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Si hay un sector en el que se han sentido malestares e inconformismos frente al Gobierno Nacional es el poder regional, que en este agitado inicio de año ha reprochado varias de las políticas y decisiones del presidente Gustavo Petro en materia de seguridad, de economía y de diplomacia tras el “impase” con los Estados Unidos.
De hecho, en los últimos días se han citado a reuniones de urgencia para analizar algunas determinaciones del Ejecutivo. En estas reuniones, alcaldes y gobernadores han buscado delinear estrategias para enfrentar los retos que les suponen la crisis de seguridad en algunas regiones, el congelamiento de algunos recursos para obras y las eventuales sanciones prometidas por el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, si Colombia no cumple con lo prometido el pasado domingo o no se “acomoda” a sus políticas.
Las administraciones de Bogotá y Medellín sacaron a relucir su enojo luego de que el Ministerio de Hacienda -cuyo dirigente, Diego Guevara, se posesionó oficialmente este miércoles- aplazara una partida importante de recursos que ya estaban comprometidos para obras como el Metro de la capital, el Metro 80 de la Alpujarra y el Túnel del Toyo.
“Nos castiga por ser la oposición y por no quedarnos callados. Pone en riesgo los proyectos estratégicos de país”, dijo Federico “Fico” Gutiérrez, quien en la mañana de este miércoles se reunió con la junta del Metro de Medellín para analizar qué tanto frenaba al Metro de la 80 el aplazamiento de $497.000 millones.
Al respecto, el presidente Petro respondió afirmando que la Alcaldía de Medellín incumplió con el convenio de cofinanciación firmado por pasados gobiernos, dando como resultado el aplazamiento de los recursos.
En la Gobernación de Antioquia también se vio molestia por el congelamiento de $181.200 millones para la financiar el tramo 2 del Túnel del Toyo, obra articulada con las vías 4G por las que la administración abrió una “vaca”.
“Es injusto e incoherente que el presidente castigue a Medellín y a Antioquia con los recursos de la nación. Durante campaña lo escuchamos hablando de la importancia del turismo, del transporte público, de conectar a los sectores rurales“, indicó el representante paisa Daniel Carvalho.
Y eso no es todo, pues el gobernador Andrés Julián Rendón, quien rechaza tajantemente la política de paz total del presidente, anunció un supuesto plan de las disidencias de las Farc para asesinarlo. Lo advertido por Rendón causó una fuerte preocupación en el bloque de gobernadores, que salieron a enviarle mensajes de solidaridad y a pedirle acciones urgentes al mandatario Petro.
“Si eso le pasa al gobernador de Antioquia, qué podemos esperar los gobernadores de regiones más olvidadas”, dijo un gobernador que pidió la reserva de su nombre.
De hecho, ese fue uno de los temas abordados en la Comisión de Seguimiento Electoral que se celebró en la capital este martes para escuchar las peticiones de los partidos políticos frente a sus gobernantes y sus eventuales candidatos.
En la cita a puerta cerrada, fueron varios los líderes y voceros que le pidieron al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ser interlocutor para manifestarle a Petro la gran preocupación.
Fue tanto así, que el ministro prometió que para marzo se iba a desarrollar una sesión exclusiva para el tema de seguridad y les pidió a la Cúpula Militar y de Policía preparar una presentación con todas las medidas que se han aplicado y que se están gestando.
Eso sí, señaló que se debe ser justos con las Fuerzas Armadas y el gran esfuerzo que están haciendo en zonas como el Cauca, Chocó, Nariño y el Catatumbo, que atraviesa una crisis humanitaria que deja cerca de 50.000 personas desplazadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias.
A propósito, en el Congreso ya se discutió la medida de conmoción interior del Ejecutivo y se vio a la Cámara más dada a presentar un informe positivo, mientras que el Senado manifestó su preocupación frente a cómo financiarán las acciones humanitarias en la región afectada. La Casa de Nariño también confirmó que ya se han firmado al menos 10 decretos de los que componen la conmoción.
En Bogotá también se agravaron las disputas entre administraciones, pues el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que le tomó por sorpresa el aplazamiento de $770.000 millones para el Metro, algo que había quedado consignado desde 2017.
Sin embargo, el mismo presidente Petro y la designada ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, desmintieron que Galán no supiera.
“Yo hablé personalmente con el alcalde de Bogotá sobre nuestra política de aplazamiento de gasto nacional en Bogotá, dada la negativa de las comisiones económicas en financiar el Presupuesto del año 2025″, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.
En este mismo mensaje anunció que tal como lo había indicado el director de Planeación Nacional, Alexander López, el Gobierno presentará una reforma tributaria, que, según él, deberá ser aprobada para que el aplazamiento de los recursos no termine siendo recorte: “Si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se les presentará, no podrán ser financiadas esas partidas y pasarán del aplazamiento al recorte”.
La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano indicó que el Gobierno está “abusando del poder” y tomando decisiones en una especie de “revanchismo político”.
“Sí es necesario hacer el recorte, pues el déficit de presupuesto es un hecho y va más allá de los 12 billones, pero no se puede incumplir con las vigencias futuras. El metro de Bogotá, que el presidente odia y quiere que lo tumben, oh sorpresa, le quitan los recursos”, agregó.
La legisladora, esposa de la exalcalde Claudia López, también dejó ver su preocupación en el foro que realizó este miércoles la Federación Nacional de Departamentos (FND) para hablar de la necesidad de descentralizar las decisiones de la Casa de Nariño.
“Cuando están en campaña, todos los candidatos son descentralizadores y piensan en las regiones”, indicó a modo de crítica Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, quien confirmó que dos días antes estuvo reunido con varios gobernadores para analizar el tenso capítulo diplomático que viven Colombia y los Estados Unidos y cómo este puede afectar la economía de los departamentos.
Los gobernadores le hicieron un llamado a la calma al Gobierno, pues el país norteamericano es el principal socio comercial del país. De hecho, cuentan que llamó la atención que gobernantes afines al petrismo se mostraron molestos con la incertidumbre que generaron las decisiones de Petro frente a la política migratoria de Trump. Aún hay temor.
En la federación podría haber un cambio de tono dentro de poco, pues a la presidencia llegará una nueva persona en reemplazo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien es cercano al petrismo.
Para febrero están convocados a votar por la nueva Presidencia y Vicepresidencia y todo parece indicar que será el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, respectivamente.
Aunque ambos son medianamente cercanos al Gobierno, Zuleta cuenta con avales del Partido de la U y el Liberal, en los que se han visto choques fuertes. La U viene reclamando que se le respete la representación en algunos ministerios y los liberales acaban de dar un paso al costado, pasando del oficialismo a la independencia.
En todo caso, la Casa de Nariño se ha acercado a Zuleta y decidió que sería Córdoba el primer departamento al que viajaría el presidente y el gabinete para dar a conocer su balance de gestión.
Por su lado, la gobernadora Córdoba estaría molesta porque el Gobierno no ha priorizado la crisis de seguridad en el Chocó, donde este domingo murió un patrullero tras ser impactado por un francotirador mientras retiraba una bandera del ELN de un parque.
Incluso, la mandataria local le pidió al Ejecutivo que incluya al departamento en el decreto de conmoción interior que expidió para atender la emergencia en el Catatumbo.
El presidente Gustavo Petro pregona que las regiones son una de sus grandes prioridades y por lo mismo, apoyó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), sobre el cual se está trabajando en la ley de competencias. Sus próximos meses serán claves para la interlocución con los mandatarios locales, que también se convertirán, en su momento, en actores claves para la fuerza o el freno que tenga el proyecto progresista para reelegirse.
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