‘Báez’, ¿fuera de Justicia y Paz?

La consigna básica de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, ante los fiscales de Justicia y Paz ha sido que sus manos “no están manchadas de sangre” porque nunca tuvo injerencia en la tropa. Por eso no ha aceptado ninguno de los hechos imputados por el ente acusador y tampoco ha confesado ninguno aunque es sindicado de masacres, asesinatos y secuestros. Entre estos últimos está el de la senadora Piedad Córdoba. De las masacres, que son por lo menos tres, se recuerda la que le costó la vida al periodista Emeterio Rivas, en abril de 2003 en la vía que conduce de Barrancabermeja a Bucaramanga, o aquella en la que fue asesinado el líder indígena Gabriel Ángel Cartagena en junio de ese mismo año en Riosucio, Caldas.

Sin embargo, la puntada definitiva para pedir la exclusión de Báez de la Ley de Justicia y Paz la dio la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de febrero en la decisión en la que fue condenado el controvertido congresista caldense Dixon Ferney Tapasco, a siete años y medio de prisión por promover grupos paramilitares. En esa providencia el alto tribunal recordó que amparado en un salvoconducto que le había expedido el Gobierno Nacional, aunque fungiendo aún como jefe del bloque Cacique Pipintá (estructura ligada al bloque Central Bolívar que no se había desmovilizado entonces y que conservaba su poder ilícito intacto especialmente en el norte del departamento de Caldas), Báez resolvió apoyar, patrocinar y promover la candidatura de  Enrique Emilio Ángel Barco, quien fuera segundo renglón de su amigo Óscar González Grisales, asesinado en marzo de 2005.

El objetivo de Ernesto Báez era construir una plataforma sobre la que pudiera edificar su futura aspiración al Senado. Para la Corte, que Báez lo hubiera hecho como autodefensa en trance de desmovilizarse es asunto que abriría espacio a la discusión; “pero que se hubiera apoyado para ello en la estructura armada del frente Cacique Pipintá es tema que no deja duda acerca de la intervención ilegal de las autodefensas en el proceso electoral de 2006”.

Al considerar que actuó por fuera de los acuerdos con el Gobierno y apoyado en el frente Cacique Pipintá, para el alto tribunal  Ernesto Báez incurrió en desacato de los pactos incluidos en la Ley de Justicia y Paz, que le impedían seguir actuando ilegalmente utilizando el poder de la organización armada, debido a que se había comprometido a no seguir delinquiendo.

Por esa razón la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que determinara si la conducta del ex jefe político del bloque Central Bolívar podía conducir a que fuera excluido del proceso de paz que las autodefensas habían adelantado con el Gobierno. El pasado viernes y luego de analizar las evidencias en contra de Báez, el ente acusador radicó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá la solicitud para que el ex jefe de las autodefensas pierda los eventuales beneficios de la mencionada ley. Entre las gabelas, para Ernesto Báez estaba la posibilidad de obtener una pena alternativa de ocho años de prisión.

Si el Tribunal acepta la tesis de la Fiscalía, Iván Roberto Duque, su nombre de pila, sería juzgado como delincuente común y por eso podría enfrentar una pena que en ningún caso sería inferior a 40 años de prisión.