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En Colombia solo se pensiona una de cada cuatro personas mayores. El panorama es complejo, pero para las mujeres lo es todavía más. Hay pocos estudios al respecto, pero los que existen muestran una realidad preocupante, por ejemplo, según una investigación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, de 2019, realizada por Andrea López, la probabilidad de pensionarse siendo mujer es del 15,12 %, mientras que la de los hombres es del 26,56 % en área urbana. En área rural para las mujeres es del 4,18 % y del 9,07 % para los hombres.
El trabajo de grado de Soraya Quiroga, indica que, con corte a 2020, las mujeres recibían mesadas en promedio 14,2 % más bajas que las de los hombres en los fondos privados y 5,7 % menores en Colpensiones. La diferencia aumenta con el nivel de ingresos: es de hasta 23,5 % si durante la vida laboral el ingreso mensual estaba entre 6 y 10 salarios mínimos.
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Este es un tema crucial, en especial, en medio del trámite de la reforma pensional que podría cambiar el panorama para las personas mayores.
Hay que tener en cuenta que en el país las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62, pero en ambos casos se exige la misma cantidad de semanas: 1.300 en Colpensiones y 1.150 en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). De ahí que en junio la Corte Constitucional declaró inconstitucional que las mujeres tengan el mismo requisito de semanas que los hombres (pese a la diferencia de cinco años en la edad).
Con la sentencia C-197 de 2023, la Corte instó al Congreso a adoptar un régimen que garantice de manera equitativa el acceso al derecho a la pensión de vejez para las mujeres. Si esto no ocurre, a partir del 1 de enero de 2026 se disminuirán gradualmente las semanas de cotización exigidas a las mujeres hasta llegar a 1.000. La reforma es una oportunidad para cumplir la orden e incluso para apostar por un enfoque de género más amplio.
Tras la aprobación de la reforma en primer debate (en la legislatura pasada), la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, prometió que el Gobierno incluirá un artículo nuevo para reglamentar lo establecido en la sentencia. El documento del Gobierno de Gustavo Petro también incluye un bono de 50 semanas para las mujeres por hijo nacido, máximo hasta tres (150 semanas).
Pero, ¿cómo reducir la brecha de género en el sistema pensional colombiano?, este fue el tema de un evento que se realizó este jueves en la Universidad de los Andes. Les contamos algunos de los puntos clave de la discusión.
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📍 Pros y contras de la reforma pensional
En el evento, Juan Carlos Hernández, director del área de pensiones del Ministerio de Trabajo, señaló los principales problemas del sistema actual: la baja cobertura y la competencia de regímenes, (que implica “una alta litigiosidad”). Hernández reconoce que la reforma tiene un punto en contra: es costosa, pero afirma que con el apoyo del Ministerio de Hacienda los cálculos han sido responsables. En campaña, el presidente Gustavo Petro se propuso entregar $500.000 a las personas mayores sin pensión en el pilar solidario, pero finalmente en la reforma se estableció el monto de $223.000 (línea de pobreza extrema) para atender a 2,6 millones de personas.
Cesar Pabón, director de macroeconomía de Fedesarrollo, asegura que aunque “la reforma es sujeto de mejora”, sí corrige los principales problemas del sistema de protección a la vejez. Además de los mencionados por Hernández, menciona la regresividad, “las personas más ricas son las que más reciben subsidios” y la inequidad del sistema, teniendo en cuenta que dos personas con el mismo historial laboral reciben pensiones diferentes en Colpensiones y en las AFP.
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Con la reforma, en el pilar contributivo todos los trabajadores cotizarían hasta tres salarios mínimos en Colpensiones, los aportes de tres salarios en adelante irán a las AFP. Es decir, una persona que gane cinco salarios mínimos, cotizaría tres en el sistema de reparto y dos en los fondos privados. Si bien Pabón destaca que se limitan los subsidios, para Fedesarrollo el umbral debe ser de entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Este es (y seguirá siendo en los próximos debates) uno de los puntos más álgidos en la discusión.
A los expertos les preocupa el costo fiscal, pues aumentaría en 60 puntos del PIB el pasivo pensional. Óscar Becerra, profesor de la facultad de economía de la Universidad de los Andes y experto en el tema, dice que la responsabilidad en la toma de decisiones es crucial para que las generaciones futuras no tengan que pagar las consecuencias, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional. “Debemos repartir el costo de esta reforma”.
Pese a que en el documento se incluye la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo para ahorrar a largo plazo, los expertos han dicho que los cálculos presentados por el Gobierno deben ser más sólidos para realmente dimensionar cuáles serán sus efectos y si es suficiente para evitar una bomba fiscal. De acuerdo con Hernández, los recursos del fondo de ahorro se invertirán en el mercado de capitales y los $18 billones, que actualmente se destinan cada año a pensiones, no se gastarán en otro rubro, sino que se van a ahorrar. Según el funcionario, la discusión del artículo 24 (que establece el fondo) ha sido amplia y este se seguirá perfeccionando.
“El fondo ayuda, pero en algún momento el dinero se va a acabar porque el elefante en el cuarto sigue: la diferencia entre lo que se cotiza y lo que se recibe a la hora de pensionarse”, afirma Becerra.
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📍 ¿Cómo enfrentar la brecha de género en las pensiones?
Laura Porras, directora del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la U. de los Andes, explica que las medidas contempladas en la reforma son insuficientes para reducir la brecha de género. La diferencia en la edad de pensión con el mismo requisito de semanas, la brecha salarial, la inestabilidad de las mujeres en el mercado laboral (entre otras cosas, porque sobre ellas recaen las labores de cuidado) penalizan a las mujeres a la hora de pensionarse.
Para Becerra, la brecha está asociada al mercado laboral y también al diseño del sistema pensional que impone barreras adicionales. Aunque destaca que las mujeres tienen más empleo formal, su tasa de participación es más baja y la inestabilidad en la historia laboral hace que no puedan acumular lo suficiente para recibir una pensión. “La trayectoria laboral de los hombres con la toma de decisión en el hogar de tener un hijo se altera poco, pero la de la mujer cambia mucho: cae la formalidad, los ingresos y trabajan más a tiempo parcial”.
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Por otro lado, Hernández agrega que en la revisión de las cotizaciones históricas, se observa que los hombres tienen mejores ingresos económicos con el paso del tiempo, pero eso no suele suceder con las mujeres. Además, las mujeres viven por más años, por ende al calcular la pensión, el dinero se debe dividir en más tiempo, lo que hace todavía más bajas las mesadas.
Para el experto de la U. de los Andes, el éxito de la reforma pensional puede estar en el pilar solidario y en el semicontributivo, en los que entraría un buen porcentaje de mujeres. Del pilar semicontributivo, tal como está la reforma, se beneficiarían las personas que cotizaron entre 300 y 999 semanas. En el sistema actual a quienes no cumplen los requisitos de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses), con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia.
Para Porras, si bien este puede ser un avance, la meta es que más mujeres reciban una pensión. En ese sentido, Becerra dice que para solucionarlo de raíz, “se necesita una reforma laboral más inclusiva en temas de género”.
Aun con la medida de 1.000 semanas, afirma Pabón, muchas no podrán pensionarse. Los cálculos citados por el experto indican que una mujer que gana un salario mínimo, tiene 10 años antes de su edad de pensión en promedio 220 semanas, con ese ritmo a los 57 años tendría 290 semanas y aunque cotice todos los meses llegaría a cerca de 700. Por ende, las 1.000 semanas beneficiarían en la práctica a un grupo reducido.
El experto de Fedesarrollo coincide en que la reforma laboral es clave, pero, en su concepto, tal como está planteada podría incluso afectar a las mujeres por medidas como la estabilidad reforzada que puede desincentivar la contratación por “un sesgo de las empresas”.
Porras plantea que, mientras se logra equilibrar la cancha en el mercado laboral, hay que revisar otras opciones, incluso algunas que se han implementado en países como Ecuador o Chile. Becerra coincide en que en el diseño del sistema deben plantearse políticas de compensación.
Estas son algunos de los planteamientos que se deben considerar en el Congreso para que efectivamente la reforma pensional tenga un enfoque de género más amplio y beneficie a la población que actualmente se pensiona menos en el país: las mujeres.
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