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La siniestra alianza que fraguaron autodefensas, empresarios e intermediarios de la palma, según la Fiscalía, para desplazar colonos en el Bajo Atrato chocoano y hacerse a sus tierras ancestrales, derivó en nuevas investigaciones, adelantadas por el fiscal de Derechos Humanos que hace una semana ordenó la captura de 24 representantes legales y desmovilizados ‘paras’ que se valieron de escrituras falsas y actos notariales espurios para darles apariencia de legalidad a los terrenos invadidos.
El organismo pidió identificar a Alberto Jacinto Vásquez, notario de San Jacinto; Ramsés Escobar Henao, notario de Chigorodó, y José Manuel Danies, notario octavo de Barranquilla. De igual manera, solicitó establecer el grupo de personas que fungieron y fungen como socios de compañías palmicultoras presentes en la zona del Bajo Atrato, así como la certificación de sus antecedentes penales. Además, el fiscal pidió rastrear a todas las personas encargadas por el Banco Agrario y Finagro “para el estudio de los créditos que finalmente les fueron aprobados a Urapalma y las demás empresas palmicultoras”.
Como si fuera poco, la Fiscalía busca determinar cuáles fueron los funcionarios de Codechocó, Corpourabá e Incoder “que de manera directa o indirecta participaron con conceptos, estudios, expedición de documentos y todo lo relacionado con la implementación del proyecto de palma en la región del Bajo Atrato, en el lapso de los hechos investigados”. En otras palabras, se pretende asignar responsabilidades a servidores públicos que permitieron que dineros del Estado se colaran en el paramilitarismo.
La Fiscalía pidió la plena identificación del jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera (El Alemán), así como de sor Teresa Castaño y un sujeto conocido como ‘Palillo’; solicitó inspeccionar las versiones rendidas por el ex ‘para’ Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, y se vinculó al expediente a Rodrigo Zapata Sierra, el empresario antioqueño señalado de ser la mano derecha de Vicente Castaño Gil y artífice de la legalización de los terrenos que les fueron arrebatados a los colonos. Por último, se libró orden de captura en contra de Orlando Moreno y Miguel Pérez, salpicados en el expediente que tiene en serios apuros a empresarios de la palma, que, en criterio de la Fiscalía, cohonestaron crímenes para edificar un rentable negocio.
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