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Por errores en la investigación que se adelantaba contra varios integrantes del Consejo de Estado, la Procuraduría archivó todo lo actuado en ese proceso disciplinario. El caso estaba relacionado por supuesto manejo irregular de varios expedientes al seno de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Varios servidores de la Secretaría General estaban en la mira del Ministerio Público por el supuesto tráfico de los documentos que, se presumía, se había convertido en un nido de corrupción al interior de esa entidad.
Asímismo, estaba involucrado un funcionario de la Procuraduría que, ante los vicios observados por el mismo organismo de control en la investigación, terminó desvinculado de la actuación disciplinaria del ente investigador.
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