Regiones petroleras, el otro país

Los niveles que tocó la acción de la petrolera esta semana son una muestra evidente de lo que pasa en el sector. Que cayera por debajo de los precios de emisión sólo confirma el problema estructural al que se enfrenta la empresa más importante del país.

En medio del maremágnum de malas noticias la petrolera se sacude. Logró su meta de ahorro de 2015 en agosto y anunció la ampliación a $2,2 billones. Sin embargo, los esfuerzos por enfrentar la coyuntura – reservas de petróleo en EE.UU., desaceleración de la economía china, política de “Market share” en la OPEP- se contraponen con los problemas locales, que implican una intervención y presencia estatal en las regiones.

Según cifras de Ecopetrol, el año pasado se dejaron de producir cerca de once millones de barriles por problemas de entorno, es decir, bloqueos y protestas que obligaron a detener o reducir la operación en los yacimientos. Esto es equivalente casi al 3% de la producción nacional. Aunque no en todos los casos, ni en todos los municipios, en la industria y en la comunidad, se ha cuestionado la injerencia de las juntas de acción comunal.

A pesar de que la función principal de estas organizaciones, según el Ministerio del Interior, es “liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y veredas, materializándose a través de la participación y el quehacer en la vida de las comunidades”, las competencias que asumieron en las zonas de extracción petrolera, como las certificaciones de territorialidad, gracias a las que una persona puede aplicar a una convocatoria para trabajar, en este caso en Ecopetrol, les ha dado un poder de influencia cuestionado por las operadoras y la comunidad.

El caso del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, donde recientemente fue judicializado Juan Francisco López Bautista, quien se desempeñaba como presidente de Asojuntas, es uno de los que particularmente tiene preocupados a las autoridades y a la empresa. De acuerdo con la Policía, hacía parte de una banda dedicada a “amenazar a los contratistas con bloqueos y saboteos si no se realizan los contratos, cobro de dádivas a los nuevos empleados, falsificación de documentación requerida para contratación y transporte de miembros de la comunidad para bloqueos mediante falsas propuestas”.

Y es que allí está el campo Cira Infantas, que produce 40 mil de los cerca de 65 mil barriles diarios que son extraídos en el departamento de Santander. Aún así, el acceso a servicios básicos, de salud y de educación ha tenido un desarrollo limitado. Esa ausencia de Estado le dio razón de ser a estas organizaciones y poder a quienes las lideran.

Uno de los habitantes de la zona, quien pidió no ser citado, aseguró que después de 2007 “comienza a sonar el tema de ‘compro un puesto’ o ‘vendo un puesto’ y se dan unos rangos que dependen del cargo. Están entre $3 millones y $4 millones, otros entre $800.000 y $1’200.000. Otros compraban al por mayor. Se formó un comercio y muchos líderes cayeron en la tentación. Hoy hay unos que están muertos, otros desaparecidos. Empieza un proceso en el que todos quieren ser presidentes de junta”.

Fuentes consultadas por El Espectador manifestaron su desacuerdo por la poca presencia institucional en la zona. Criticaron que en un corregimiento en el que hay 25 mil habitantes solamente haya una estación de Policía con no más de diez uniformados y apenas un hospital que presta servicios básicos. Asimismo, comentaron que los oriundos de ese corregimiento constantemente manifiestan su indignación por la reducción de los recursos de regalías tras la implementación del nuevo sistema.

La historia de El Centro se entrelaza con la de Meta. Este departamento, además de padecer las mismas problemáticas de desarticulación y desorden en la asignación de puestos para suplir la oferta de mano de obra de empresas como Ecopetrol, al igual que en Santander, la intermediación ha generado una distorsión en los precios que se ve reflejada en los sobrecostos de los servicios petroleros contratados por las operadoras.

Según el presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Rubén D. Lizarralde, “estamos viviendo en dos mundos. Uno el que se da en la región y otro el del resto del país. En las regiones se han incrementado las tarifas de las distintas actividades petroleras de una manera dramática. En oportunidades 100 en otras 300%, y eso ha afectado nuestra competitividad”. De acuerdo con Lizarralde, se está creando un ambiente de una economía de mafia que es apoyado, en algunos casos, por bandas criminales e incluso por grupos políticos.

Cifras de Ecopetrol concluyen que sólo en esa región, por cada US$1.000 millones contratados, cerca de US$60 millones van a parar a manos de personas que presionan a las empresas para que compren productos determinados a personas determinadas. Este caso ha causado tanto revuelo que, como pudo establecer este diario, la Superintendencia de Industria y Comercio ya tiene en curso investigaciones para determinar si allí hay una presunta “cartelización” de empresas que se ponen de acuerdo para establecer tarifas y cuotas de producto que deben comprar los contratistas de Ecopetrol a personas que serían elegidas por estas juntas.

En el caso de Castilla La Nueva, en Meta, la junta de acción comunal ha sido muy cuestionada por la “legalización” de los papeles de trabajo para venezolanos que están llegando a la zona en busca de trabajo. Gustavo Carrión, líder comunitario, dijo que “la llegada de personas de otros departamentos e incluso de Venezuela a la región se está volviendo un problema (…) los presidentes de juntas de acción comunal están haciendo estos trámites y vamos a revisar con el Servicio Público de Empleo cuáles son las juntas que están dando las certificaciones”.

El presidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Castaño, reconoció que en efecto hay una presión muy fuerte de las asociaciones hacia a la empresa y que incluso tras ellas hay estructuras como Bandas Criminales. Sin embargo, también criticó el modelo de contratación que aplicado. “Ecopetrol no se rige bajo el modelo de la ley 80 de contratación pública sino el de la figura de oferente. Esto aumenta los conflictos de interés, el tráfico de influencias y las licitaciones con dudosa transparencia. En 2014, la empresa pagó por consultorías más de $939 mil millones. Las licitaciones deberían ser públicas y con un mayor control de la Procuraduría y la Contraloría. Hemos encontrado que a algunos trabajadores les pagan hasta el mínimo cuando en la industria petrolera las condiciones son diferentes”.

Aún con la “desazón” de la que habló Echeverry, las palabras de un santandereano resumen el problema: “La industria no se va a acabar. Mi abuelo se murió y la industria no se ha acabado, mi papá está que se muere y la industria no se ha acabado y yo voy por la misma y la industria sigue. Eso hace que todos pensemos así, y es una idea arraigada de que la industria tiene que ser para mí, para mí”.