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Todo estaba listo para que el ministro de Ambiente, Frank Pearl, firmara la resolución con la que el país adoptaría el Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad, una guía en la que se establece cuánto, cómo y dónde pagar el daño ocasionado al medio ambiente tras la ejecución de proyectos mineros, de hidrocarburos o de infraestructura.
Los periodistas habían sido citados a una rueda de prensa en el Gun Club de Bogotá, el jueves en la mañana, en la que se presentaría oficialmente el manual elaborado en conjunto por el Ministerio de Ambiente y tres de las más grandes organizaciones ambientales que trabajan en el país: The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF) y Conservación Internacional (CI).
Se esperaba que, tras la firma del ministro Pearl, el manual se convirtiera inmediatamente en una obligación para todos aquellos empresarios cuyos proyectos generan daños al medio ambiente. Pero, según fuentes cercanas a El Espectador, esa decisión se frenó a última hora debido a las preocupaciones expresadas por una parte del sector empresarial y se acordó extender el tiempo de análisis antes de la firma definitiva.
El manual fue presentado y es público desde ayer, pero el Gobierno optó por posponer la firma de la resolución al menos seis meses más, mientras se llevan a cabo unos proyectos pilotos y se abre la posibilidad de que los usuarios detecten posibles errores.
Si bien en Colombia la legislación ordena compensar el daño ecológico provocado en el desarrollo de cualquier proyecto, hasta ahora no había sido posible tener un modelo claro para determinar ese daño y el costo a pagar.
De acuerdo al nuevo manual, pionero en el mundo, por cada hectárea afectada de cierto valor ecológico se deberá compensar de 2 a 10 hectáreas del mismo valor. Una vez se conozca el impacto de un proyecto, el empresario deberá brindar apoyo financiero para la creación o el fortalecimiento de áreas protegidas y la generación de acuerdos de conservación con propietarios privados, territorios indígenas y afrocolombianos. De esta manera saldaría la deuda ecológica provocada por su proyecto.