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Diversas reacciones produjo la certificación que le dio el viernes Estados Unidos a Colombia en derechos humanos, la cual, según algunos analistas, fue condicionada. El ex canciller Augusto Ramírez señaló que si bien se trata de una “buena noticia” y un “ estímulo para el país”, la referencia hecha por el Gobierno norteamericano sobre los llamados falsos positivos y las ‘chuzadas’ ilegales por parte del DAS, muestra de todos modos que faltan cosas por superar y que seguimos en la lupa de la comunidad internacional.
Ramírez Ocampo explicó además que dicha certificación no tiene efectos jurídicos a nivel internacional y es un reconocimiento a la tarea que viene cumpliendo no sólo el Estado colombiano, sino también mucha gente que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos en los múltiples centros académicos, a pesar de los riesgos que ello conlleva. En criterio del precandidato del Polo Democrático, Gustavo Petro, la certificación a Colombia no es un hecho nuevo a pesar de las inmensas violaciones de derechos humanos: “En general, es una actitud política en función de sus aliados militares”.
En el mismo sentido, el politólogo Alejo Vargas consideró que “es un mensaje para el propio Congreso norteamericano, para darles vía libre a algunos recursos amarrados a esa certificación”. Por el contrario, el ex canciller Fernando Araújo piensa que es un reconocimiento a la política de “respeto a los derechos humanos” que ha desarrollado este Gobierno, que no se puede desconocer por algunos “casos aislados”.
Según el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, la certificación en derechos humanos permitiría que el Congreso norteamericano libere los fondos restantes del año fiscal 2009 para el Plan Colombia. “No hay duda de que tiene que haber mejoras en ciertas áreas; sin embargo, el Gobierno colombiano ha hecho esfuerzos significativos para incrementar la seguridad de su pueblo y para promover el respeto a los derechos humanos por parte de sus Fuerzas Armadas”, aseguró el funcionario, agregando que “años de capacitación están conduciendo a un mayor respeto y entendimiento de los derechos humanos por la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas”.
Kelly reconoció los “avances significativos”. Por ejemplo la presentación de cargos contra cinco miembros del Ejército por actuar junto a paramilitares en el homicidio de 20 civiles y la sentencia a siete soldados por el asesinato de un miembro de la comunidad de San José de Apartadó, así como la presentación de cargos por parte de la Fiscalía contra otros diez por la masacre, en 2005, de ocho miembros de esa misma comunidad.
Sin embargo, el portavoz del gobierno estadounidense advirtió que Colombia sigue afrontando varios retos “inquietantes”, como las llamadas ejecuciones extrajudiciales, que son la “prueba de que las extensas reformas de las Fuerzas Armadas no se han aplicado plenamente”. Y aunque se hicieron notar avances en la toma de acciones por parte de la misma Fiscalía y la Fuerza Pública, indicó que esos casos requieren “un liderazgo firme de las Fuerzas Armadas para resolver y eliminar abusos, y mejorar la cooperación con la oficina del Procurador General para que los responsables rindan cuentas”.
El Departamento de Estado también catalogó de “problemáticas” e “inaceptables” las acusaciones de que el DAS ha interceptado ilegalmente llamadas telefónicas y ha hecho vigilancia ilegal a dirigentes políticos de la oposición y periodistas, entre otros.
Finalmente, Kelly enfatizó que a Estados Unidos le continúan preocupando los asesinatos extrajudiciales y las acusaciones contra el DAS, y “continuará presionando por mejoras en la situación de derechos humanos en Colombia y subrayando la importancia que le damos a este asunto”. Por último, reiteró el compromiso del Gobierno norteamericano de seguir ayudando a Colombia y trabajar con los grupos defensores de los derechos humanos, dentro y fuera de ese país, en busca de mejorar la situación.
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