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Por irregularidades en el otorgamiento de beneficios procesales en favor de varias personas vinculadas a actuaciones judiciales, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrió 635 investigaciones en contra de algunos centenares de operadores jurídicos.
Así lo explicó la presidenta de la Sala, la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, quien recordó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, envió una comunicación en la que hizo referencia a este tipo de casos, de los cuales emergieron las irregulares concesiones.
Según el ministro Fabio Valencia Cossio, hay más de 9.600 casos en los cuales los jueces otorgaron los beneficios como la detención domiciliaria o la casa por cárcel sin que se hubieran cumplido los requisitos legales para ello.
La magistrada Garzón de Gómez explicó que dentro de las denuncias se cuentan 306 beneficiados por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; 99 por homicidios, 13 por concierto para delinquir; 15 por acceso carnal violento en menores de edad, 25 casos por secuestro y terrorismo, y un caso más en por terrorismo y rebelión.
"Para nosotros son casos de corrupción, casos atentatorios contra la sociedad", sostuvo la alta funcionaria judicial, quien aclaró que "no todos los jueces incumplen la normatividad, pero no podemos desconocer que varios de ellos sí están atentando contra el orden jurídico".
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