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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia empezó a estudiar la posibilidad de que el caso del secuestro y posterior asesinato de la dirigente Gloria Leal por un grupo insurgente pueda ser revivido jurídicamente, a través de la figura de la lesa humanidad, crimen que según el Estatuto de Roma, del cual Colombia es firmante, tiene el carácter de imprescriptibilidad.
La funcionaria estatal, que fue nombrada como directora de Acción Comunal durante el Gobierno de Julio César Turbay Ayala, fue hallada muerta en noviembre de 1982 con un tiro en la cabeza, tras cuatro meses de haber sido secuestrada, en acción que fue atribuida a la Organización Revolucionaria Popular, toda vez que su cadáver permanecía envuelto en una bandera de ese grupo insurgente.
El expediente ya se encuentra en el despacho del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara la reapertura, considerando que se trataba de un crimen que hacía parte de una conducta delictiva permanente en contra de un grupo humano, en este caso los funcionarios que integraban las institucionalidad colombiana.
Los términos legales para adelantar la investigación judicial precluyeron hace nueve años, sin que se hubiera proferido condena alguna en contra de los responsables del secuestro y posterior homicidio de la dirigente.
Al parecer, muchos de los sospechosos se encuentran en el exterior en calidad de refugiados, según algunos testimonios que serían valorados por la Fiscalía General de la Nación, en caso de que la Corte Suprema de Justicia acceda a la petición de ordenar la reapertura del proceso.
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