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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene la última palabra en un asunto político y judicial que levantó polémica en diciembre del año pasado. A esa instancia llegó hace unos días una solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la que le pidió a la justicia que tumbe una sanción que impuso hace 10 años en contra del propio presidente Gustavo Petro y varios de sus alfiles que lo acompañaron en la Alcaldía de Bogotá. Lo sorprendente es que la petición de la entidad en cabeza de Cielo Rusinque solo arropa a Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama, Verónica Alcocer, quien, según fuentes de la entidad y el alto gobierno, estaría trabajando para borrar antecedentes como este para aspirar a cargos públicos.
El recurso que presentó la SIC, en cabeza de Rusinque, tiene apenas tres páginas y, dentro de su argumentación para pedir tumbar la sanción, es que, sencillamente, la SIC no probó la responsabilidad de Merlano Alcocer durante la investigación. Lo que probó en su momento la entidad es que Petro y varios de sus funcionarios en la Alcaldía de Bogotá violaron el régimen de la libre competencia cuando intentaron cambiar el modelo de basuras en Bogotá. Para la SIC, el error estuvo en no dejar que empresas privadas participaran de él, cuando tenían cómo hacerlo. La sanción se conoció en 2014 y solo hasta 2024, Merlano Alcocer le pidió a la Superintendencia tumbar la sanción y, de paso, la multa a pagar más de $200 millones.
Aunque esa fue la cifra que quedó en el documento que hoy la SIC pide tumbar, el número ya supera los más de $500 millones por los intereses que se han ido acumulando por 10 años de mora, según los cálculos más conservadores. Más allá de la plata, lo que está detrás de este asunto es que, con esa sanción a cuestas, Merlano Alcocer no puede aspirar a un cargo, como el de la presidencia de Ecopetrol. Fuentes del alto gobierno le confirmaron a este diario que ese sería el objetivo del familiar de Verónica Alcocer por lo que, además, ya le pidió a la SIC reconsiderar otra sanción en su contra, por presuntas irregularidades cuando fue gerente del Acueducto de Bogotá. Merlano ha dicho que no es cierta ninguna aspiración.
El Espectador anticipó los detalles de este expediente en su edición del 24 de diciembre de 2024, cuando documentó que dos funcionarios estrella de la SIC habían renunciado a sus cargos, en medio de supuestas irregularidades para beneficiar a Merlano Alcocer y los planes del alto gobierno. En su momento, Rusinque y el presidente Petro calificaron como una mentira lo que denunciaron los ahora exfuncionarios. Sin embargo, lo cierto es que, un mes después de la polémica, la SIC formalizó la petición de tumbar el proceso contra el tío de la primera dama. Lo que contaron fuentes de la entidad es que, a finales de diciembre, funcionarios le inyectaron toda la velocidad al caso en plenas carreras para finalizar el año.
Por ley, Merlano debía pedirle a la SIC que reconsiderara su propia decisión y lo hizo en un primer recurso que estudió el Comité de Conciliación de la SIC a comienzos de diciembre. Dos miembros de esa instancia judicial se opusieron y, en esa misma reunión, que es reservada, explicaron que el recurso de Merlano no cumplía con los requisitos y dejaron claro cuáles debían ser. De manera sorpresiva, a los pocos días, llegó una nueva petición, justamente con los argumentos que ambos funcionarios habían expresado en la reunión del Comité. Así empezaron las presuntas irregularidades. Días después, los dos funcionarios que habían levantado su mano para rechazar la petición, explicaron que no podían seguir conociendo el proceso.
Lo que explicaron fue que, como ya habían conocido el proceso con otros argumentos, estaban impedidos para pronunciarse en el mismo tema. Lo mismo debía pasar con los demás miembros del Comité, pero hasta el 23 de diciembre, nadie más había levantado su voz. Fuentes que estuvieron en ese proceso explicaron que nadie más quiso apartarse de la discusión porque, por orden de los altos mandos de la entidad, el recurso de Merlano tenía que salir rápido y favorable. Los únicos que alertaron sobre estas presuntas irregularidades fueron Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra, quienes pocos días antes habían sido condecorados por su trabajo en la entidad. A finales de 2024, fueron declarados por la SIC como “funcionarios desleales”.
En medio de esa polémica de final de año, Sánchez y Sierra renunciaron a sus cargos. Su salida de la entidad atizó más el fuego del escándalo, pues la SIC argumentó que no era cierto, sino que le había pedido la renuncia protocolaria a varios funcionarios de la entidad. Sin embargo, este diario confirmó que ambos presentaron su renuncia motivada, voluntaria e irrevocable, en medio de la polémica por el proceso de Merlano Alcocer. Quienes los conocen aseguran que la decisión de salir de la entidad obedece a que no quisieron ser parte de ninguna “jugadita” que pudiera beneficiar de manera ilícita los cálculos de este ni de ningún gobierno. Al final, ni renuncia motivada ni voluntaria: ambos funcionarios fueron declarados insubsistentes.
Aunque la SIC radicó la solicitud ante el Tribunal formalmente el pasado 17 de enero, solo ayer fue noticia. A raíz de las publicaciones, Rusinque reaccionó y en un mensaje de X expresó: “Este asunto, que corresponde a un trámite trivial y corriente dentro de la administración pública, no obedece a ninguna voluntad oculta de servir a intereses distintos al estricto respeto del derecho y menos aún responde a un supuesto favorecimiento al Presidente”. Agregó que su entidad no ha hecho nada distinto a seguir la ley y acudir a la justicia para que resuelva el tema. “Como Superintendente, no tengo ni pretendo tener ninguna incidencia en el sentido del fallo”, puntualizó la superintendente. En medio del escándalo, la palabra final la tiene la justicia.
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