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En el lugar equivocado

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El Ministerio de Transporte ha manejado el asunto de Uber como si se tratara de una justísima protesta de sus amigos del gremio de taxistas. Ignora que las plataformas digitales para el comercio entre pares, P2P, pueden mejorar la vida de millones de personas.

Con las innovaciones tecnológicas surgen ganancias para unos y pérdidas para otros. De ahí los lobbies y pataleos. Con la introducción de los telares mecánicos perdieron el trabajo miles de personas al comienzo de la Revolución Industrial. Cuando se masificó el automóvil, quedaron sin oficio millones de caballos y mulas, y se arruinaron sus dueños. La electricidad golpeó las fábricas de velas y estufas de carbón y leña. Pero ningún gobierno declaró ilegal los telares, los carros o la electricidad.

La revolución de la internet ha afectado a muchos. Desaparecieron las tiendas que alquilaban películas y casi no quedan almacenes de discos. Todos los días mueren librerías y revistas, y es cada vez menor la circulación de los periódicos en papel. Y negocios como Amazon amenazan seriamente el comercio tradicional. Ningún gobierno sensato, sin embargo, ha declarado ilegal la internet.

El Ministerio de Transporte no entiende que Uber es sólo una de tantas empresas de la llamada “sharing economy”, que ponen en contacto a millones de personas para que arrienden activos o recursos ociosos: habitaciones de las viviendas (como airbnb.com); carros de particulares (relayrides.com); ropa y accesorios (stylelend.com); el tiempo de un chef para una cena (kitchit.com); dinero que algunos quieren prestarles a otros (lendingclub.com). Estos negocios les crean competencia a los hoteles, a las empresas que arriendan carros, los restaurantes y los bancos. Como les dan opciones y valiosos servicios a los consumidores, a pesar de las protestas de los afectados, los gobiernos los aprueban.

El caso de los carros ilustra bien las posibilidades de estas tecnologías. Los vehículos privados, en su mayoría, están parqueados más del 80% del tiempo y muchos de sus dueños tienen algún tiempo libre. Plataformas del tipo de Uber o Getaround permiten que esa capacidad ociosa sea utilizada por quienes necesitan transporte. Los taxis tradicionales se ven afectados, protestan y se ven obligados a cambiar su modelo de negocio. Pero los estudios disponibles muestran que el bienestar de los consumidores se eleva y las personas de menores ingresos se llevan la mejor parte.

Una ciudad con graves problemas de movilidad como Bogotá recibiría grandes beneficios con una mayor utilización de plataformas que optimicen el uso de los vehículos. Se necesitan muchos más sistemas como Uber, Tappsi y otros que puedan intensificar el car-pooling (compartir carros). El estupendo modelo WHEEL de la Universidad de los Andes es un éxito: reduce costos, ahorra tiempo e induce el menor uso de vehículos privados y públicos.

El Gobierno debería defender al consumidor y no los intereses de los sindicatos de taxistas. El Ministerio de las TIC y el equipo económico (DNP-Hacienda-Comercio) harían bien en trazar una ambiciosa política de puertas abiertas para recibir en forma ordenada y rápida las tecnologías digitales que se están introduciendo en otras partes del mundo. Allí también deben incluirse los avances en robótica y automatización, muchos de los cuales todavía no han llegado a estos páramos.

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