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Arriesgando la vida por la paz es una informe difundido hace menos de una semana por la confederación Internacional Oxfam. Este documento dedica 72 páginas a «visibilizar la ardua labor que cada día hacen las defensoras de derechos agrarios, territoriales y medioambientales» a nivel nacional. Esto con el fin de prevenir los ataques de violencia contra ellas y proteger sus vidas en Colombia, considerado el tercer país más peligroso del mundo para estas líderes. (Lea: Vaticano propone reforestar 50 hectáreas amazónicas para mitigar emisiones del Sínodo)
Tanto así que, según la organización Front Line Defenders, el 80 % de los asesinatos a activistas registrados el año pasado sucedieron en Colombia, Brásil, México y Filipinas. El problema es que las cifras nacionales continúan en aumento. Para el primer trimestre de este año, se han presentado 25 asesinatos, un 66 % más en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2018. Esto significa que, en promedio, cada dos semanas más de una lideresa es asesinada.
El problema es que «la violencia contra lideresas y líderes tiene una naturaleza repetitiva, invariable y continúa, y no responde a una casuística accidental o aleatoria. Las víctimas son selectivas (lo que se demuestra porque más del 50% de las personas fueron atacadas o asesinadas en sus casas), se busca aquellas víctimas con menor protección (todas ellas llevaban a cabo su labor a nivel territorial con poca visibilidad nacional) y la gran mayoría se caracteriza por ir en 30 contra del poder hegemónico (grupos ilegales o grupos económicos con intereses en el territorio)». Así lo denuncia el informe, escrito por Paula San Pedro.
Teniendo en cuenta ese panorama, el Gobierno no ha hecho mucho, sugieren. De hecho, las medidas asumidas por el presidente Iván Duque «son más cosméticas que avances reales». Ninguna garantiza la protección de los defensores y las defensoras en su entorno y comunidades. «Por último, el Gobierno está dando la espalda a la participación de las organizaciones sociales«, sostiene el documento titulado, también, Defensoras de derechos agrarios, territoriales y medioambientales en Colombia.
Las recomendaciones van más allá. Primero, para el mandatario actual, las sugerencias van desde consolidar la presencia del Estado en las zonas rurales, las más golpeadas por el conflicto, hasta implementar los puntos del Acuerdo firmado con las Farc, reiniciar las negociaciones con el ELN, evitar la criminalización, entre otros. Segundo, para la Unión Europea, pidiéndole establecer un diálogo con Colombia, monitorear las políticas del Gobierno, etc. Y, por último, al gobierno de España y a la ciudadanía y opinión pública, también le recomiendan hacer presencia dentro de la coyuntura, generar presión al Estado y movilizar a la sociedad para generar conciencia y solidaridad con las y los líderes que protegen nuestros recursos naturales con su vida.
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