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Sor Teresa Gómez Álvarez lleva más de 40 años custodiando los secretos de la Casa Castaño Gil. Creció junto a ellos en Amalfi, Antioquia, y se casó con uno de ellos, Ramiro de Jesús Castaño Gil, fallecido en 1984. Además, es suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, confeso asesino del exjefe de las autodefensas Carlos Castaño Gil en hechos ocurridos en abril de 2004. Un crimen que fue ordenado por su hermano Vicente Castaño Gil, años después también desaparecido. La historia de estos crímenes cruzados, la expansión del paramilitarismo en Antioquia y los cheques de sus primeros patrocinadores, la legalización del despojo campesino, el asesinato de líderes sociales, entre otro largo etcétera de delitos perpetrados por sus cuñados, son episodios que conoce bien Gómez Álvarez. Justamente este 6 de octubre esta protagonista de la guerra en Colombia tendrá que declarar ante la JEP por el macrocaso 04 que indaga la violencia en Urabá desde 1986.
(En contexto: Tulapas, el reino del despojo “para”)
Aunque todavía no ha sido aceptada por la Jurisdicción Especial para la Paz, Sor Teresa Gómez fue citada como testigo por la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora de este caso, para aclarar cómo fue usado el Fondo Ganadero de Córdoba para concretar la usurpación paramilitar de 58 veredas en la región de Tulapas, ubicadas entre Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá entre 1997 y 2005. Sor Teresa Gómez era entonces representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización creada en 1991 por los Castaño Gil que durante años sirvió como sombrilla financiera de las autodefensas. Así, en alianza con notarios y funcionarios de la Superintendencia de Notariado y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Gómez Álvarez, en representación del Fondo Ganadero, se apropió de esas tierras a través de compraventas masivas, generando el desplazamiento forzado de al menos 130 familias.
El auto de la JEP que citó a Gómez Álvarez, actualmente detenida en El Buen Pastor de Bogotá, dispuso su comparecencia para explicar cómo operó la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, integrada en su momento por Benito Molina Velarde, Benito Osorio Villadiego, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Jaime Augusto García Exbrayat y Luis Gonzalo Gallo Restrepo. A propósito de este último, la semana pasada la Corte Suprema se pronunció sobre las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio que adelanta contra el exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino, acusado de interceder en favor de Gallo Restrepo para evitar su captura en 2014. “El despacho relator tiene conocimiento que la señora Sor Teresa Gómez Álvarez, quien mantenía una relación cercana con la familia Castaño Gil, fue representante legal de Funpazcor y actuando como intermediaria participó en la compra de tierras en la región de Tulapas”, dice el auto de la JEP.
(Lea también: Sor Teresa Gómez, condenada por el despojo paramilitar en Tulapas)
Varias sentencias en su contra han demostrado cómo Sor Teresa Gómez sirvió a los propósitos del proyecto paramilitar para legalizar el despojo de tierras siguiendo las directrices de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Como su emisaria “andaba con dinero en efectivo comprando las tierras que previamente habían sido ocupadas por sujetos armados o sobre las que sus superiores tenían puesta su atención. Resulta incuestionable que la acusada estuvo involucrada en la asociación criminal paramilitar que diseñó, planeó y ejecutó el proyecto palmicultor, como la encargada de pagar a las personas que de diversas formas vendían sus propiedades; es decir, ejecutó múltiples acciones en la región de Belén de Bajirá. Su actuación fue trascendental ya que la finalidad exclusiva era la de apoderarse ilegalmente de las tierras de las comunidades negras”, dictaminó un juzgado de Medellín.
En las regiones de Urabá, Córdoba y Chocó la cuñada de los Castaño desplegó una milimétrica estrategia para apoderarse de tierras que después les eran vendidas por precios irrisorios a poderosos terratenientes que impusieron cultivos de palma. Buena parte de estas maniobras ilegales las desplegó primero a través de Funpazcor –que utilizó la entrega de tierras a campesinos y miembros de las autodefensas “para asegurar su base social, mantener el usufructo de los predios de los hermanos Castaño Gil y encubrir y canalizar las finanzas del grupo armado”, según sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín– y luego de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), creada con el fin de imponer la palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó). Sor Teresa Gómez fue clave en todas estas vueltas y muchas de esas tierras terminaron en poder de la firma Urapalma.
Según los archivos judiciales, Gómez se desmovilizó de manera colectiva el 12 de abril de 2008 del Frente Costanero adscrito al bloque Élmer Cárdenas. Su sometimiento a la justicia se dio apenas un mes antes de que 15 exjefes de las autodefensas fueran extraditados a los Estados Unidos. Y, además, terminó sentenciada por el crimen de la líder de Yolanda Yamile Izquierdo, representante de víctimas de restitución de tierras en procesos de Justicia y Paz, ocurrido un año antes, en 2007. Informes de policía judicial, reportes de la Fiscalía y documentos de inteligencia de la Policía reseñan sus actividades criminales desde hace décadas. La depositaria de los secretos de la casa Castaño se sometió a la JEP en abril de 2019, pero su caso sigue en estudio en el despacho del magistrado Pedro Díaz. En todo caso, su versión de este jueves puede abrir la ruta de sus confesiones ante la justicia. Ella tiene mucho qué decir. Falta ver si lo hace.
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Por Juan David Laverde Palma
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