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Kenia González no está acostumbrada a hablar en público y menos de política, pero la detención irregular de su hermano la tiene ahora como vocera de una familia que está quebrada por el dolor indescriptible que produce la violación de derechos humanos en Nicaragua. Lesther Alemán es más su hijo que su hermano, tienen diez años de diferencia, pero Kenia fue quien ayudó su mamá a criarlo hasta que decidió migrar a Estados Unidos. Lesther siguió siendo su “niño” y, por eso, quedó atónita cuando el 5 de julio de 2021 vio en redes sociales que había sido capturado en su propia casa en Managua. (Asamblea de la OEA hoy: ¿de qué hablarán? Desde Ucrania a Nicaragua y la paz total)
Lesther Alemán es un joven de 24 años, comunicador social, que fue detenido hace más de un año sin orden judicial y mediante un allanamiento ilegal, según la campaña “Nicas libres ya”. Hasta ese entonces, su familia lo había conocido más por su liderazgo religioso que político y lo recordaban más por su dedicación para enseñarle la Biblia a los niños de su barrio. Pero, tras el estadillo social de abril de 2018, Lesther se destacó en el ámbito de los derechos humanos y participó en el diálogo nacional en el que le exigió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abandonar el poder. (Paz total, migración y desigualdad: los temas de Colombia en la Asamblea de la OEA)
Se puso de pie entre la multitud, con una bandera azul y blanca colgada en el cuello, y llamó de frente al presidente Ortega “asesino”. “Ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país (…) usted es el jefe supremo de la Policía y el Ejército, ordene el cese de esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno (…) estamos siendo perseguidos, somos estudiantes (…) nosotros hemos puesto los muertos, los desaparecidos (…) Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo lo ha solicitado (…) usted ha desbaratado al país …ríndase…no podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido es un genocidio”, concluyó Lesther mientras los demás asistentes lo apoyaban gritando “Ortega delincuente”. (Nicaragua cada vez más aislada, ¿por qué Ortega rompió relaciones con Países Bajos?)
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua atraviesa una grave situación de derechos humanos, protagonizada por una concentración del poder por parte del presidente Ortega, que comenzó en el año 1999 con el llamado “Pacto Alemán-Ortega”. Se instauró un sistema bipartidista que cooptó los más altos cargos de la administración pública y se fueron dando reformas constitucionales y legales, así como acciones políticas, con el fin de asegurar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el control del poder, quebrantándose el principio de separación de poderes en ese país.
La ciudadanía se manifestó en contra de este abuso del poder mediante las protestas iniciadas desde abril de 2018. Según la CIDH, estas “fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos policiales y parapoliciales bajo el mando de la presidencia. Asimismo, se estableció un estado policial para acallar la disidencia y cerrar los espacios democráticos, mediante la detención y privación arbitraria de la libertad de personas consideradas como opositoras, calificar las manifestaciones públicas como ilegales, allanar y tomar instalaciones de las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, entre otras”. (“De ninguna manera estamos con Daniel Ortega”: canciller Álvaro Leyva)
Las cifras de la CIDH dan cuenta que, tras el estallido social de 2018, 355 personas han fallecido, la mayoría murieron como consecuencia de disparo de arma de fuego; 150 estudiantes fueron expulsados; más de 405 profesionales de la salud despedidas; más de 150.000 nicaragüenses exiliados; y 195 personas permanecen privadas de la libertad. La comisión le ha pedido en repetidas ocasiones al Estado liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis.
Tras su discurso, Lesther, quien también es líder de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue hostigado y recibió amenazas de muerte. Su mamá, a su vez, recibía advertencias de que su hijo iba a morir y su casa amanecía pintada con insultos. El joven tuvo que esconderse durante meses, vivió un tiempo en el exilio y luego volvió a Nicaragua confiado en un proceso electoral que terminó ratificando el poder de Ortega. En la noche del 5 de julio de 2021 fue capturado en su propia casa, en medio de golpes contra él y su mamá.
Hoy está condenado a 13 años de prisión por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y se le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el mismo período. Una medida que también frustra su sueño de ser presidente. “Lesther Alemán es inocente, no cometió ningún delito, su condena es resultado de la decisión concertada por los operadores del sistema de justicia penal para castigarlo por atreverse a expresar su opinión y ejercer su derecho de participación política en favor de la democracia y el fin de un régimen autoritario como el que existe en Nicaragua”, afirma la campaña “Nicas libres ya”, de la organización Raza e Igualdad.
“La vida de nosotros cambió totalmente. La detención fue arbitraria, sin ninguna orden judicial, le dieron golpes a él y a mi mamá. No supimos nada durante 48 horas, él presentaba problemas de reflujo y le negaban acceso a medicinas, no le daban comida. Fueron tres meses de duras torturas, estuvo bajo de peso al punto de desnutrición”, cuenta a El Espectador su hermana Kenia.
Desde entonces, su mamá, Lesbian Alfaro, se traslada todos los días a la cárcel tratando de ver a su hijo y llevarle agua, porque en el penal no se la proporcionan. En los últimos 15 meses, la mujer solo ha visto a Lesther diez veces mientras graban sus conversaciones u oficiales irrumpen en el lugar. Cada vez se le dificulta más ir hasta el lugar, así que su hija Kenia planeó viajar a Nicaragua cada dos meses para reemplazarla en la tarea diaria de ir a la prisión, pero la primera vez que lo intentó la bajaron del avión cuando iba a despegar desde Estados Unidos. “¿Usted es Kenia González? Lo sentimos, pero no podrá viajar, las autoridades de Nicaragua no la dejarán ingresar al país y desconocemos el motivo”, le dijo un empleado de la aerolínea.
La familia no tiene comunicación con Lesther, quien ahora sufre de migraña, taquicardia y un dolor en la pierna, del que desconocen la causa. Si Kenia eligiera una palabra para describir lo que están sufriendo es “desgracia” y, con ese dolor, está por estos días en Lima, Perú, donde se lleva a cabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este miércoles se atrevió a pedirle a la comunidad internacional que la escuche y que exija la liberación de los presos políticos de Nicaragua.
“Los jóvenes alzaron la voz y pensaron en detener el discurso de Ortega. Lesther participó en todas las actividades pacíficas. Su caso es un secuestro, no una detención”, afirmó Kenia González durante el evento “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, de la organización Raza e Igualdad, en el marco de la 52º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Lésther Alemán cumple hoy 15 meses de estar en prisión, pese a que unas medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaron que se procediera a su liberación inmediata, por considerar que es una detención arbitraria y sufre tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sigue sin recibir atención médica, aunque la Corte también le solicitó al Estado que le garantice el acceso a servicios de salud y medicamentos mientras se encuentre privado de libertad. Nicaragua y su presidente, Daniel Ortega, se han negado a cumplir los llamados, y tampoco asiste a las audiencias. Solo ha asistido a dos de las 21 convocadas en el sistema interamericano.
Desde abril de 2018, la Corte IDH ha otorgado tres medidas provisionales que cobijan a 17 personas privadas de libertad, a integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), al político Juan Sebastián Chamorro y a otros presos políticos. Por su parte, la CIDH ha otorgado un total de 129 medidas cautelares para proteger la vida e integridad de más de 280 personas de manera directa y en muchos casos se extiende las medidas de protección a sus familiares. Nicaragua es el Estado que recibe el mayor número de solicitudes de medidas cautelares de la región, seguido por Venezuela, Colombia y México.
El comisionado de la CIDH Joel Hernández expresó este miércoles su preocupación por las personas defensoras de derechos humanos que han sido objeto de hostigamientos y han sido privadas de la libertad de forma arbitraria. “Son detenidas por ejercer sus derechos y libertades fundamentales”, aseguró Hernández, quien también llamó la atención sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En el mismo sentido, Claudia Samayoa, vicepresidenta de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), advirtió sobre la práctica de detenciones arbitrarias con el fin de limitar derechos. “Los casos más terribles de tortura los estamos viendo en este tipo de categoría, detenciones arbitrarias para limitar derechos y afectan a defensores de derechos humanos, periodista, líderes políticos, pueblos indígenas. Son catalogados como enemigos de Estado. Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen el mayor número de casos de detención arbitraria con motivaciones políticas, pero en la región es un fenómeno que ha crecido significativamente. Debemos desideologizar esta discusión, no es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de poder. La persecución política es una grave violación de derechos humanos”, concluyó Samayoa.
*Este artículo fue posible gracias a la invitación de la organización Raza e Igualdad
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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