitir una sanción de tipo pecuniario en contra de quienes violaron los topes de financiación.
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