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Un nuevo sobrevuelo por las regiones afectadas de los departamentos del Atlántico, Magdalena, Sucre, Bolívar y Córdoba muestra —en medio de un explicable escalofrío— el tamaño de la tragedia: allá abajo sólo quedan a salvo los techos de madera, bahareque y cemento, o las imitaciones de cúpulas de las iglesias cuya feligresía se vio obligada a rezar en los improvisados cambuches o en las zonas que quedaron a salvo del desastre.
Algunos caseríos han resistido los embates de las aguas, pero las casas ya están tomadas por un nivel que sube y sube, mientras hombres y mujeres se desplazan en canoas hacia ninguna parte. La hecatombe es de tal magnitud que se ha recurrido a términos que, con ligeras variaciones, obligan a recordar tiempos no lejanos, pero también temibles: “refundar la región”. En este caso, se intenta la reconstrucción de los pueblos borrados en la geografía, muchos de los cuales fueron fortines políticos de dirigentes a quienes se señala ahora culpables de la calamidad.
La situación en la región Caribe de Colombia se agravó el 30 de noviembre, día en que las aguas del Canal del Dique abrieron un enorme boquete en la carretera Calamar-Santa Lucía y la furia contenida del río Magdalena inundó gran parte del sur del Atlántico, regiones del departamento de Bolívar y amenaza con incursionar en otros municipios ribereños del Magdalena. Este miércoles, por ejemplo, el corregimiento de San Luis en Tenerife (Magdalena) permanecía bajo las aguas mientras sus habitantes corrían hacia la montaña para tratar de refundarlo lejos del rigor de la tragedia.
Desde entonces, las acciones por sofocar la tragedia invernal se han multiplicado en medio de pronunciamientos y visitas presidenciales, promesas de gobernantes locales, visitas de ingenieros hidráulicos estadounidenses, saqueos, especulaciones y cuestionamientos a la clase política de la costa Caribe.
Lo más reciente de la ola invernal en el Caribe fue la visita del presidente Juan Manuel Santos, quien estuvo en Córdoba el viernes anterior (este miércoles estuvo en Gramalote, Norte de Santander) y la de los expertos gringos Wade Ross y Joshua Blevins, cuya experiencia en la tragedia de Nueva Orleans obligó a los representantes de los medios a preguntarles sobre el huracán Katrina y las similitudes con la devastación de centenares de poblaciones de la Costa Atlántica.
La situación en las zonas afectadas es un pequeño infierno, una imagen surrealista de contrastes nunca antes vistos: animales muertos que conforman minúsculas islas en la superficie de las aguas; hombres atravesando las calles inundadas con las bicicletas alzadas por encima de la cabeza; mujeres que lloran la pérdida de los enseres. Y las imágenes se repiten, como escenas cinematográficas, en cada uno de los pueblos afectados del Caribe.
Todo está borrado. Incluso, los posters de políticos, y sus nombres y sus rostros sonrientes por la inminencia de la llegada al Congreso, desaparecieron con la invasión de las aguas. En las paredes de las callejuelas de la población de Plato —donde un hombre se volvió caimán— o en las de extensas zonas de Aracataca, ya no es visible la efigie del gobernador Omar Ricardo Diazgranados.
Las calles de Bohórquez (Atlántico) ahora son ríos a los que los lugareños lanzan sus atarrayas en busca de peces que suplan los alimentos perdidos por las inundaciones.
El sur de ese departamento sepultó también la imagen de Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del departamento, quien había anunciado meses antes que los pueblos bajo su mandato estaban blindados contra las inundaciones. Y en cuanto al caso del gobernador de Bolívar, Alberto Bernal Jiménez, tal vez por otras razones, su imagen ya no está en las poblaciones de Magangué, Achí, San Jacinto, Altos del Rosario y Pinillos, convertidas en pequeñas venecias.
A Diazgranados, Verano y Bernal se les abrió investigación preliminar por parte de la Procuraduría, la cual los acusa de falta de previsión y negligencia ante los organismos de emergencia de una tragedia que, según señalan algunas investigaciones de los entes de control, pudo evitarse o impedir que alcanzara la magnitud de unas inundaciones que hoy mantienen a poblaciones enteras sumidas en las aguas.
En unas elecciones atípicas, Bernal reemplazó a Joaco Berrío, quien el pasado mes de febrero fue destituido e inhabilitado por 18 años mediante una determinación de la Procuraduría General de la Nación, la cual lo halló culpable del mal manejo de la plata de la salud.
Los otros departamentos del Caribe colombiano afectados por el invierno también permiten evocar nombres vinculados a la parapolítica y a las investigaciones por parte de los entes de control. Algunos de ellos, con sanciones ejemplares; y otros, barones de sus respectivos feudos.
El impulso a la creación de una Región Autónoma en el Caribe —de la cual el gobernador Eduardo Verano es uno de sus más entusiastas animadores— se fundamenta en que culpa al Gobierno Central, y no a los políticos regionales, por el atraso y el caos social que impera en la mayoría de los departamentos. Sin embargo, un listado parcial invita a la reflexión y obliga a ligar la tragedia del invierno con el ejercicio de una política cruzada por la corrupción y en la que ni siquiera escapan el robo y el despojo de tierras por parte de gobernantes.
Desde el cordobés Juan Manuel López Crabales y el sucreño Álvaro García hasta el ex gobernador magdalenense Jorge Caballero, más de 30 congresistas de la Región resultaron vinculados en procesos por parapolítica o corrupción. La mayoría mantuvieron las riendas del poder en sus departamentos, mientras las obras hidráulicas, el mantenimiento de represas, la construcción de muros de contención y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes se iba deteriorando gradualmente. Hoy, a raíz del ‘Katrina’ invernal, no se sabe en qué cambuches se encuentran refugiados. ¿Y qué dice Cormagadalena? ¿Qué responden Eduardo Verano de la Rosa y los dirigentes de la política tradicional del Atlántico?
Reforma constitucional pondrá en cintura a las CAR
La evidente responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales en la tragedia que enfrenta el país por cuenta del invierno tiene al equipo jurídico de la Casa de Nariño buscando la forma para intervenir estas entidades. En principio, con base en las facultades que otorga el estado de emergencia económica, social y ecológica se busca la forma de que las CAR en el país tengan un papel más activo para hacerle frente a la crisis actual.
Además, para encontrar una solución de fondo a la politización y los malos manejos en las corporaciones autónomas se exploran dos medidas: la primera es la presentación de un proyecto de ley en el que se reformularán las funciones y el manejo presupuestal de las CAR. Y la segunda, se presentará un proyecto de acto legislativo para modificar la Constitución en el artículo 150, numeral 7, en el cual se contempla la autonomía de estas entidades. La iniciativa busca una intervención de fondo para reorganizarlas y alejarlas de las manos de los politiqueros.