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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Ya entró al Congreso el texto con la nueva propuesta de reforma laboral de la administración de Gustavo Petro. La primera se hundió en el Legislativo y esta viene, de acuerdo con los analistas, recargada. Hay varios temas centrales entre los 92 puntos que se leen en el articulado: Horas extras, recargos de fin de semana, jornada nocturna desde las 7:00 pm, trabajadores de plataformas como Rappi con contrato especial, licencia de paternidad ampliada y se habla de obligatoriedad en que una porción de los empleados de una empresa tenga que laborar a distancia, además de los empleos “verdes y azules”. ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué los gremios de la producción? ¿Qué los analistas? ¿Cómo nos tocaría a cada uno de nosotros? De eso se trata este boletín de noticias, el resumen semanal con todos los enlaces de los textos -a los que recomendamos entrar- que han escrito los colegas de la sección de Negocios y los de Política. Comencemos.
Vamos con un poco de contexto, vamos un poco atrás. ¿Por qué en Colombia se necesita una reforma laboral? Por varias razones, pero la primera es que el código que rige data de 1950, así que la realidad que hoy vivimos es diametralmente distinta a la que allí se legisló. Vivimos una pandemia y eso cambió las reglas de juego en el tema laboral. Internet modificó para siempre muchos oficios. Han nacido profesiones. La formación técnica ha venido cobrando más importancia para los empleadores. Se está valorando cada vez más la capacidad de hacer que los cartones de graduación que se puedan tener. Los jóvenes ya no quieren quedarse toda la vida en un mismo empleo. La globalización hizo cambiar las formas de producción industrial y con ello la capacidad de generar empleos locales intensivos en mano de obra. Y, la que podría resumir todos los anteriores escenarios: la informalidad que, además de ser alta, se ha convertido en un problema estructural.
La regulación laboral en Colombia es obsoleta y por eso necesita una actualización, escribía Diego Ojeda, de la sección de Negocios. En febrero de este 2023, cuando ya se escuchaban los vientos de reforma laboral, nos recordó: “casi seis de cada diez trabajadores son informales, por lo que no gozan de beneficios como protección ante riesgos laborales, acceso a la salud, cotización a pensiones, un ingreso de por lo menos un salario mínimo, vacaciones, caja de compensación familiar y cesantías”. Y apuntó una realidad más: “A esto hay que sumarle otros ingredientes como la alta tasa de desempleo, la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres, la falta de garantías jurídicas para la protección de trabajadores y la precaria cobertura del sistema pensional”.
Se han hecho ajustes vía decretos y resoluciones, pero el impacto ha sido más bien de pañitos de agua tibia, así que la actualización es necesaria, incluso reconociendo que también existe una realidad que se debe repensar, pues se cuentan por miles los casos de trabajadores y empleadores que pactan, incluso estando por fuera de la ley, salarios informales que les permitan recibir más dinero en efectivo cada mes, pero sin aportar al sistema de salud o al de pensión, menos a una caja de compensación familiar o a una ARL. La llamada informalidad.
Y, mientras tanto, ¿qué pasaba en las conversaciones de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, de la que se creía saldría una versión concertada de la reforma laboral? Con el texto en la mano y un gran evento para radicarlo en el Congreso, ¿qué reacciones iniciales generó? ¿La reforma, enfocada en el trabajador, afectaría la generación de empleo o, al contrario, estaría en la capacidad de crear nuevas plazas laborales? ¿Cuáles eran los puntos más importantes que encontramos en el documento?:
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El 16 de marzo fue radicada la ponencia en el Congreso. Esa primera idea de reforma laboral buscaba “modificar 77 artículos del Código Sustantivo del Trabajo, las Leyes 50 de 1990 y la 789 de 2002, así como otras normas laborales, según el borrador”. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, había dicho en enero de este año: “Desde el 24 de octubre de 2022 estamos trabajando en nuestras mesas de concertación. Hemos venido trabajando en unos insumos donde hemos escuchado a la OIT, a la OCDE, a las centrales obreras, y a todos los que tienen que ver con el proceso de reforma laboral que estamos dimensionando”.
¿Qué se leía en ese documento? Todos los detalles aparecen en este enlace, pero aquí va un resumen de ese compilado:
- Pago de domingos y festivos completo.
- Jornada nocturna iniciaría a las 6:00 p. m.
- Impulsar la contratación a término indefinido para hacerla “la regla general”.
- El procedimiento para aplicar sanciones o para terminación del contrato crece y se especifica con “presunción de inocencia, proporcionalidad y derecho a la defensa”. Se deben cumplir siete pasos para todo este proceso.
- La extensión del contrato a término indefinido cobijará a los contratos que no sean especificados, por escrito, como de término fijo (artículo 47).
- Contratos a contratos de término fijo no podrán aplicarse para “actividades permanentes en la empresa”. Aclara que “la facultad de la persona empleadora de no renovar o prorrogar el contrato de trabajo celebrado a término fijo, solo será eficaz si ha desaparecido el objeto contractual”.
- Le ponen límites a los contratos de prestación de servicios: “No se podrán vincular mediante contrato de prestación de servicios ni ninguna otra modalidad de contratación no laboral a las personas que realizan actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas; por tanto, será ineficaz cualquier vinculación que desconozca esta prohibición”.
- La contratación de aprendices debe ser acorde “con los oficios y ocupaciones definidos en la cuota regulada en correspondencia con el programa de formación”. Las empresas que tengan más de 5 deben contar con, al menos uno, que sea del SENA. El tiempo de “formación” no puede superar el año.
- Se toca el tema de las plataformas digitales: “Toda persona física que realice trabajo en estas plataformas, es trabajadora y, por tanto, amparada por los principios de esta ley”. Esto aplicaría, por ejemplo, para mensajeros, conductores, modelos webcam.
- Se suma que a este tipo de trabajadores se les debe verificar que los autónomos estén afiliados a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales). “De lo contrario, deberán asumir directamente el pago del 100% de los aportes como si fuesen empleadores”.
- Sobre el trabajo en el campo, se crea el contrato agropecuario y el jornal agropecuario.
- Hay un apartado de reducción de brecha de género y se advierte por el “trabajo libre de violencias y de acoso, cualquiera que sea su situación contractual, informales o de la economía popular”. Y por eso “se garantizará acciones de prevención y atención, con protocolos, comités, herramientas y mecanismos necesarios, que reconozcan y aborden las violencias basadas en género, contras las mujeres y el acoso sexual en el mundo del trabajo”.
- Y para los que somos padres, se aumentará la licencia de paternidad de manera progresiva hasta llegar a ser de doce (12) semanas en 2025. Y “ambos progenitores podrán acordar libremente cómo distribuir el tiempo de la licencia parental flexible en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida”.
Sobre eso, ¿qué dijeron entonces las centrales obreras? Que el contrato de término indefinido era el gran protagonista de esta reforma. ¿Y qué dijeron los empresarios y, en línea, qué se leía en un documento del Banco de la República? Hablaron, en ese momento, “de implicaciones negativas como la pérdida de la capacidad para mantener el empleo actual y generar nuevas plazas laborales (un análisis del Banrep asegura que la aplicación de la propuesta inicial implicaría la desaparición de 454.000 empleos). Muestra de ello es que el texto final -que entró a debate al Congreso- alcanzó un acuerdo del 50 %”. Los empresarios, con esa variable de fondo, también fueron enfáticos: “la aprobación de la reforma laboral es un error” y argumentaron que no logra reduce los índices de desempleo e informalidad, que no actualizaba el sistema legal a la realidad del trabajo y que, todo lo contrario, “genera desequilibrio en las relaciones laborales colectivas y no protege la libertad de empresa”.
Y esto fue llevando a una lectura interesante no solo por lo que contenía en la forma sino en el fondo. La ministra de Trabajo fue clara en que esta reforma, la propuesta del Gobierno, no pretendía generar empleo, “sino más bien mejorar la estabilidad de los trabajadores (de allí que incluya la denominada estabilidad reforzada), su remuneración (con mayores recargos en jornadas nocturnas, festivos y dominicales), así como licencias, el favorecimiento de la lucha sindical y el derecho a la huelga”. Pero los analistas del mercado laboral y estudiosos del sector, precisamente por ese objetivo de la administración Petro, creían que dicha reforma era inconveniente e inoportuna: “Colombia no ha salido de la crisis del covid-19, la cual destruyó empleos que todavía no se han recuperado”, decía Víctor Julio Díaz, abogado laboralista de la firma Díaz Daza & Solano. “La reforma debió estar dirigida a crear y fomentar el empleo, no en establecer más cargas laborales que se podrían conseguir en un momento político y económico distinto”, apuntó.
De ese documento comenzó el debate en el Congreso. El 31 de mayo la periodista de la sección Política, Laura Duarte Sandoval, nos contó que no hubo quorum en el Legislativo. Los tiempos estaban ajustados y se decía, en el argot político, que las iniciativas del Gobierno iban a paso lento. ¿Qué sucedió? Laura nos lo explicó así: “Aunque jurídicamente no sea lo más correcto, es un acto político legítimo. Así las cosas, luego de que esta semana no se lograra obtener la asistencia para la reforma laboral ni para la regularización del cannabis, el Pacto Histórico aseguró que fue resultado de los acuerdos de la oposición, mientras que los opositores dicen que se trató de una estrategia del Gobierno al no tener los votos para aprobar ninguno de los dos proyectos”.
¿Y cuál fue el resultado de esa propuesta de reforma en el Congreso? Lo contó la sección Política de El Espectador: “Si hubo una constante en el trámite de la reforma laboral fue la falta de quórum que trabó en varias oportunidades su discusión. Aunque se pensaba que la suerte había cambiado, luego de que lograra aprobarse su ponencia mayoritaria, este martes 20 de junio (día en que finaliza la primera legislatura) el proyecto no logró superar su primer debate por la misma razón”. Se hundió. Petro se pronunció en ese instante desde su cuenta de una de las redes sociales: “El hundimiento de la reforma laboral es muy grave, demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”.
Se acabó ese periodo legislativo. Los cambios ministeriales no dieron resultado en el objetivo de lograr la aprobación de las reformas. Había que mirar hacia el futuro partiendo del presente económico, claro, pero también del político, pues al final son políticos los que votan en el Congreso estas reformas económicas. Había que pensar en lo que se vendría en el siguiente periodo en el Legislativo:
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La nueva legislatura comenzó el 20 de julio, pero como escribía Daniela Cristancho el pasado 19 de agosto, “el Congreso lleva un mes y las reformas del Gobierno siguen en la banca”. ¿Por qué? En este análisis, de acuerdo con la vicepresidenta del Senado y militante del Pacto Histórico, María José Pizarro, “lo primero son los acuerdos”, y luego “el trámite se dará”. Petro habló de un “acuerdo nacional” en su discurso del 20 de julio, así que la tarea para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, era reunirse con todos los partidos para negociar ese “acuerdo nacional”. Una tarea difícil, pues no hay que olvidar que fue el mismo presidente Gustavo Petro y las cabezas de los partidos tradicionales los que rompieron cobijas en medio del debate a la reforma a la salud, lo que hizo que fuera justo el ministro del interior el que advirtiera que su estrategia sería hablar con cada congresista para buscar apoyos personales y no de bancada.
Llegamos al 24 agosto, día en el que el Gobierno radicó la nueva versión de su reforma laboral. ¿Qué traía este documento? Varios puntos para detallar: Contrato de prestación de servicios no va más, no se podrán adelantar para labores que son permanentes en las empresas. “El contrato a término indefinido se convierte en la columna vertebral de la reforma”. Estabilidad laboral reforzada, es decir, se protege a personas amparadas por el fuero sindical, personas en condición de discapacidad, mujeres en estado de embarazo y pre pensionados. La jornada del trabajo nocturno quedó desde las siete de la noche y hasta las seis de la mañana. El recargo de los días de descanso y festivos debe ser del 100 %. Se contempla formalizar a trabajadores de plataformas digitales de reparto (como DiDi Food y Rappi). Y entre lo nuevo aparece “incentivar la formalización de quienes trabajan de un micronegocio. Estos podrán hacer aportes a seguridad social a tiempo parcial”, contaron los colegas de Negocios.
“La reforma mantiene algunos de los pilares (y puntos de batalla, si se quiere) del texto aprobado en la ponencia de comisión que alcanzó a ser discutido y aprobado”, es decir, el de comienzo de año y que terminó hundido en el Congreso. “La propuesta de reforma insiste en que el recargo de los días de descanso y festivos debe ser de 100 %. Hay que recordar que esto, junto con la jornada nocturna, hizo parte de los principales reclamos que se le hicieron al documento, pues los empresarios, y algunos centros de análisis, consideran que elevaría los costos de contratación y podría llevar a la destrucción del empleo formal, que no suma 50 % del total del trabajo en Colombia. En esta versión de la reforma, sin embargo, la aplicación del recargo por horas extra se haría de forma gradual: 80 % para 2024, 90 % en 2025 y llegaría al 100 % en 2026″, nos explicó el equipo de Negocios de El Espectador.
Así que, entre lo nuevo, también aparece “la ampliación de la licencia de paternidad, cuyo límite se mantiene en 12 semanas, pero se cambia la gradualidad para su aplicación: antes empezaba con la aprobación de la reforma (presumiblemente en 2023) y ahora es en 2024″. Se lee un apartado de “trabajo a distancia”, que resulta novedoso: si usted trabaja en una empresa de entre 20 y 50 empleados, pues el 5 % de esos trabajadores deben estar en modalidad de trabajo no presencial. Si es entre 50 y 200 empleados será el 10% y si está por encima de 200 el porcentaje sube a 15%.
Los empresarios no se hicieron esperar y reaccionaron: el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, la calificó de “equivocación” y dijo que no fueron “tenidos en cuenta para la construcción de este proyecto. De hecho, ni siquiera fue convocada la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario principal para debatir este tema tan importante para el futuro del país”:
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La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que “esta reforma está muy mejorada porque hemos partido del informe general que quedó en la Cámara de Representantes. Desde allí y con las apuestas que se hicieron en las agencias públicas, hemos hablado con otros sectores que también han hecho propuestas para el mejoramiento de la reforma”. Pero los empresarios, que son los generadores de empleo, han sido enfáticos en que a ellos no los convocaron.
En el texto se habla de reconversión laboral y pone de presente el cambio climático y la lucha contra la pobreza. Se lee que el SENA deberá formar y capacitar “a los trabajadores y trabajadoras en torno a procesos productivos y capacidades en nuevos empleos verdes y azules, o empleos alrededor de la ecologización y la automatización de procesos”. Eso, visto de otra forma, “busca formar a trabajadores de industrias extractivas y mineroenergéticas en oficios y profesiones para un futuro más verde”, contó la redacción de Economía. Y sobre la inclusión laboral, aclaran que las empresas entre 50 y 100 empleados deberán tener al menos un trabajador con discapacidad. Si la empresa es más grande, deberán contratar a dos personas con discapacidad.
Casi todas las observaciones de cooperativas se excluyeron de la reforma laboral
Sobre esta nueva versión, ¿qué dicen los principales líderes, tanto del lado de trabajadores como de empresarios y academia? Para Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este proyecto “mantiene el espíritu de la primera reforma”, que es, entre otras, lo que han llamado la defensa de la estabilidad laboral, la regulación de la intermediación y tercerización, la formalización de los trabajadores domésticos, los rurales y los de plataformas de reparto. Mejor dicho: se actualiza al país con estándares internacionales, que es una deuda que tiene el país en la materia. Para Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, Fenalco, lo que sucedió es que “nuevamente se equivoca el Gobierno al radicar una reforma que está fundamentada en el proyecto que se hundió en la primera legislatura”. En el fondo, la crítica es exactamente la misma a dos puntos que podrían impactar los números de las empresas: los recargos al 100 % en días de descanso y festivo, además de la jornada nocturna comenzando a las 7:00 p.m.
Y esto último, si se logra un trabajo sólido y responsable de los congresistas, podría ser un tema central de discusión en el seno del Legislativo. ¿Por qué? Porque las centrales obreras dicen que si se mejoran las condiciones laborales, se pagan las horas extras y también las nocturnas en el mejor escenario posible, pues la calidad de vida del empleado subirá, tendrá mejores ingresos, consumirá más en la economía y eso hará que se generen mejores ingresos para los negocios en toda la economía, lo que les ayudaría a generar más ventas y con ello, más empleos. Otra es la lectura de los empresarios, quienes dicen que el costo de cada empleado será mayor, que la capacidad de contratación se verá limitada y, además, hay quienes aseguran que contrario a generar nuevas plazas laborales, esto llevaría despidos obligados porque no les daría el presupuesto para asumir más y más costos sobre cada empleado.
Otro tema central será el de los trabajadores de las plataformas digitales. En Colombia hay unos 120.000 repartidores que se verían tocados de manera directa. Y es importante porque también deja abierta la puerta a otros trabajadores pero que laboran es con su vehículo en plataformas como Uber. ¿Qué dice el texto sobre los repartidores? Se darían dos tipos de vinculaciones: directa o indirecta. En la primera, la persona dependiente será subordinada de la empresa y ésta hará los pagos al sistema integral de seguridad social bajo las normas que cobijan a cualquier trabajador formal en el país. Pero el repartidor no podrá trabajar en otras plataformas. Y en la segunda, la indirecta o independientes / autónomo, los aportes se compartirán entre la empresa y el trabajador. “las plataformas aportarán el 60 % de las contribuciones, mientras que los repartidores darán el 40 % restante, salvo en materia de riesgos laborales, en donde la compañía asumirá el 100 % de la contribución”.
Por ahora estamos en el primer paso de la nueva reforma laboral: se radicó en el Congreso. Le hace falta todo el camino en el Legislativo y, como ya es bien sabido, una cosa entra y otra es la que sale. Esta reforma es clave dentro del paquete de cambios estructurales que propuso este Gobierno, está enlazada con la reforma pensional y toca de manera directa la vida diaria de cada persona que hoy trabaja de manera formal en Colombia -más o menos la mitad de la población en edad productiva-. Entre tanto el gremio de las cooperativas, en donde 6,3 millones de personas están afiliadas y genera unos 140.000 puestos de trabajo, dijo que le había presentado 20 recomendaciones a la ministra de Trabajo para la reforma, pero la mayoría no fueron tenidas en cuenta.
En Colombia, de acuerdo con las cifras más recientes del Dane, “la población ocupada llegó a 22 millones de personas, por lo que se calcula que 12 millones tienen un empleo informal y los 10 millones restantes, uno formal” (en cifras del segundo trimestre del año, abril a junio). Así que los y las trabajadoras informales representan el 55,8 %. Y a eso hay que sumar que unas 2,76 millones de personas no tienen empleo. Por eso, con esta lectura, es que el Congreso debe tener en cuenta que una reforma laboral debe perseguir varios objetivos de país, con unos primordiales, sin duda: generar empleo para los que no lo tienen y llevar a la formalidad a los que están por fuera de esa posibilidad. Si logramos, como país, esas dos tareas y eso al final es generar empleo de calidad para que las personas estén cubiertas ante riesgos laborales, tengan acceso a la salud, coticen a pensiones, tengan derecho a vacaciones, caja de compensación familiar y cesantías -al menos con un salario mínimo-, esa sí logrará ser la reforma laboral estructural que tanto necesita Colombia. Por la que todos deberíamos trabajar.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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