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El presidente Gustavo Petro le dio un giro a la tuerca de su estrategia de paz y seguridad. En contraste con su narrativa de paz total, el mandatario ha adelantado en menos de año y medio alrededor de 13 bombardeos que desmarcaron su posición de mantenerse en las vías del diálogo. En una suerte de medida desesperada frente al acelerado crecimiento de los grupos armados y la presión de la Fuerza Pública para recuperar su capacidad territorial, el mandatario dejó a un lado su discurso y optó por implementar una ofensiva militar. Mientras tanto, en el Congreso espera para ser discutida la ley de sometimiento con la que busca darle piso jurídico a su política de paz total. De ahí que el principal reparo sea su falta de coherencia.
Hasta el momento las mesas de negociación que continúan abiertas no han mostrado mayores avances, en parte por un asunto fundamental como la falta de un marco jurídico del que apenas hace poco menos de un mes se radicó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la ley de sometimiento con la que se busca ese marco normativo para avanzar. A la par se radicó también la ponencia de archivo con la que cuatro congresistas buscan hundir la iniciativa bajo el argumento de que estaría fomentando la impunidad. Lo cierto es que ese proyecto escaló al Congreso con serios reparos, críticas y vacíos que han sido alertados por las altas cortes y hasta organismos internacionales.
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Por otro lado, uno de los principales compromisos de Petro al llegar al poder fue terminar con las operaciones aéreas contra los grupos armados que tuvieran en sus filas a menores de edad y mantenerse en las vías del diálogo como un símbolo de paz. Su posición quedó más en firme cuando el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró en agosto de 2022 que quedaban suspendidos los bombardeos. A la par, el mandatario abrió la mayor cantidad de tableros de negociación y mesas de conversación con grupos armados y bandas criminales de las principales ciudades. Sin embargo, la promesa de no atacar y negociar duró poco más de tres años y se comenzaron a erosionar sus propuestas para salir del conflicto armado.
Los bombardeos regresaron. El más reciente, considerado como uno de los peores en la era Petro, tuvo lugar en el municipio Calamar (Guaviare), donde murieron siete menores reclutados por la disidencia de “Iván Mordisco”. Los ataques por parte de este grupo armado, así como su fuerte expansión territorial, minaron la posibilidad de diálogo y Petro ordenó el primer bombardeo en julio de 2024. En seguidilla, las operaciones aéreas continuaron a tal punto que el mandatario aseguró en una reciente publicación en X que no se trata de un giro de su política de seguridad, pues hasta el momento van 12 bombardeos “ordenados por mi y exclusivamente por mi”, señaló.
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Para Jorge Mantilla, investigador experto en temas de crimen, seguridad y conflicto, más allá de un cambio en su estrategia, la ofensiva se podría entender más como una medida desesperada para mostrarse como un gobierno que también le apuesta a la mano dura. “Es una medida llevada por la inercia de lo que es el fracaso de la estrategia de paz total y que de alguna manera también pretende, en el marco de un proceso electoral, mostrar al gobierno, al Pacto Histórico, como un sector político que también puede emplear la mano dura, firmeza en temas de seguridad”, explicó Mantilla, quien asegura que la ofensiva del gobierno Petro no esté acompañada de herramientas para recuperar el control territorial.
En cuanto a la iniciativa presentada por el gobierno Petro y liderada por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, esta ha sido principalmente cuestionada porque otorgaría una serie de gabelas y beneficios a los grupos armados. La ponencia positiva fue radicada el pasado 1 de noviembre por el representante Alirio Uribe, acompañado por sectores de la U y Comunes – partido de las antiguas Farc. Con esto se sentarán las bases para avanzar con por lo menos siete mesas de diálogo en el marco de la paz total. Semanas antes, los congresistas José Jaime Uscátegui, Juan Daniel Peñuela, Julio César Triana y Marelen Castillo, radicaron la ponencia de archivo para hundir la ley de sometimiento.
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Lo cierto es que ambos documentos llegaron al Congreso en un contexto convulso conformado por la intensificación del conflicto armado en el país, incluso en las ciudades principales, lo que creó un ambiente de fracaso de la paz total; a eso se le sumaron los recientes bombardeos en los que han muerto menores de edad, lo que despertó los ánimos de rechazo y reclamos al mandatario y su gobierno; y, poco después de presentarse el proyecto, se conoció la renuncia del ministro Montealegre, lo que habría dejado sin cabeza la iniciativa. Y si bien se designó al exmagistrado César Julio Valencia Copete como nuevo jefe de la cartera de Justicia, este miércoles se conoció que desistió de aceptar el nombramiento.
“Desde el punto de vista político, la ley de sometimiento tiene muy pocas probabilidades de ser aprobada. El gobierno en este momento no tiene las mayorías necesarias, además el ambiente político no favorece la idea de entrar a negociar con grupos armados organizados al margen de la ley y menos vinculados al narcotráfico. Especialmente por la situación de orden público y los recientes atentados no solo a la población civil, sino también a las fuerzas militares”, detalló el abogado penalista Camilo Burbano, quien además apuntó que tampoco hay buenos vientos desde el punto de vista de las sociedad que considera que la paz total fue un fracaso y no hay justificación condonar penas cuando no ha habido voluntad de cambio.
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En eso coincide el investigador Mantilla, quien agrega más elementos que dejan entrever la mala hora en la que la ley de sometimiento llega al Congreso. “Teniendo en cuenta la polarización, la proximidad de las campañas presidenciales y la premura del tiempo, no creo que exista el ambiente necesario o favorable para que esta ley surta su trámite. De fondo hay un enorme problema de legitimidad de lo que es la política de paz total. Sobre todo es una ley que está atada a las conversaciones que ya se llevan desarrollando durante un largo tiempo y no dan mayores resultados. Eso de alguna manera genera un ambiente de suspicacia, de falta de claridad y proximidad”, dijo.
Precisamente, uno de los principales argumentos para hundir la ley de sometimiento a través de la ponencia de archivo tiene que ver con su nacimiento a partir de la Ley de Paz Total. Para los congresistas, la ley 2272 de 2022 “terminó evidenciando serias ambigüedades conceptuales, deficiencias institucionales y ausencia de resultados concretos, que hoy constituyen los principales antecedentes del fracaso del proyecto de ley que se analiza”. En su consideración, existen errores estructurales que quedan en evidencia en los pocos resultados tangibles durante las negociaciones con otros grupos armados, que, por el contrario, se habrían fortalecido en capacidad militar y expandido en territorio.
“Pedimos el archivo porque eso es seguir con la política de paz del embudo. La boca ancha para los criminales y el lado más angosto para la sociedad y las víctimas. En cambio, los criminales tienen reducción de penas, conservan parte de su patrimonio ilegal”, señaló el representante del Centro Democrático, Uscátegui, quien hizo referencia a los beneficios que quedaron establecidos en la ley de sometimiento que se radicó. Entre ellos, los más problemáticos son la reducción de penas para los integrantes de grupos armados hasta en un 60%, el beneficio de poder conservar hasta el 12% de los bienes ilícitos y el otorgamiento de penas entre 5 y 8 años de prisión.
Sin embargo, para algunos penalistas como el abogado Iván Cancino, la ley de sometimiento no es algo absolutamente negativo, por el contrario, señala que debe ser revisada con lupa para lograr destrabar el sistema judicial y carcelario del país, aunque la sociedad no esté completamente preparada para este tipo de procesos. “El presidente mientras negocia no puede aflojar. Vale la pena seguir adelante, pero a estas alturas del partido, el que siga delinquiendo y no muestre un interés real en la paz, tienen que ser excluidos y perseguidos por el Estado. Ese fue el mensaje que se debió enviar desde el principio, quien no cumpla los compromisos, será retirado, eso es una cosa apenas lógica”, explicó.
Si bien el presidente Petro hasta ahora está mostrando ese viraje en su política de seguridad, para Mantilla no es del todo cierto que el gobierno tenga la capacidad de implementar una ofensiva contra otros grupos armados como la que se tiene actualmente contra “Iván Mordisco”, esto en parte porque el recrudecimiento de la violencia se da en un contexto de disminución de capacidades de la fuerza pública a nivel logístico, de pie de fuerza, de inteligencia. Con el alcance minado, según explica el investigador, es probable que el gobierno no pueda abrir otros frentes de batalla contra el ELN en Arauca o contra el Clan del Golfo en el sur de Córdoba.
Desde el punto de vista jurídico también hay reparos que detienen la ley de sometimiento. Para el abogado Burbano, esa iniciativa le da muchos beneficios a los grupos armados organizados poniéndolos en un escenario donde tienen mucho que ganar y poco que perder. “La situación en Colombia no permite, desde el punto de vista jurídico, condonar penas cuando estamos viendo delitos que pueden ser calificados en muchos casos como infracciones al DIH o crímenes de guerra. También hay casos en que efectivamente estos grupos no han mostrado una verdadera y clara intención de dejar de delinquir”, detalló Burbano y agregó que se está enviando un mensaje equivocado, sobre todo con la reducción de penas.
Los conceptos negativos y las alertas por los puntos más críticos de la ley de sometimiento van desde la falta de participación de las víctimas hasta la necesidad de que sea tramitada bajo ley estatutaria y no bajo una ordinaria por el contenido de la iniciativa. En esencia, uno de los puntos que más llama la atención es la tasación de penas que se podría traducir en impunidad. El artículo 22 del proyecto de ley establece el “tratamiento penal especial diferenciado para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y grupos armados organizados (GAO)”, el cual señala que se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período máximo de ocho años y no superior a ocho años.
“El Gobierno Nacional ha decidido darle un trato penal diferenciado a los GAO, GAOML y los Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI); sin embargo, no justifica: 1. Por qué se están estableciendo penas de 5 a 8 años para reincidentes; 2. La justificación para rebajar penas del 40 % y 60 % a los integrantes de los EAOCAI y establecer una pena de 5 a 8 años para los GAO y los GAOML”, señalan en su ponencia de archivo los cuatro congresistas, entre ellos, Uscátegui, quien asegura que es innecesario plantear un nuevo mecanismo de sometimiento, “sobre todo uno como este que ofrece mayor impunidad y nos vamos a oponer”, agregó.
Por su parte, la Corte Suprema emitió un concepto negativo frente a la ley de sometimiento. El alto tribunal detalló que la iniciativa presenta vacíos jurídicos y riesgos para los derechos fundamentales. Por un lado, el proyecto no evidencia una participación directa y efectiva de las víctimas. “La implementación de un modelo como el que pretende el proyecto no puede concentrarse exclusivamente en el ofrecimiento de beneficios penales sin que se consideren de manera paralela las preocupaciones por la materialización de la reparación a las víctimas”, se indicó en el concepto en el que también se alertó por la falta de un diagnóstico claro de los desafíos operativos del impacto fiscal.
El documento también cuestiona que el proyecto permita la inclusión de personas que reincidieron en delitos después de haberse desmovilizado bajo los regímenes de Justicia y Paz o de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para la Corte, este aspecto “desconoce la finalidad de dichos procesos y vulnera el deber del Estado de garantizar la no repetición”. Al mismo tiempo alerta por aspectos que deben tramitarse como ley estatutaria y no ley ordinaria. En este sentido, el alto tribunal advirtió que la constitucionalidad de la iniciativa podría verse comprometida si no se ajusta al procedimiento adecuado.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la reparación integral, el riesgo de inconstitucionalidad por otorgar nuevos beneficios penales a reincidentes en la violencia armada. “No deben otorgarse beneficios a personas que, habiendo accedido previamente a mecanismos de justicia transicional, reincidieron en la violencia. Para estas personas solo serían constitucionales mecanismos de sometimiento a la justicia. Se debe evitar incentivos perversos que beneficien en igual o mayor medida a quienes incumplieron acuerdos de paz pasados respecto de quienes han cumplido sus compromisos de paz”, señaló la Defensoría que también advirtió riesgos en la excarcelación sin aportes a la verdad y a la reparación.
Abogados penalistas, investigadores expertos en conflicto y organismos internacionales coinciden en que el ambiente en el Congreso cada vez es más oscuro para que la ley de sometimiento sobreviva. El presidente Gustavo Petro se mantiene firme en su ofensiva total contra los grupos armados. Mientras que los 13 bombardeos encierran lo que muchos han señalado como el fracaso de la paz total y la inconsistencia en la estrategia del mandatario.
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