Un país sin moral

Por eso tampoco es extraño que también se haya convertido en deporte nacional escapar de la nación para evitar enfrentar a la mal llamada ley cuando la rosca política de turno termina su ciclo o se carece de los fondos en el banco. En Colombia, la mayoría de las veces, no se falla en justicia, se falla en billetera, y cuando los casos son jurídicamente sancionables pero no convenientes, se juega la carta de la prescripción.

Todo esto es desesperanzador y perverso. Estos episodios, donde las supuestamente máximas e impolutas instituciones son puestas en evidencia en sus prácticas más cochinas, marcan un terrible presente, establecen un horrible precedente y además tienen la facultad de espantar a cualquiera que quiera invertir en Colombia o poner sus ojos en este lugar.

¿Qué clase de inversionista quisiera poner dinero en una nación donde queda claro que el lobby judicial es el que verdaderamente vale? ¿Qué puede pensar un joven estudiante de leyes sobre los mismos códigos que estudia? ¿Qué clase de cuestionamiento se le puede hacer a un delincuente cuando aquellos que tienen la labor de establecer su pena han cometido transgresiones mayores?

Pero tal vez lo que más duele es que todos se esconden en lo que dice la ley. Esa misma que ha sido pulida a imagen y semejanza de aquellos que hoy la violan. Dicen que hasta que no se les prueben sus señalamientos en norma, no darán un paso al costado.

La única salida para salvar la credibilidad de las instituciones es apelar a la poca dignidad que les puede quedar a los miembros de la Corte Constitucional y esperar su renuncia. Todos deberían seguir el ejemplo de los dos togados de la Corte Suprema que discretamente ya dieron un paso al costado. De lo contrario, inevitablemente se confirmará lo que en Colombia parece una realidad y es que en el país hay un déficit de moral y un superávit de leguleyos.