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La Contraloría General de la República le solicitó a la Corte Constitucional que mantenga la vigencia de los decretos de la emergencia social durante un tiempo razonable, en caso de que la declare inexequible.
En una misiva dirigida al alto tribunal, manifestó que la suspensión intempestiva de las disposiciones del Ejecutivo para mitigar la crisis que vive el sector salud traerían consecuencias aún más negativas que las que enfrenta actualmente.
Las pretensiones de la Contraloría coinciden con recientes observaciones del Gobierno Nacional, que elevó una petición similar a la Corte, con el fin de contar con un plazo perentorio para emitir nuevas disposiciones tendientes a facilitar la materialización de la reforma, frente a la declaratoria de inconstitucionalidad que eventualmente pueda ser resuelta en Sala Plena.
El mismo presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, había señalado la imposibilidad para posponer la determinación final, más allá del 16 de abril, en virtud del vencimiento de los términos y precisó, posteriormente, que una declaratoria de inexequibilidad fijaría automáticamente la inconstitucionalidad de los demás decretos.
Sin embargo, el magistrado aclaró que los efectos del fallo no pueden ser conocidos por la opinión pública hasta tanto no se produzca la decisión final, por cuanto no era descartable aún que la vigencia de los demás decretos pueda mantenerse durante algún tiempo.