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La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que confirme la sentencia condenatoria que por nueve años fue proferida en contra del ex dirigente político César Pérez García, quien fungiendo como presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia fue sentenciado por irregularidades en la celebración de un contrato estatal.
Para el Ministerio Público está probado que los convenios celebrados con particulares para la prestación de servicios técnicos evidenciaron la conducta antijurídica del funcionario, quien fue declarado culpable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El Procurador Delegado para Asuntos Penales, Gabriel Jaimes, sostuvo que los contratos celebrados en 1998 carecieron de requisitos fundamentales como el certificado de disponibilidad presupuestal.
“Revisada la contratación efectuada en ese periodo fiscal, se observó que para el mes de marzo de 1998, ya había un déficit en el rubro de servicios técnicos, pese a lo cual se siguieron celebrando contratos, debiéndose acudir a la figura de los traslados presupuestales para poder cumplir con tales obligaciones”, señaló el organismo de control.
El Ministerio Público argumentó que pese a que se comprobó que en varios de esos contratos se incumplió el objeto, se expidieron documentos falsificados a través de los cuales se intentó acreditar.
Pérez García estuvo vinculado a la investigación por la llamada masacre de Segovia, Antioquia, en la que paramilitares asesinaron a 43 personas por considerar que mantenían una filiación política de izquierda, proceso que la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir hace dos semanas.
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