La cruzada judicial de Piedad

Todos, liberados y cautivos, familiares de los unos o de los otros, aquellos que padecieron —o aún padecen— el horripilante flagelo del secuestro, con contadas excepciones, le reconocen a la senadora Piedad Córdoba sus oficios humanitarios. Su nombre, sin embargo, genera resistencia, bien por algunas expresiones desafortunadas, o bien porque para el propio Gobierno sus actuaciones como facilitadora no han sido imparciales. Veinticinco meses después de que se iniciaran las investigaciones de la farcpolítica, más allá de la investigación preliminar en la Corte Suprema, la congresista había capoteado con éxito las acusaciones que la relacionaban con la guerrilla. Hasta este martes, cuando la Procuraduría le formuló pliego de cargos.

Sostiene el Ministerio Público que la parlamentaria liberal —que sacó más de 63.000 votos en las pasadas elecciones— transgredió su deber, saltó la raya de la legalidad y se cruzó mensajes muy comprometedores con emisarios de alto nivel de las Farc. La columna vertebral del expediente disciplinario en su contra se basa en los computadores y correos electrónicos decomisados por las autoridades el 1º de marzo de 2008, durante el operativo en el que cayó Raúl Reyes, el segundo a bordo de la guerrilla. En esencia, la Procuraduría encontró que lo que para algunos constituían simples coqueteos o coincidencias ideológicas con las Farc, de acuerdo con varios correos iba mucho más allá.

De hecho, con el alias de Teodora de Bolívar es supuestamente identificada en innumerables emails que fueron hallados en el computador de Reyes. Se dice que en 900 correos su nombre o su supuesto alias es referenciado en distintos archivos del abatido jefe guerrillero. La Procuraduría tiene evidencias según las cuales, Córdoba habría favorecido a la guerrilla, manipulado pruebas de supervivencia de los secuestrados y habría “ejercido actos de colaboración y promoción con el grupo al margen de la ley de las Farc en los años 2007, 2008 y 2010”. Y precisó que algunas intervenciones públicas de la senadora liberal constituirían una traición a la patria.

Al valorar todos los archivos incautados en la denominada ‘Operación Fénix’, el Ministerio Público formuló cargos al evidenciar que la congresista desplegó estrategias para defender al jefe guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, extraditado en diciembre de 2004 a Estados Unidos. Pero, además, se estableció que Córdoba les habría facilitado estrategias de defensa a tres personas que fueron capturadas en noviembre de 2007 con pruebas de supervivencia de los secuestrados por las Farc y que terminaron recluidas en las cárceles El Buen Pastor y La Modelo de Bogotá. Pero quizá el cargo más grave se refiere a que Piedad Córdoba habría adelantado gestiones para financiar a las Farc con dineros de otros gobiernos.

“Esos actos de traición a la patria estarían reflejados en los continuos y reiterados llamados a los “gobiernos de Latinoamérica” a romper relaciones con el gobierno de Colombia, deslegitimar las instituciones y los procesos democráticos, la exaltación a líderes guerrilleros como Manuel Marulanda, la apología a las Farc y a la decidida invitación a la subversión y la rebeldía contra el Estado colombiano”, sostuvo la Procuraduría. Se refiere el organismo investigador a intervenciones como la de marzo de 2007, en la que la senadora, en un foro en México, les pidió a los gobiernos latinoamericanos romper relaciones con Colombia; o el episodio en septiembre del mismo año, cuando elogió en un discurso al comandante de las Farc Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo.

El lenguaje aparentemente amistoso y complaciente de Córdoba con emisarios de la guerrilla la tiene en serios aprietos. El cruce epistolar entre ella y Raúl Reyes, a juicio de la Procuraduría, excede los parámetros legales de una facilitadora de paz en busca de un acuerdo humanitario. En alguno de los correos analizados se discute, incluso, el asunto de pedirle al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que reconozca la beligerancia de las Farc, que no es otra cosa que darle estatus político a un grupo considerado como terrorista. Muchas de sus intervenciones fueron criticadas por sus propios copartidarios o el ex presidente César Gaviria, que en alguna ocasión declaró que su actitud le hacía daño a la democracia y al liberalismo.

No obstante, ha sido ella la única a quien en el gobierno Uribe, de manera unilateral, le han entregado 14 secuestrados. Los últimos dos fueron el soldado Josué Daniel Calvo y el sargento Pablo Emilio Moncayo, quien llevaba más de 12 años en cautiverio. Eso sin contar que le entregaron los restos del teniente coronel Julián Ernesto Guevara, correspondiendo a las súplicas elevadas por su madre, doña Emperatriz, desde hace más de cuatro años. En las pruebas de supervivencia divulgadas el martes, el cabo Sanmiguel y el mayor Solórzano no sólo agradecieron su labor, sino que pidieron a sus familias apoyarla. Córdoba, por su parte, ha negado una y otra vez que haya excedido sus límites en sus contactos con las Farc.

Desde entonces, en esa arena movediza de defenderse de las acusaciones o los insultos y avanzar paralelamente en contactos para devolverles la libertad a los cautivos se ha desenvuelto la aguerrida congresista. Este martes, justo cuando dos uniformados invocaban sus buenos oficios para destrabar el intercambio y alababan sus gestiones por la paz, la Procuraduría la acusó de traición a la patria. Piedad Córdoba, el blanco de blancos del DAS en el escándalo de las ‘chuzadas’, a través de Twitter simplemente señaló que sus abogados se notificarían de la decisión. La parlamentaria, que fue secuestrada por las autodefensas en 1999 y que libra, según ella, una cruzada por la paz, enfrenta una investigación judicial que la tiene en serios líos.