Retos de la comisión de reforma tributaria

Y no es fácil, pues los escenarios mundial y nacional tampoco ayudan, cuando enfrentamos bajos precios del petróleo con un impacto que, en palabras del Ministro de Hacienda, puede representar más de $14 billones, algo así como el 1,5% del PIB nacional. Súmele a lo anterior las inquietudes que podría acarrear la eventual modificación de la regla fiscal, así sus topes actuales de la relación deuda/PIB sean bajas comparadas con el concierto mundial. Si a lo anterior le sumamos los necesarios recursos para el posconflicto, la aparente inflexibilidad del gasto público a la baja y las urgentes inversiones públicas que el país necesita, posiblemente armamos un “caldo” muy difícil de administrar. La comisión debe plantear una reforma que cumpla con tres objetivos a la vez: mantener la competitividad del país y no perjudicar a los inversionistas y empresarios de forma significativa, lograr mayores niveles de equidad y asegurar un sistema tributario que garantice la redistribución del ingreso y, finalmente, mejorar el recaudo tal como la OCDE lo ha recomendado. Respecto al primer punto, bien vale la pena retomar la más reciente encuesta de la ANDI a sus afiliados, en la que calcula la tasa efectiva de tributación en Colombia, que derivado de las últimas reformas tributarias ya alcanza el 68,1%, con sectores como la industria en donde la tasa alcanza el 77,2% (explicación de sobra para su lamentable estado). Tasas que comparadas en el contexto regional son unas de las más altas de la región y tristemente también del mundo. Lo paradójico es que tal como lo señala la OCDE, la tributación respecto del PIB en Colombia no supera el 21%, siendo uno de los más bajos porcentajes en América Latina (los países desarrollados superan el 35%). En otras palabras, los pocos que pagan, pagan en exceso y la gran mayoría no paga nada. Es aquí donde justamente estará el reto mayor de la Comisión. ¿Cómo reducir los altos índices de evasión y elusión?, que en palabras de exdirectores de la DIAN puede llegar a los $50 billones con niveles del 25% en renta y del 21% en IVA. Si solamente hiciéramos un esfuerzo por atrapar parte de esas rentas no recaudadas, solucionaríamos buena parte de las necesidades para el mediano y largo plazo del país. En el reto de la equidad seguramente aparecerá la discusión sobre el IVA. Vale decir que en este asunto existe margen suficiente para aumentar dos o tres puntos porcentuales, pero sobre todo para eliminar tantas exenciones de IVA, y lograr que el recaudo sea mucho más que el 4,9% del PIB que es un promedio supremamente bajo comparado con el resto de América Latina. Una opción para mitigar el efecto social es destinar el aumento de la tasa a proyectos sociales específicos en beneficio de las clases menos favorecidas. En el tema de renta el camino es similar. Ampliar la base de la tributación, eliminar las exenciones e incorporar esa gigantesca masa de informalidad laboral, dado que luego de la penúltima reforma tributaria todos los actuales trabajadores están tributando bastante más de lo que hacían antes. Finalmente, se hace necesario volver sobre la idea de gravar los dividendos, que sin duda es una opción técnicamente más aceptable del burdo impuesto a la riqueza o al patrimonio que quedó incluido en la última reforma tributaria. De postre: tremendamente preocupante el nivel de desconfianza a que hemos llegado respecto de nuestras instituciones, y en particular a la sagrada institución de la justicia. Los abusos, la corrupción, los carruseles y la utilización de ella con fines políticos merece atención y urgente acción de todos los actores de la sociedad para salir adelante. De no hacerlo estamos destruyendo una pieza clave en la competitividad del país y en el futuro respecto a los valores democráticos. jrestrep@gmail.comTwitter: @jrestrp