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Noventa días. Ese fue el plazo que dio a finales de mayo el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, para ajustar el Plan de Manejo de los Parques Nacionales Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona. Hasta la fecha, quedan 44 días más para incluir las propuestas de los colonos, campesinos, pescadores y empresarios en un documento de 526 páginas creado por funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN) en compañía de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra (kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo). El principal obstáculo ahora, después de tres reuniones de socialización con la comunidad, parecen ser los criterios de ecoturismo que demanda uno de los ecosistemas más visitados por los turistas en el país: el Tayrona. (Lea: Disputa por el Plan de Manejo de la Sierra Nevada y el Tayrona)
Este territorio, designado desde hace medio siglo como área protegida, abarca una extensión de 15.000 hectáreas entre terrestres y marinas. La idea es que un 3,14 % de este territorio, que abarca solo playa, sea lo concesionado para servicios ecoturísticos. Es decir, más de una docena de cabañas, llamadas ecohabs, frente a la playa Cañaveral, los campings, las taquillas de ingreso, restaurantes, ecotiendas, enfermería, parqueadero y vías de acceso. El resto está dedicado, como dicta el nuevo Plan de Manejo, a la recuperación cultural y natural y a la zona intangible. Tres zonas donde no está habilitado el ecoturismo.
Campesinos, colonos y empresarios exigen mejor regulación para los servicios ecoturísticos. / Cortesía Mónica Dávila
El lío está en que los territorios permitidos para los visitantes, bautizados como Zona de Recreación General Exterior y Zonas de Alta Densidad de Uso, “no cuentan con criterios generales y particulares de manejo del ecoturismo”, asegura un grupo de samarios inconformes,
Esta insistencia, liderada por Mónica Dávila Zúñiga, es que “el nuevo plan se acompase con el Convenio de Diversidad Biológica y los lineamientos de la Organización Mundial de Turismo, y acoja los parámetros dictados por la Corte Constitucional, que le ordenó a PNN en 2015 redoblar sus esfuerzos para garantizar el saneamiento y la protección de este ecosistema”, afirmó la reclamante, quien asegura ser propietaria de un predio dentro del Tayrona.
Su queja fue expuesta en la última mesa de socialización, realizada el 28 de mayo en instalaciones de Invemar en Santa Marta. Frente a ello, el director encargado del Parque Tayrona, Gabriel Álvarez, explicó en el evento que los detalles que se tienen para el desarrollo de la actividad ecoturística, sus características, la forma en cómo se opera, hacen parte del Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE) que incluirá todos los acondicionamientos técnicos”, afirmó el funcionario de PNN.
Sin embargo, Parques y los indígenas sostienen que el ajuste de ese POE es un proceso que empezará después de que el Plan de Manejo sea aprobado, teniendo en cuenta que este documento es un conjunto de políticas para prevenir, mitigar y compensar los impactos que han sufrido ambos parques. Pero, asegura Dávila, “no entendemos cómo podía hacerse un Plan de Ordenamiento Ecoturístico con un Plan de Manejo firmado sin los criterios que debe tener. Nuestra propuesta es al revés: construyamos los criterios para la zona habilitada al ecoturismo y luego los incorporamos al Plan de Manejo como normas de obligatorio cumplimiento”.
Se estima que el año pasado el turismo dejó $19.000 millones dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. Así se ven hoy algunos de los campings dentro de esta área protegida. /Cortesía
Si bien es cierto que la concesión operada por Aviatur ha suscitado críticas en cuanto al deterioro ambiental del Parque Tayrona, como lo muestran las imágenes, crear un nuevo Plan implica más tiempo. Esto significa una carrera contrarreloj, ya que el Plan de Manejo tendrá que estar aprobado antes de octubre, fecha en la que se vence el contrato con esta empresa. Para entonces el nuevo contratista tendrá que haber sido elegido mediante una convocatoria de licitación.
El problema es que, en caso de no estar listo, “tendremos que mirar cuáles serán las medidas que hay que adoptar, bien sea que Parques cierre parte de la operación, porque nosotros no tenemos la capacidad de hoy día de operar directamente el parque y los costos de la operación son gigantescos”, le comunicó Julia Miranda, directora de PNN, al periódico de la región El Informador.
La situación se enreda si se tiene en cuenta que Dávila, la líder de las propuestas ecoturísticas, es también gerente de Arrecifes S.A.S., constructora que intentó de manera fallida levantar un hotel de siete estrellas de la franquicia Six Senses en 2013 dentro del Tayrona. Ese proyecto, que no recibió luz verde por parte del Gobierno, según ella involucraba a la National Geographic, Conservación Internacional y el Banco Mundial.
Ahora su solicitud de un plazo fue acatada por el ministro Lozano, con el fin de presentar un documento sólido que incluya los criterios ecoturísticos que reclaman. Si lo consiguen, las reuniones participativas encabezadas por el jefe de cartera durante los últimos meses no serían en vano, ni acabarían siendo una “lista de necesidades”, como las llamó José de los Santos Sauna, gobernador del cabildo kogui, quien aseguró que la socialización del Plan por parte de los pueblos indígenas iría hasta esa última reunión. Porque, en sus palabras, “estamos cansados de caer en lo mismo. Estas son solicitudes que toca aterrizar. Nosotros hemos protegido este territorio ancestral y es necesario un acuerdo de los problemas generales para empezar a trabajar”.
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