Sobre el paro camionero

Pese a que en una ocasión anterior, y ante la intervención del propio presidente, el paro duró sólo un día, en esta ocasión las partes en contienda no han logrado un acuerdo.  A la fecha, el cese de actividades ha ocasionado pérdidas del orden de 300.000 millones. Cada día, por ejemplo, 30.000 sacos de café no están siendo movilizados.

Los exportadores de café y muchos otros empresarios han tenido que asumir el costo de las cláusulas de incumplimiento de los contratos de suministro.

Los camioneros se quejan, para empezar, de los elevados precios del combustible, los neumáticos, las llantas y los peajes. Han exigido, entre otras cosas, que se congele el precio del ACPM y los peajes por un espacio de un año. Y plantean que el Gobierno debe supervisar el cumplimiento de la llamada tabla de fletes, que indica el precio que se debe pagar por movilizar una mercancía de ciudad a ciudad. Los propietarios de vehículos de carga quieren, en resumidas cuentas, que el gobierno asuma el papel de regulador y supervisor de un mercado que, casi en todas partes, es dejado a la libre competencia.

Uno de los principales puntos de contienda se origina en la resolución 3175 de 2008 expedida por el gobierno, con la cual se reajustó por tercera vez la tabla de fletes. El primer parágrafo de la resolución estipula que los contratos de transporte de carga celebrados con anterioridad a la expedición de la resolución continuarán rigiéndose en las condiciones pactadas. Según los transportadores, esta norma ha ocasionado un enfrentamiento entre pequeñas y grandes empresas de transporte debido a que los generadores de carga se acercan a las empresas con el objetivo de firmar contratos anteriores a la fecha y gozar así de unos precios que les son más favorables.

Muchos han criticado la resolución, han argumentado que el Ministerio está improvisado al calor de la coyuntura. La planificación, producto de una política amplia de largo aliento, no estaría siendo utilizada y por el contrario lo que algunos llaman “regulicionistis” parecería el componente central del comportamiento del ministro Gallego. Estas críticas tienen un claro sustento pero no llegan al fondo del asunto que es, en esencia, económico.

El problema está originado en una sobreoferta de mulas, tractomulas y camiones. Actualmente existen 266.404 vehículos, entre públicos y particulares, y el proceso de chatarrización ha sido excesivamente lento. Los camioneros, en últimas, están exigiendo, ruidosamente, que el Gobierno fije un precio artificialmente alto. Pero este tipo de intervenciones terminan, las más de las veces, fracasando.

El ministro insiste, pese a las reticencias y al propio paro, en hacer que se cumpla su decreto. Los precios en los alimentos ya han empezado a verse afectados y el riesgo final que corre el país es del evidente desabastecimiento sobre el que ya alertaron centrales de abastos como la de Cali. Si es cierto que los camioneros están, como ellos dicen, “trabajando a pérdida” la salida no es una regulación más estricta, sino una señal clara que permita, en el futuro, equilibrar la oferta y la demanda.

La situación es apremiante pero una salida fácil, un aumento artificial de los fletes, sólo agravaría el problema. La solución estaría, entonces, en desmontar la tabla de fletes y acelerar el proceso de chatarrización. En lugar de la regulación, lo conveniente es un desmonte ordenado y si se quiere subsidiado de la sobreoferta.