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Cantantes, exfuncionarios del Gobierno y empresarios han llegado al Capitolio para aceptar reconocimientos por su labor. Mauro Castillo recibió la Orden de Caballero del Congreso entregada por el presidente saliente del Senado, Iván Name (Alianza Verde). El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, obtuvo la Orden de la Democracia Simón Bolívar de la Cámara de Representantes. Pero hace algunos meses, el Congreso decidió cerrar sus puertas a la realización de otras condecoraciones, sin el carácter oficial y organizadas por privados, que habrían “manchado” el nombre de la corporación, otorgando premios a figuras cuestionadas y desatando una ola de indignación.
A través de mecanismos legales, El Espectador encontró que, desde el 2022, 22 eventos de privados se han realizado en espacios de la Cámara de Representantes. Este año, en los primeros cuatro meses, seis celebraciones ocurrieron, entre ellos, el premio Diana Turbay, cuyo trámite fue realizado por la representante Dorina Hernández (Soy Porque Somos), y un acto de reconocimiento al Gobierno de Cuba, hecho con la solicitud del congresista Gabriel Becerra (Pacto Histórico).
Sin embargo, el evento que ocurrió el pasado viernes 12 de abril fue la gota que derramó el vaso. Los premios Café en Congreso serían un punto de no retorno para la oficina de Protocolo de la Cámara de Representantes, que desde antes de que llegara el jefe de la dependencia, Plinio Ordóñez, hace tres años y medio, pedía una restricción de los eventos que se realizaban en los espacios del Capitolio.
Ese día, en el Salón Elíptico, el medio alternativo Café Político entregó 21 condecoraciones. Los diplomas estaban firmados por Óscar Javier Charry Guarnizo— quien figura como el propietario de la empresa en el RUES—, el presidente de la Junta Directiva Nacional de Café en el Congreso; Nubia Chacón Ávila, la vicepresidenta de la Junta Directiva Nacional de Café en el Congreso y directora de medios; y Yeimmy Dayana Bonilla Gil, de la fundación María Montessori en Colombia.
“Estos premios se realizaron para exaltar la labor social de diferentes personajes a nivel nacional”, explicó Charry. “Hay postulaciones y durante cinco o cuatro meses se hace la revisión del trabajo que está realizando. No solo trabajo social, sino adelantos científicos o, por ejemplo, con lo que hayan hecho en relación con la academia o pedagogía”, agregó.
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La Banda Sinfónica de Fontibón se ganó el premio al Mejor Proyecto Social Comunitario. Yeison Jiménez recibió la condecoración a Artista Ejemplo de Vida por ser “una de las nuevas estrellas del género de música popular”. Aunque el cantante sorprendió al ser premiado, la polémica surgió por otras figuras: Andrés Álvarez Amariles y Carlos Alberto Ramos Corena, cuestionados por malas prácticas en el campo de la medicina.
“Hoy me van a condecorar por mi excelente labor durante 2023, en el Congreso de la República. Feliz de estar acá y más merecido pa’ dónde. Esta es la muestra de nuestro excelente trabajo y que, literalmente, hacemos las cosas muy bien para ustedes. El Congreso de la República me está condecorando el día de hoy”, afirmó Amariles en una publicación en redes sociales.
En el 30 de agosto 2023, este había recibido una sanción por parte de la Dirección de Calidad y Redes de Servicios de Salud de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, que evidenció “violación a las normas de calidad en la atención de salud”, en relación con 10 hallazgos, entre ellos, “no [haber] documentado su política de seguridad del paciente conforme a los lineamientos” del Ministerio de Salud y no “evidenció protocolos o guías de práctica clínica que orienten la atención que brinda”. Con esta sanción, Amariles tendría que pagar 110 salarios mínimos legales diarios vigentes ($4′200.000 aproximadamente).
Ese mismo año, Amariles fue señalado de negligencia tras la muerte de Luz Deicy Vélez Estrada, en un caso documentado por el periódico El Tiempo, que habló con el esposo de Vélez. De acuerdo con él, Amariles habría operado a su esposa para una liposucción, tras la cual falleció por complicaciones en el posoperatorio.
Por su parte, Corena fue condenado en primera instancia por el juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín en julio del 2021 por homicidio culposo por la muerte de Tatiana Andrea Posada Jiménez, a quien operó en 2011 junto a Ana María Socarras Espitia. En el 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín declaró la extinción de la acción penal contra Ramos Corena y el cese del procedimiento en contra de él y Socarras. No se trata de una decisión que absuelve a las dos personas previamente condenadas, sino de una suspensión condicional de la pena, que se trataba de 40 meses de prisión, por la “indemnización integral” a la familia de la víctima.
Según Charry, hasta el momento del diálogo con El Espectador, no tenía conocimiento alguno de las acusaciones. Aseguró que su equipo investigaría lo ocurrido, pues cuando hicieron la búsqueda para revisar las contribuciones de Amariles y Corena a la sociedad, esta información no había surgido.
La ocasión generó que otras organizaciones que también habían realizado eventos en el Capitolio se desligaran de Café Político. Una de ellas, la Comunidad Internacional de Comunicaciones (Cinco), también otorga condecoraciones por “aporte y reconocimiento social”, entre los que están Gabriela Posso, exconsejera presidencial para la Juventud, y Andrés Camilo Hernández Ramírez, excónsul general de Colombia en México, cuyo nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado al no tener una carrera diplomática ni experiencia.
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Cuando se supo de los señalamientos, Cinco publicó un comunicado en el que aclaraban que “no tiene absolutamente ninguna injerencia, vínculo ni participación con el evento recientemente desarrollado el Congreso denominado ‘Café en el Congreso’, como tampoco con ninguno de sus organizadores”.
Los tres eventos que ha organizado Cinco en el Congreso han sido posibles por la solicitud del representante Julio Roberto Salazar (Partido Conservador), quien asegura que no tiene más contacto con los integrantes de la organización más que para hacer la solicitud. A diferencia de Café en el Congreso, estos ocurren en el Salón Luis Carlos Galán y han salido todos en la página de transmisiones de Protocolo de Cámara.
Cómo llegaron al Capitolio
Son tres los espacios que estaban habilitados para la realización de eventos de privados en la Cámara: el Salón Elíptico (el lugar de la plenaria), el Salón Luis Carlos Galán y el Salón Boyacá. El procedimiento aplicar para el préstamo era simple, pues solo requería del “apadrinamiento” de un representante, quien sería la persona encargada de radicar en la Secretaría General la solicitud con “la fecha del evento, el salón solicitado, la clase de evento, objetivo y horario en que se desarrollará”, como lo indica la resolución N° MD 3217 de 2010. Además de ese, el otro criterio para asegurar el préstamo es que en la fecha requerida no se adelante ninguna actividad legislativa, que tendría prelación.
Ese fue exactamente el proceso que hizo Café Político con el representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico). Según lo relató el congresista, unas personas del medio se le acercaron para pedirle un favor y le hablaron de los premios, en los que serían galardonadas “personas que trabajan por Colombia”.
“Yo no los conocía, pero dije, si uno les puede ayudar, pues hace la gestión del salón”, contó Ocampo.
El equipo de Café Político, sin embargo, le habría contado al legislador “un pedacito” de la verdad, pues afirmó no tener conocimiento de todos los nombres quienes fueron condecorados, ni haber participado en el evento. Después de que se conocieran quiénes habían recibido las medallas y se supiera que su firma fue la que hizo posible el préstamo, Ocampo dijo que esperó una llamada por parte de la organización para disculparse.
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“De hecho, lo mínimo que debió haber hecho la organización era extender una carta de disculpas”, señaló Ocampo. Y añadió que desde Café Político lo volvieron a buscar, pero declinó seguir en contacto con ellos.
El pasado 17 de abril, cinco días después del evento que desató la polémica, el presidente saliente de la corporación legislativa, Andrés Calle (Partido Liberal), envió una circular informativa con la que quedó “estrictamente prohibido el préstamo de los espacios institucionales (…) para eventos que no correspondan a los organizados por la misma corporación legislativa”.
“Los actos de condecoraciones, exaltaciones, grados o festejos, que son organizados por entidades privadas que no cuentan con vínculo alguno de cooperación institucional y/o convenios con la Cámara de Representantes, no podrán utilizar los recintos de la corporación para sus intereses particulares”, se lee en el texto.
No era para menos. Calle había sido uno de los autores del proyecto Cirugía Segura Ya, con el que se busca crear un Registro Único Nacional de Centros Prestadores de Servicios de Salud Estética que permita constatar si el lugar está habilitado para realizar procedimientos estéticos. La iniciativa bipartidista cuenta con la firma de Karyme Adrana Cotes (Partido Liberal), María Fernanda Carrascal, Leuder Alexandra Vásquez (ambas del Pacto Histórico), Carolina Arbeláez (Cambio Radical), Víctor Manuel Salcedo Guerrero (Partido de la U), Catherine Juvinao, Duvalier Sánchez, Carolina Botero (los tres de Alianza Verde), Marelen Castillo y Erika Tatiana Sánchez (las dos elegidas por la Liga de Gobernantes Anticorrupción).
El proyecto fue radicado el 11 de noviembre del año pasado y superó su primer debate solo hasta el 2 de abril, en la Comisión Quinta de Cámara. Faltó su discusión en la plenaria, donde fue radicado el 28 de mayo.
Mientras la cabeza de la cámara baja tomó la decisión de cerrar las puertas de la corporación a privados, dándole un respiro a la oficina de Protocolo, quedará pendiente para la persona que lo reemplace ratificar la medida. Los funcionarios del Legislativo, por su lado, seguirán insistiendo en tomar medidas para “limpiar el nombre del Congreso”.
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Por María José Barrios Figueroa
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