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A la carrera por entregar 100.000 viviendas gratis a los colombianos menos favorecidos antes de finalizar este año le surgió un par de interrogantes: ¿cuánto terreno hay en el país para edificar las construcciones?, ¿cuán dispuestos están los privados a vender sus lotes si les resulta más rentable dejarlos para engorde?
Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarilo, refiriéndose a la nueva estrategia del Gobierno, dijo estar seguro “de que se puede habilitar suelo para urbanizar en otras partes del país, no en Bogotá”. Y detalló que “en la Costa Atlántica hay un déficit grande de vivienda, sobre todo después de la ola invernal. Son más de 100.000 personas que se vieron afectadas por el invierno”.
Pero el secreto para conseguir las tierras y sanear el déficit está en la estratégica labor de los alcaldes. Gilberto Toro, presidente de la Federación de Municipios, asegura que “este anuncio tiene un gran impacto social y político, que obliga a los alcaldes a aumentar sus esfuerzos para encontrar tierra donde construir las casas porque, indiscutiblemente, en la actualidad hay una gran restricción de tierras”.
Apunta Toro que en su mayoría la tierra está en manos de privados. “Lo que tienen que hacer los alcaldes es ser creativos para lograr alianzas con los privados de modo que se puedan construir los proyectos. Esta problemática será aún mayor en las grandes ciudades, donde hay mayor concentración en manos de terratenientes y privados, pero en los municipios más pobres, donde la gente no tiene recursos ni tenía la oportunidad de acogerse a los planes tradicionales de VIS y VIP, el impacto será muy grande”.
Rafael Marín, presidente de la constructora Marval, coincide con Toro y dice que “es muy importante que el Gobierno trabaje con los alcaldes, porque son los que gobiernan la tierra urbana y son ellos quienes deciden los perímetros de expansión en donde se edificarían los proyectos”.
En cuanto al modelo que está poniendo en marcha la administración de Juan Manuel Santos, el presidente de Amarilo considera que “si la fuente de pago de las viviendas es el Gobierno, el modelo puede funcionar. Si la construcción se asigna al oferente que brinde la mejor calidad y el pago está asegurado, es como si se comprara un título de tesorería”. Marín, por su parte, concluye que “es una propuesta muy generosa del Gobierno para la gente que necesita la vivienda, y en este caso todos debemos poner algo. Más allá de que sea un buen negocio, es la oportunidad de revindicar a las clases menos favorecidas”.