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La reforma agraria del gobierno Petro tuvo esta semana un impulso importante con le acuerdo de compra de tierras al que llegó la administración nacional con Fedegán, el principal gremio ganadero del país.
Además de esto, también se están dando otros pasos en el camino para cumplir el mandato del Acuerdo de Paz, pero también a transformar la productividad del campo.
La ministra de Agricultura, Cecilia López, explica qué se está haciendo y qué se tiene pensado para evitar los errores que han terminado por hundir reformas de este tipo en el pasado.
¿Cómo arranca la reforma agraria liderada por el Ministerio de Agricultura?
La reforma agraria arrancó hace 15 días. Esta se hace con cuatro instrumentos, el primero es la legalización de predios y hace 10 días lanzamos 681.000 hectáreas que se están titulando y repartiendo los títulos en todo el país.
¿Cuál es la importancia de este componente de titulación?
Esta propuesta no solamente implica pasar de la ilegalidad a la legalidad a muchos campesinos, afrodescendientes e indígenas. Con ello tendrán acceso a lo que acompaña esta reforma agraria y es toda la operación de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que les lleva crédito y proyectos productivos.
¿En qué consiste el segundo elemento?
Es sobre las tierras de los narcos. En eso ya venimos trabajando y en cerca de un mes se van a entregar aproximadamente 125.000 hectáreas que cambian de arrendatario. Se van los que están en este momento y pasan a arrendar los grupos de campesinos, familias productoras indígenas y afrodescendientes. Estamos viendo cuáles. Los dos primeros componentes ya están funcionando.
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La compra de tierras es otro de los instrumentos que tienen, ¿cómo fue el inicio de este con el acuerdo al que llegaron con Fedegán?
Acordamos que los ganaderos les van a ofrecer al Gobierno tres millones de hectáreas. Esto es histórico porque se comprometen a ofrecernos esa cantidad. Pero eso viene paso por paso. Cada ganadero que quiera tiene que hacer su oferta, no se compran tres millones de hectáreas en bloque ni a una ni a cinco ni a 10 personas.
Esto se hará con todos los instrumentos que tiene el Ministerio para determinar la capacidad productiva de las tierras que nos ofrezcan. El IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) va a determinar con la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) los mínimos y máximos de precios. Después, el catastro multipropósito se aplicará como piloto en esas zonas.
Cuando se compre la tierra, a precios de mercado, se distribuirá de tal forma que se desarrollen proyectos productivos de grupos de población.
¿Cuál es el cuarto elemento que aún no ponen en marcha?
Es el que se desprende de la sentencia de la Corte Constitucional sobre los baldíos. Estamos esperando que nos llegue la sentencia completa para poder determinar cuál sería la acción que tendría que hacer el Ministerio. Eso complementa todo el esquema y los cuatro instrumentos de reforma agraria que estamos aplicando.
¿Qué errores de reformas pasadas no quieren repetir en este Gobierno?
Hay muchos errores que no queremos repetir, pero el más importante es el de solo entregar tierras. Fue un error terrible y eso nos lleva a dos compromisos que no ha habido antes. El primero es movernos hacia que el país se vuelva una potencia alimentaria, vinculando los sectores que no han tenido opción. El segundo es contribuir a la paz total.
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¿De dónde saldrá el presupuesto para la compra de tierras y cuál es el estimado del costo?
Son tres millones de hectáreas lo que demanda el punto uno del Acuerdo de Paz y un propósito del Gobierno es cumplirlo. Claro que eso debe ser de un plazo de 12 años, de los que ya han pasado seis que están por fuera del pedido de este Gobierno. Pero obviamente quisiéramos poder cumplir con todo y haremos el esfuerzo.
Ahora, ¿cuánto vale? Dependemos de las ofertas que nos hagan, no solamente los ganaderos, sino también otros sectores que ya nos están hablando de donaciones y posibles ventas. Entonces, tenemos que esperar las ofertas que son voluntarias y después haremos el proceso para ver si son productivas y fijar precios. El presidente Gustavo Petro estima que los tres millones pueden costar $60 billones, pero depende de los precios. La forma de financiarlo podría ser con deuda pública u otros mecanismos que estamos estudiando en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
Para cumplir con el punto uno del acuerdo, ¿es necesario comprar esos tres millones de hectáreas? ¿No se pueden buscar con otros mecanismos, como el de baldíos?
El presidente ha dicho que esta reforma se hará dentro de la frontera agrícola. No se va a hacer como siempre, con baldíos para que no le cueste al Gobierno. No, aquí hay una inversión y, afortunadamente, tenemos los mecanismos los para que sea transparente y eficiente.
¿Cuáles son los retos o dificultades que han tenido con este inicio de la reforma?
Aquí ha habido una voluntad política inmensa. Llevamos dos meses en el gobierno y ya tenemos tres instrumentos de la reforma agraria funcionando. Hay una voluntad clara del presidente y esto se expresó en la campaña, es por lo que votaron. Este país necesita que la concentración de tierra no siga siendo uno de sus grandes dramas y frenos para que este país tenga paz. En el fondo, la reforma agraria lo que está es en la búsqueda de la paz total.
¿Cuál mecanismo o herramienta que van a usar para redistribuir esas tierras?
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene más de 39.000 demandas o procesos jurídicos de gente demandando tierra. Ellos están clasificados como personas sujetas a los beneficios de la reforma agraria. En esos listados está toda la gente que lleva años solicitando tierra. Claramente, están los instrumentos y la información definir cómo se asigna, según la región y vocación productiva. El Ministerio tiene la información, así como la ANT.
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Más allá de adquirir las tierras, ¿qué están haciendo para cumplir con el primer punto del Acuerdo de Paz sobre la reforma rural integral?
El hecho de que aquí no solo va a repartirse tierra, sino que se va a hacer acompañamiento desde la ADR con proyectos productivos. Esta reforma agraria no solo entrega tierras, también ayuda a desarrollar proyectos. Eso tiene unos costos muy altos que no se han estimado y hay equipos evaluándolo porque son recursos necesarios. Llegar solo con tierra es lo que ha hecho que fracasen los intentos de reforma agraria en el país.
Además, esto es muy complejo porque estamos mirando qué pasa con la energía, el acceso al agua, los distritos de riego. Esta es una reforma agraria que cruza muchas de las agencias e instituciones del Estado y de las demandas que la actividad productiva rural tiene, especialmente agua, luz y conectividad.
También estamos tratando de que los bancos se comprometan a una estrategia para desarrollar mecanismos de conectividad mucho más eficientes porque sin esto el costo de los créditos es muy alto y dificulta llegarle a la población rural.
Como recién inicia el proceso de compra de tierras, ¿tienen un estimado de las que van a comprar?
El presidente quiere que cumplamos la meta que pone el Acuerdo de Paz, pero depende de la tierra que nos ofrezcan a nosotros. Mientras tanto, sabemos que este año muy probablemente vamos a titular un millón de hectáreas, ya llevamos 681.000. La SAE (Sociedad de Activos Especiales) también va a titular y nosotros seguimos en el proceso, de tal manera que estamos estimando que podemos tener unas 800.000 hectáreas tituladas a final de año más otras 100.000 de la SAE. Eso suma 900.000 más otras cerca de 900.000 que tituló el Gobierno anterior. Creo que estaremos cerca de dos millones de hectáreas de los siete que hay que titular, de acuerdo con el punto uno de La Habana. En cuanto a distribución de tierra, ya sabemos que la meta es de tres millones, de los que el Gobierno Duque solamente adjudicó 900.000. Es la información que tenemos.
¿Por qué esta reforma es tan importante para el Gobierno?
Es crítica porque este de los grandes cambios que puede hacer el Gobierno. En el país no ha podido hacer una reforma y ya estamos moviéndonos muy rápidamente para hacerla y empezamos con titulación. Lo que está pasando en este momento es una prueba de que la reforma agraria sí es posible.
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