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LO QUE ESTÁ PASANDO NO ES OTRA cosa sino que la justicia está sub iudice. Como quien dice, la que debería juzgar, está siendo juzgada. Habría que ver por quién. El juzgador es el poder democrático con asiento en la Cámara, poder representado en la poco confiable Comisión de Acusación.
Se sabe de la torpeza de esta Comisión, de su acumulación de expedientes para preclusión, no fallados y que datan de varios gobiernos y de antiguas vigencias. Pero es lo que la democracia estableció como tribunal para los aforados y los magistrados sí que lo son.
Hay sin embargo un más alto tribunal y este de ética, por lo tanto sin músculo jurídico, pero es el espejo en el que se mira hoy, para purificarse, la más alta corporación de la justicia. El reproche que se están haciendo los propios magistrados, los pedidos de renuncia y las acusaciones internas de ida y vuelta tienen algo de bueno y es su capacidad de autosancionarse con carácter moral. Derruida y todo, la Suprema Corte Constitucional se estaría sacudiendo de corruptelas y de malas prácticas que han quedado a la vista, como el tolerado cabildeo que ya vemos cómo termina.
El magistrado Augusto Ibáñez, tan admirado en estas notas por su resistencia al Ejecutivo, cuando fue presidente de la Corte Suprema, sacó a cuento, en un foro reciente de María Jimena (Semana en Vivo), la historia de un papelito, amarillento, que está fijado a la entrada de las cortes y que advierte ser causal de mala conducta que los interesados se acerquen a ventilar temas jurídicos con los magistrados de conocimiento.
El desastre de estos días, que en esta nota no voy a dirimir (la opinión, los medios y las redes sociales ya fallaron, con tendencia al linchamiento), es de desear que sirva para acrisolar a la que tiene que ser la más pura de las instancias jurídicas, más ahora cuando deberá avalar o invalidar los acuerdos que se le sometan, tras el discutido proceso de paz.
Es lo más grave que ha podido pasar, es la corrupción invadiendo el piso más alto y sagrado del Estado, pero algo de bueno tiene que la incriminada sea una corporación autónoma, dispuesta a lavar su propia imagen, y no una entidad al servicio del poder ejecutivo, como ocurre en escenarios vecinos.
El derecho debe ajustarse a la moral y de no hacerlo, reformarse; pero a la hora de juzgar, una es la valoración moral y otra la valoración jurídica. Ahora bien, la actuación de los juristas se ajusta a una ética profesional y existen normas que la regulan. La conducta abogadil, sin embargo, no es la que se mide para fallar en derecho, sino lo que está sustanciado en un expediente, bajo normas taxativas. La moral es inasible y no está reglada, como la virtud, como la elegancia, como el buen nombre.
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