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Que la ciencia es un sector que está en serios problemas financieros ya es una frase de cajón en Colombia. El presupuesto que le destinan al Ministerio de Ciencias siempre suele estar en las últimas casillas: COP 400.125 millones, en 2024; y COP 299.864 millones, en 2025. En la otra cara de la moneda, Defensa suele tener más de COP 55 billones y Salud, alrededor COP 60 billones.
Para paliar ese hueco, Yesenia Olaya, la encargada de esa cartera, siempre ha reiterado que hay otra bolsa con jugosos recursos para los investigadores: la plata que proviene de las regalías que dejan actividades como el petróleo y la minería, y que se destina a proyectos de ciencia a través de convocatorias. No hay universidad o grupo de investigación que no esté pendiente de ellas: para muchos es la única manera de poder sacar adelante sus investigaciones.
La buena noticia les llegó a los científicos a mediados de octubre. El Minciencias anunció tres nuevas convocatorias por COP 1,3 billones. El 14 de octubre publicó en su página web los requisitos para quienes quisieran financiar sus proyectos. Investigadores como el físico Luis Núñez, doctor en Ciencias y profesor de la Universidad Industrial de Santander (UIS), o como el químico Rafael Molina, doctor en Ciencias Naturales Aplicadas y profesor de la U. Nacional, corrieron a abrir los enlaces para leer los documentos y sus múltiples anexos. Pero, en vez de ver un regalo de navidad, se llevaron un baldado de agua fría.
“Estamos fritos. Nos piden requisitos alucinantes para cumplir en plazos muy cortos”, señala Núñez. “Los documentos que piden enviar y los proyectos que piden estructurar no los alcanza a hacer bien ni un grupo de investigación ni la universidad más grande de Colombia. Mi grupo leyó la de ciencias básicas y, definitivamente, vimos que no había opción de poder participar”, añade Molina, que, como Núñez, tiene larga experiencia en esos procesos.
Los plazos a los que se refieren y que los tienen muy disgustados son los siguientes: para la convocatoria para formar talento humano (la 44), todo el papeleo debe estar listo antes de las 4 p.m. del 28 de noviembre. En juego hay COP 482 mil millones para los elegibles.
Para la convocatoria que busca financiar el desarrollo de inteligencia artificial en el país (la 46), dispusieron COP 630 mil millones. La idea es seleccionar un único proyecto. El plazo para presentar todos los documentos era de solo un mes: cerró el viernes, 14 de noviembre.
Y para la convocatoria en investigación básica (la 50), el plazo para presentarse vence este viernes, 21 de noviembre. El OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación —como se llama al órgano que toma esas decisiones, y del cual Minciencias ocupa la secretaría técnica— dispuso de $237 mil millones para financiar 24 proyectos, 12 para ciencias naturales y 12 para ciencias sociales y humanidades.
“¡Es que con convocatorias que buscan que se formulen macroproyectos y esperan que estén listos en un mes!”, reclama Elizabeth Bernal, secretaria general de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades. “Si a un investigador le toma tiempo estructurar una propuesta de ese tipo, ahora súmele el estrecho margen que tiene para hacer alianzas con diferentes actores y entidades, como lo piden las convocatorias”.
La convocatoria relacionada con inteligencia artificial (la 46) ilustra bien a qué se refiere Bernal: la propuesta debe ser presentada por una “alianza estratégica”, donde esté, al menos, una institución de educación superior, un actor del sistema de ciencia como un centro de investigación autónomo, una alcaldía y una gobernación. También debe haber una empresa colombiana.
Entre sus requisitos está tener un enfoque “diferencial e incluyente” y “territorial”, que busca “democratizar la ciencia”. Es decir, una propuesta recibirá mejor puntaje si dentro del equipo de trabajo incluye, por ejemplo, víctimas del conflicto armado, población en condición de discapacidad, grupos étnicos, desmovilizados y mujeres.
(Lea El Minciencias y el malestar por su poca atención a las ciencias básicas)
Cartas de cada una de las entidades participantes, un documento técnico detallado, presupuesto, proyecto de inversión y aval del comité de ética son otros de los requisitos que les pedían a los grupos que quisieran participar.
Nadie se opone a los requisitos, pero, a los ojos de Jonny Duque, doctor en Ciencias Básicas – Entomología médica y profesor de la UIS, “son imposible de cumplir en treinta días. En ningún país serio pasa esto. ¿Hacer un proyecto en un mes para aplicar a más de COP 600 mil millones? Esto solo busca excluir a una parte de la academia”.
“Súmele un punto más”, menciona Molina, de la U. Nacional. “¡En ocasiones piden que solo se pueda presentar un proyecto por universidad! La UNAL, con nueve sedes, la U. de Antioquia, la UIS o la U. de los Andes, con la capacidad que tienen, solo pueden presentar un proyecto de entre todos los grupos de investigación que tienen. Eso es desnaturalizar la ciencia”.
Los “peros” de las universidades
Los reparos a esta tanda de convocatorias ya habían sido advertidos por ASCUN y el Sistema Universitario Estatal (SUE). En una carta que le enviaron a la ministra Yesenia Olaya el 17 de octubre —tres días después de que se abrieran las convocatorias— resumían las observaciones de las universidades de Colombia. Además de la estrechez del plazo, le recordaban que las fechas en las que las publicaron coincidían con días difíciles para cualquier institución: están cerrando presupuestos y hay más tareas administrativas. Le pedían a Olaya que revisaran los términos, pero, como cuenta ahora Bernal, no fueron escuchados.
“Lo que proponen es un desgaste administrativo innecesario”, es como lo llama el vicerrector de Investigación de la Universidad del Quindío, Fáber Giraldo.
El 11 de noviembre, ASCUN jugó una última carta. Le envió un breve escrito al OCAD en el que le detallaba las inquietudes de las vicerrectorías frente a las tres convocatorias: “los plazos y cronogramas insuficientes para la formulación y concertación de alianzas”, “la carga administrativa y procedimental” y “los criterios técnicos y de experiencia excesivamente restrictivos” eran unas de ellas.
A la par que le solicitaba una ampliación del plazo, ASCUN le explicaba a los integrantes de ese órgano que todas esas preocupaciones “se traducen en una pérdida de confianza en los procesos, un desgaste institucional considerable y un riesgo jurídico y financiero significativo”. También lamentaba que el Ministerio de Ciencias se hubiese negado a hacer una reunión virtual para tratar esos “peros” con los representantes de universidades. Su única opción era que se hiciera presencial, pero muchas instituciones no están en Cundinamarca ni en Bogotá.
El Ministerio de Ciencias no está de acuerdo con estos reproches. Al consultarlo, dice que el proceso ha sido transparente. Para esa cartera “los plazos definidos en los términos de referencia permiten garantizar los principios de la gestión pública, la pluralidad, participación y transparencia, buscando atender las demandas territoriales identificadas, contando con unos tiempos razonables”.
Además, reitera que el proceso de construcción de las convocatorias, contó, en la etapa de diagnóstico, con la participación 1.595 personas. “En dichos ejercicios, la Academia (universidades) no solo fue invitada, sino que representó el 37% de todos los asistentes”, explica. Frente a los reparos técnicos, dice que, junto con el DNP, se realizan “mesas técnicas con las entidades proponentes con el fin de apoyar en la formulación de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas”. Y recuerda que en el bienio 2023-2024, se cumplió con la apertura de 11 convocatorias, por un monto de $2,7 billones.
La otra entidad a la que estas convocatorias le ha generado preguntas es a la Procuraduría. En una comunicación enviada el 12 de noviembre a la ministra Yesenia Olaya y a Natalia Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación, les mencionaba la intención de hacer una “actuación preventiva”, especialmente, por esa convocatoria de más $630 mil millones. ¿Los motivos? Los plazos reducidos, la “concentración regional de proyectos presentados” y la “ausencia de soporte técnico en la definición del presupuesto de la convocatoria”.
Les aclaraba que solo era una “actuación preventiva” y, de ninguna manera, buscaba tener injerencia en las decisiones administrativas. El objetivo era “anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública”.
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