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No son siete ni doce. Son quince los menores de edad que han muerto hasta ahora en los bombardeos a grupos al margen de la ley ordenados por el presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó en la noche del 17 de noviembre el doctor Ariel Cortés Martínez, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, en medio de la oleada de críticas, cuestionamientos e investigaciones que destapó el operativo de alto impacto adelantado hace solo una semana contra las disidencias de alias “Iván Mordisco” en el departamento de Guaviare.
La polémica que se desató el fin de semana pasado por cuenta de la muerte de siete menores de edad como producto de ese ataque aéreo a las disidencias en el municipio de Calamar, tiene a la Casa de Nariño dando explicaciones sobre la política de seguridad del presidente Petro. Siendo congresista, el hoy mandatario rechazó tajantemente los bombardeos de los años 2019 y 2021 ordenados por el entonces presidente, Iván Duque, cuyo ministro de Defensa, Diego Molano, dijo públicamente que los menores de edad muertos en esos hechos eran “máquinas de guerra”.
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Ahora es él, Petro, quien intenta justificar las razones por las que ha autorizado al menos cuatro bombardeos contra las disidencias de las Farc en los que se ha confirmado la muerte de menores de edad. Órdenes que tienen ahora a su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a la espera de una citación a moción de censura en el Congreso de la República, y a los funcionarios relacionados con la operación militar, bajo la lupa de la Justicia Penal Militar y Policial y de la Procuraduría General de la Nación que anunciaron las investigaciones y sanciones del caso.
Pero ha sido la defensora del Pueblo, Iris Marín, la que más ha encarado al presidente Petro por su orden de bombardear en sitios en los que, de entrada, el Estado ya tenía conocimiento de la posible presencia de menores de edad. “Suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa”, le dijo la funcionaria en uno de sus pronunciamientos recientes.
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El mensaje de rechazo también ha sido directo para todos los grupos al margen de la ley, especialmente para las disidencias de “Iván Mordisco” que, según datos de la propia Defensoría del Pueblo, es el principal responsable del reclutamiento forzado de menores en el país. Solo en 2024, la entidad registró 463 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente por organizaciones al margen de la ley. El llamado Estado Mayor Central de las Disidencias lideraba la lista con 170 menores reclutados.
Esas cifras reportadas por la Defensoría también tienen sus matices. De los menores reclutados con engaños o a la fuerza el año pasado, 279 son hombres y 184 son mujeres. Al menos 230 menores reportados como reclutados por grupos ilegales pertenecen a comunidades indígenas y 30 son afrocolombianos. El departamento del Cauca, con 325 casos, tuvo la cifra más alta de todo el país. “A los grupos armados ilegales les exigimos liberar de inmediato y sin condiciones a todos los menores de edad reclutados y suspender esta práctica”, dijo la defensora Marín.
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El argumento de Marín, así como el de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y políticos de oposición que anunciaron la citación del ministro Sánchez a moción de censura, es que este tipo de operaciones representan una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al quebrantar los principios de necesidad militar, precaución, humanidad y prevalencia de los derechos de las niñas y los niños que previenen situaciones como las registradas en Guaviare, Arauca y Amazonas durante el gobierno Petro.
O las que ocurrieron en 2019 y 2021 en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Chocó, durante el gobierno de Iván Duque, y que pusieron también en la cuerda floja, hasta sus salidas, a los exministros de Defensa que estuvieron al frente de esas órdenes: Guillermo Botero y Diego Molano. Al menos 25 menores de edad han muerto en seis bombardeos contra grupos al margen de la ley, durante los últimos dos gobiernos.
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Por Gustavo Montes Arias
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