La Habana y conflictos ambientales

El énfasis de la RRI no está en las tierras ocupadas por el latifundio sino en las tierras de frontera agrícola, donde las Farc tienen dominio territorial y poseen su capital político. Se propone que, una vez firmado el acuerdo, estos territorios tengan desarrollo de infraestructura, construcción de carreteras mediante contratación directa con las comunidades locales, electrificación, sistemas de riego y drenaje, desarrollo de mercados, procesos expeditos de titulación, asistencia técnica y crédito. Las consideraciones ambientales se anuncian como adicionales.

El punto crítico es que a lo largo de la historia, desde Mesopotamia hasta Colombia, lo primero que se ocupó y transformó fueron los buenos suelos. Hoy, las áreas de frontera agrícola están cubiertas por bosque sobre suelos predominantemente malos y frágiles. Incluso, parte del bosque recientemente transformado en ganadería está sobre suelos que rápidamente presentan procesos de erosión y empobrecimiento. La mejor síntesis de lo que sucede ha sido hecha por una habitante del Caquetá quien, al referirse a una escuela pública construida hace 30 años en una zona de colonización donde hoy hay pocos alumnos, decía: “Acá las vacas se comieron a la gente. Cuando se estaba tumbando monte había mucha gente, pero después de unos pocos cultivos, cuando la tierra se empobreció, vino la ganadería y donde trabajaban diez familias ahora trabaja sólo una”. Hay menos de una vaca por hectárea y pasturas en degradación.

Incorporar consideraciones ambientales y establecer procesos productivos sostenibles en áreas de suelos frágiles no es fácil y hasta ahora tenemos pocas gestiones exitosas. Según análisis de NN.UU., más del 90% de los municipios prioritarios para el posacuerdo tienen gran fragilidad y presentan limitaciones de uso. Por las características biofísicas, la RRI debe evitar promover actividades agropecuarias tradicionales en zonas de reserva forestal, pues esto conducirá a la destrucción del patrimonio natural y al fracaso económico y social, impidiendo alcanzar los objetivos de La Habana.

Lo positivo es que la paz es una oportunidad para buscar que la cooperación internacional contribuya con la búsqueda de alternativas, apoyando la conservación y el pago por servicios ambientales, el agro y ecoturismo, la bioprospección, y el establecimiento y la divulgación de alternativas productivas sostenibles para mejorar las condiciones de vida, sin generar destrucción e insostenibilidad en el mediano plazo.

Inderena y Farc en 1986, en el marco de las conversaciones de paz de la época, exploraron una propuesta de uso sostenible de recursos del bosque (maderas, pesca, cacería sostenible) en el proceso de sustracción de la reserva forestal del Medio y Bajo Caguán en la Amazonia. Ahora, dado el incremento en el valor de los servicios ecosistémicos, vale revisar lo propuesto y retomar algunas estrategias basadas en el manejo comunitario y sostenible del bosque, que hacen de la ecología y el manejo ambiental un propósito social.