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La pobreza, la injusticia social, la falta de educación y la violencia son una decisión.
La pobreza, la injusticia social, la falta de educación y la violencia son una decisión. No son un acto de Dios. Ni son resultado de un castigo de la naturaleza. Hay países ricos en recursos naturales cuyos habitantes no han salido de la penuria, como Venezuela, y hay otros que han crecido en medio de un desierto, como Israel. Ningún país simplemente padece su suerte. La decide. Y si el resultado es negativo, entonces la suma de sus decisiones ha sido claramente errada.
Nada de esto es inevitable, una etapa obligada del desarrollo. El retraso y la desigualdad son consecuencia de un conjunto de ideas, unas bien intencionadas y otras mezquinas, que están detrás de políticas fallidas, que no logran las metas propuestas. Unos trazan las políticas y otros eligen a quienes las trazan, y eso significa que, en últimas, todos somos culpables de los resultados.
¿Todos? En teoría, sí. Se podría pensar que el estado actual de un país es la suma de actos de sus habitantes, quienes han contribuido, de una forma u otra, a generar ese balance. Si un país es rico y otro es pobre, y si en uno existen mayores niveles de equidad y justicia social que en otro, es porque el uno ha tomado decisiones correctas y el otro no. El progreso es un esfuerzo común, y la comunidad responde por el resultado.
Pero eso no es justo. Porque quienes tienen la mayor tajada de responsabilidad en ese resultado final son quienes han tomado las decisiones que han producido o prolongado desdichas como la pobreza, el desempleo, la inequidad y la inseguridad. Es decir, quienes definen la agenda del proceso decisorio. Y ese grupo suele ser minoritario. Por eso tiene menos culpa, en la situación última del país, un campesino que un congresista, un industrial, un juez, un presidente o un banquero. O un jefe guerrillero o paramilitar. En Colombia, como en toda nación emergente, las personas que manejan las finanzas, la política, la justicia, la educación, la economía y la agricultura son las que han tomado las más importantes decisiones en cuanto a impuestos, división del poder político, repartición de tierras, distribución de bienes y riqueza, acceso a libros y a los medios, y son quienes más deberían responder por los resultados.
Y esos resultados son todavía, a pesar de la mejoría en tantos frentes, lamentables. Colombia sigue siendo un país lastrado por la pobreza, la violencia, la desigualdad, la falta de justicia, el retraso en la educación, el desempleo y los muchos obstáculos al progreso que sufre a diario la mayor parte de su población. Los grupos y sectores que dominan el proceso decisorio se han interesado más en cuidar sus intereses que en el bien común, y por eso el país sigue inmerso en el subdesarrollo.
No obstante, ahora hay una oportunidad para corregir un mal histórico, y es el proceso de paz. Lo irónico es que varios de los políticos, industriales, empresarios y banqueros que más han contribuido a la situación actual se oponen a dicho proceso. Durante décadas estas personas han protegido sus bienes y defendido sus intereses, pero ahora disponen de una coyuntura para la generosidad. Para la grandeza. Ojalá estén a la altura de ese reto. No podemos atentar contra nosotros mismos, ni ser, como dijo Milan Kundera, “ingeniosos aliados de nuestros propios sepultureros”.