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El ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Mario Aranguren, y el ex subdirector de Análisis Operativo Luis Eduardo Daza, deberán permanecer en establecimiento de reclusión, luego de que la juez 26 de conocimiento de Bogotá negara las pretensiones de la defensa para que se les otorgara la detención domiciliaria a los procesados.
La operadora jurídica Luz Marina Álvarez encontró infundados los señalamientos de la Procuraduría, representada por Henry Bustos, que aducía la falta de argumentos en la exposición de la juez 52 Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá que, inicialmente, impuso la medida de aseguramiento con detención intramural.
Así mismo, había reiterado que la Fiscalía no demostró que los ex funcionarios constituyeran un peligro para la sociedad y sus presuntas víctimas, y de ahí que considerara inviable la imposición de una medida, que terminó siendo confirmada por la Juez de Conocimiento.
En consecuencia, Aranguren y Daza deberán permanecer privados de su libertad en un reclusorio que, para este caso, ha sido la Escuela de Capacitación del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de Aquinindia, ubicada en la vía a Cota, Cundinamarca.
Contexto
Este viernes podría revertirse la orden de la Juez 52 Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá de enviar a la cárcel al ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren y a su subdirector de Operaciones Eduardo Daza.
A las 10:00 de la mañana se iniciará la audiencia en que el Juez 26 Penal Municipal de Bogotá definirá si acepta o no la petición de los defensores de concederles el beneficio de la detención domiciliaria.
Los imputados son sospechosos de haber hecho parte de la empresa criminal destinada a promover seguimientos irregulares contra magistrados y líderes opositores que se fraguaron desde algunos organismos de inteligencia bajo la tutela del Gobierno, según la investigación adelantada por la Fiscalía.
Aranguren y Daza son sospechosos de haber incurrido en los cargos de cargos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad, que pudieron haberse configurado tras su presunta participación en las persecusiones y seguimientos ilegales de los que fueron víctima los magisrados de las altas cortes y algunos líderes opositores.
Para el fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, es claro que el haber iniciado esta persecución buscaba, a como diera lugar, que los magistrados de la Corte fueran vinculados con actividades ilícitas, pues fueron blanco de investigaciones que no contaban con sustento probatorio y que estuvieron sustentadas incluso en información de prensa sin ninguna validez jurídica.
Según los datos obtenidos por el Fiscal del caso, fue la Presidencia la que impartió las órdenes para filtrar a algunos periodistas la información obtenida en los seguimientos, pese a su escaso valor probatorio; de ahí los artículos de prensa en los que se dio cuenta del supuesto vínculo existente entre el ex presidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez y Ascencio Reyes, sindicado de mantener vínculos con el italiano Girogio Sale, acusado de narcotráfico.
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