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El penalista de la terna

El nuevo candidato a fiscal, Jorge Aníbal Gómez, trabajó durante más de 36 años en la Rama Judicial.

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Fue cuando Jorge Aníbal Gómez Gallego alcanzó el título de magistrado del Tribunal de Medellín, que empezó a conocer de primera mano el poder del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Uno a uno, vio cómo amigos y colegas sucumbían ante las balas o las bombas del capo de capos. Mes tras mes se veía obligado a asistir a algún funeral. A su despacho también llegaron casos del cartel de Medellín y, en una ocasión, supo que se planeaba cometer un atentado en su contra, que nunca se perpetró. Siendo honesto, no se explica por qué no le tocó a él. Su esposa, Marta Inés González, le pidió innumerables veces que renunciara. Nunca lo hizo.

De haber aceptado, no podría acreditar los más de 36 años de carrera judicial que hoy son su as en la disputa con el consejero de Estado Marco Antonio Velilla y la procuradora delegada Margarita Cabello por el cargo de fiscal general. Desde agosto del año pasado, cuando la Corte Suprema comenzó a evaluar la primera terna elaborada por el presidente Álvaro Uribe —ya todos renunciaron—, el alto tribunal manifestó su inconformismo al notar que ninguno de los entonces candidatos tenía perfil de penalista. Arguyeron que el nuevo sistema penal acusatorio así lo requería. Y de esa posición no se han movido.

Paradójicamente, parece que la experiencia como penalista de Gómez Gallego se está tornando en su contra. Voces críticas lo han puesto en la mira por haber representado a William Montes y Vicente Blel, investigados por el escándalo de la parapolítica. El primero fue absuelto por un juez de Bogotá; el segundo fue condenado a siete años de prisión. “Yo me retiré en 2004, ¿qué mas podía hacer sino litigar? Desde que estaba en la universidad me han encantado los temas penales. En esa época me fascinaban los jurados de conciencia, porque eran la representación de la democracia en la justicia. Empecé en la Rama como auxiliar de oficinista judicial en el Juzgado Superior de Medellín, que era el último puesto. Desde ahí, siempre quise ser juez penal”, cuenta Gómez.

Otras voces le han reprochado su fe. Como defensor del procurador Alejandro Ordóñez lo asocian con las costumbres religiosas del jefe del Ministerio Público, miembro notable de la comunidad lefebvrista (ala ortodoxa de la Iglesia Católica). Gómez le aseguró a este diario que no pertenece a tal grupo. “Soy católico, voy a misa los domingos, pero eso nunca ha interferido en mis conceptos jurídicos”, sostiene. Nacido en Girardota (Antioquia), se graduó como bachiller del Seminario Conciliar de Medellín, donde estudió filosofía por tres años. Pero, afirma, siempre quiso ser abogado, como su padre, Belisario Gómez, quien falleció de un ataque al corazón un mes después de que el menor de los 11 hijos que tuvo con Emilia Gallego obtuviera su diploma profesional.

En 1970 fue nombrado juez civil de Fredonia (Antioquia). A los cuatro meses se posesionó como juez penal de Medellín. De allí pasó a ser juez de instrucción criminal; en 1973, juez penal del circuito; en 1977, juez superior de Medellín; y magistrado del Tribunal Superior de Medellín entre 1985 y 1989. Un año más tarde fue uno de los fundadores del Tribunal Superior de Antioquia. En 1996 fue escogido como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la que fue presidente en 2003. Es por su paso por esta corporación que al menos diez magistrados presentarán impedimentos, pues Gómez participó en las sesiones donde fueron seleccionados como magistrados de la Corte.

Como integrante del alto tribunal es recordado por haber llamado a indagatoria a los 111 representantes a la Cámara que absolvieron al presidente Ernesto Samper por el escándalo del 8.000. Al final, un fallo de la Corte Constitucional tumbó el proceso y Gómez Gallego resultó investigado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por prevaricato. El caso tampoco prosperó y a mediados de 2004, entre fiestas, placas y misas conmemorativas, se retiró de la Corte Suprema. Luego conformó, junto con los ex presidentes de la corporación Nilson Pinilla Pinilla y José Roberto Herrera la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia.

Dicen que los impedimentos de sus ex colegas podrían trabar su camino a la Fiscalía. Defensores de Gómez Gallego recuerdan, entonces, que la Corte Suprema ya ha postulado o designado a ex magistrados en altos cargos, como es el caso de Francisco Escobar (presidente del Consejo de la Judicatura) o Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio (magistrados de la Corte Constitucional). Se discute si no tiene ya la edad de retiro forzoso para ciertos cargos públicos, que son 65 años. Hace 15 años, sin embargo, el Consejo de Estado anuló el acto administrativo con que se despidió al fiscal Gustavo de Greiff por su edad. A dos semanas de las que prometen ser unas enardecidas elecciones presidenciales, está en manos de la Corte Suprema determinar de una buena vez si, con la terna actual, por fin Mario Iguarán tendrá su sucesor.

Los vaivenes de la terna de la Fiscalía General de la Nación

Desde que Mario Iguarán concluyó su período como Fiscal General de la Nación, el 30 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo han tenido permanentes roces por la demora de los magistrados para elegir nuevo fiscal. Declarada inviable por la Corte la primera terna, presentada en julio del año pasado, tenía como candidatos al ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio, a la abogada Virginia Uribe y al ex ministro de defensa Camilo Ospina. Fue modificada en su totalidad tras la renuncia de los candidatos en el proceso para ser elegidos. Palacio, primero en desistir a la candidatura el 14 de octubre de 2009, fue reemplazado con la postulación del consejero de Estado Marco Antonio Velilla el 21 del mismo mes. A su renuncia le siguió la de Virginia Uribe, quien fue sustituida por la procuradora delegada Margarita Cabello Blanco, candidata que hasta el momento ha obtenido la mayor cantidad de votos en las sesiones de la Corte: 13 de los 16 necesarios. Por último, el candidato Camilo Ospina, quien renunció a la terna el 12 de mayo alegando problemas económicos, fue reemplazado por el ex magistrado de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez Gallego, el mismo día de su retiro.

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