Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En abril de este año Prebuild, publicitado como uno de los más importantes jugadores de la construcción en Portugal y que había hecho en 2012 su entrada triunfal al mercado colombiano, empezó a cubrirse con una estela oscura de dudas. Varios de sus proveedores empezaron a denunciar que la organización internacional no les estaba pagando, que no estaba cumpliendo con sus compromisos, que una bola de nieve creciente de deudas se avistaba, que se venía una crisis grave.
Y sí. Aunque al comienzo muchos dudaron porque el aterrizaje de Prebuild había tenido el aval del Gobierno, de políticos, de embajadores y muchas caras conocidas de la alta sociedad, ayer, de la mano de la Superintendencia de Sociedades, el país se enteró de que el ente regulador dio la orden de liquidación judicial a Prebuild Construcción y Servicios de Construcción, Prebuild Colombia y Ekko Promotora. La razón: “las tres sociedades se encuentran imposibilitadas para cumplir con sus obligaciones mercantiles, hasta el punto de suspender el pago corriente de algunas obligaciones y encontrarse en cesación de pagos”.
Dicha decisión la habían solicitado Andrés Parias Garzón, superintendente delegado, y un grupo de unos 30 trabajadores activos y acreedores laborales del Grupo Empresarial Prebuild Colombia S.A.S. y Ekko Promotora S.A.S., afectados por la delicada situación financiera de los portugueses en Colombia. En la argumentación tenida en cuenta se decía que esos trabajadores denunciaron “malos manejos administrativos e incumplimiento en aproximadamente cuatro meses de salarios, aportes a seguridad social, descuentos de carácter fiscal, descuido y abandono de los activos de la empresa, entre otras preocupaciones”.
Carlos Augusto Paredes, representante legal de la compañía contactado por El Espectador, prefirió no pronunciarse al respecto, pues “la verdad, lo que sé es por lo que ha salido por los medios, pero no he sido notificado de la orden de liquidación forzosa”.
Andrés Díaz, uno de los afectados, dejó claro que esta realidad es “simplemente una consecuencia de una administración que actúo de manera incorrecta, falló con sus obligaciones, y estamos expuestos a la recuperación de lo que quede”.
¿Qué sigue? Se viene la valoración de activos y de la deuda. El agente liquidador convocará a audiencias para ver cuánto se le debe a cada acreedor, pero la prioridad son los trabajadores y los costos parafiscales. Luego créditos, pago de impuestos y proveedores. El proceso puede tardar unos dos años.
Conoce más