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Aunque es conocido el malestar que siente el presidente Gustavo Petro hacia la procuradora Margarita Cabello, en los últimos días la tensión se ha agravado por cuenta de varios casos a los que el Ministerio Público les sigue el hilo debido a posibles irregularidades. El Gobierno ha sido tajante en decir que las actuaciones de la funcionaria solo pueden ser catalogadas como “persecución”.
Cabello dejará su cargo en 2025 y no ha desestimado el tiempo que aún tiene como cabeza de la Procuraduría para aplicar inhabilidades, abrir investigaciones e incluso emprender medidas directamente dirigidas al presidente. En sus pronunciamientos ha dejado claro que poco comparte las ideas del jefe de Estado.
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Nada más este jueves, un día después del anuncio que hizo el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de buscar una Asamblea Nacional Constituyente a través de un acuerdo nacional que comenzará a andar desde la siguiente semana, la procuradora celebró públicamente los 33 años que cumplió la Constitución Política del 91, la cual, dijo, defenderá desde su cargo para que el país no caiga en “futurologías”.
“Estaremos articulados para que los servidores públicos de este país acaten, cumplan la Constitución y la fortalezcan. Eso es lo que necesitamos hoy, mirar el presente”, señaló Cabello, quien el pasado 3 de julio pidió abrir un incidente de desacato en contra del jefe de Estado y el ministro de Minas, Andrés Camacho.
Esta petición busca que el Gobierno cumpla con una orden judicial que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para nombrar a los seis expertos necesarios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Y aunque en este punto no se escuchó respuesta del mandatario, sí la hubo frente a la inhabilidad que se le aplicó el mismo 3 de julio al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por presunta participación en política durante su mandato en 2022, lo que reavivó una vieja pelea de Petro con el Ministerio Público, que en 2013, bajo la dirección de Alejandro Ordóñez, destituyó al actual jefe de Estado de su cargo como alcalde de Bogotá.
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“La procuradora volvió a infringir la Convención Americana de Derechos Humanos. Ningún funcionario administrativo le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia”, sostuvo Petro, a quien Cabello señaló de irrespetar las leyes nacionales, pero querer aplicar las internacionales.
Quintero, quien sostiene que la procuradora busca sacarlo de la carrera por la Presidencia de 2026 acumulando sanciones en su contra, le dijo a El Espectador que Cabello “nunca ha querido dejar gobernar al presidente. Es parte de una de las plataformas politiqueras más importantes para frenar el cambio. Cientos de alcaldes sí participaron abiertamente en política, incluida Claudia López, y no han tenido ningún proceso similar”.
A esta inhabilidad, que tiene origen por el video que publicó Quintero en apoyo a Petro diciendo “el cambio en primera”, se le suman otros casos por presuntas irregularidades en programas o contratos celebrados por el Gobierno.
Tal es el caso del negocio que ejecutó la Imprenta Nacional con la empresa mexicana Accesos Holográficos para la elaboración de las cédulas de extranjería, un proceso que no ha estado lejos de las dudas y los señalamientos de una posible tercerización del contrato, que, como se recordará, fue entregado a la Imprenta por decisión de Migración Colombia. La Procuraduría estudia las posibles irregularidades.
Cabello también le ha puesto la lupa a otro contrato: una licitación por $407.844 millones para instalar internet en escuelas del país que, de hecho, acaba de ser suspendida por orden del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, tras la advertencia de la entidad de supuestos cambios irregulares en el pliego de condiciones.
Sobre la reforma agraria, uno de los proyectos del corazón de Petro, la Procuraduría sostuvo en un informe que publicó en junio, que habría compras irregulares de tierra y que estarían en riesgo casi $137.000 millones. Precisamente, sobre esto y sobre varias denuncias que hay en la Corte Constitucional contra el artículo 61 del PND, con el que se ha agilizado la compra de tierra, hablará Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Desde el Gobierno han calificado algunas de estas acciones como una persecución contra el proyecto político y sacan a relucir que se han presentado varios recursos jurídicos contra Cabello por presuntas acciones que favorecerían a cercanos, sectores empresariales y a clanes políticos.
Varias de estas quejas las ha presentado la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, quien aseguró a este medio que habría una estrategia articulada para perseguir a funcionarios. “Cabello ha ejercido más como una líder de la oposición que como una funcionaria que tiene a su cargo la moralidad pública, la salvaguarda de la Constitución y el control disciplinario. Hemos denunciado presuntos actos de corrupción y esperamos que avancen”, precisó.
No obstante, la Procuraduría ha defendido la regularidad de sus acciones y se muestra presta a continuar examinando todo proyecto, contrato o señalamientos de inconsistencias. Seguramente, en lo restante de 2024 los roces y “peleas” entre el Ejecutivo y el Ministerio Público seguirán teniendo lugar.
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