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Policía transgénero en Bogotá ganó tutela para cirugía de cambio de sexo

Un juzgado falló a favor de la primera mujer trans de la Policía Nacional, que se encuentra actualmente inhabilitada por un proceso disciplinario al interior de la institución por hurto.

Redacción Bogotá
13 de noviembre de 2021 – 06:45 p. m.
Andrea Cortes
La patrullera busca revocar la decisión disciplinaria donde fue inhabilitada de la Policía.
Foto: Cortesia

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El Juzgado Administrativo 16 del Circuito Judicial de Bogotá falló a favor la tutela interpuesta por la patrullera Andrea Cortés —la primer mujer trans de la Policía Nacional—, en la que se ordenó que en un término de 48 horas se tomen la medidas necesarias “para que se haga efectiva la cirugía de cambio de sexo y demás procedimientos médicos necesarios para lograr su transformación y transición”.

Esta decisión está dirigida al Ministerio de Defensa y la Policía y exige la realización de una junta médica multidisciplinaria para realizar un acompañamiento y establecer a ambas entidades un plan quirúrgico para finalizar el proceso de cambio de sexo de la uniformada.

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Cortés recibió la información sobre la decisión judicial el pasado 19 de octubre, dos semanas después de que la Policía la destituyera e inhabilitará por 11 años de cargos públicos luego de una sanción disciplinaria por los hechos ocurridos el 23 de junio de este año en una droguería cerca al centro comercial Titán Plaza, en los cuales la patrullera se habría llevado una crema de $141.000 sin pagarla.

Patrullera es investigada por presunto hurto en comercio de Bogotá
Momento donde presuntamente la patrullera habría hurtado el producto.
Foto: Captura de pantalla

La patrullera, que fue reconocida a principios de año como la primera policía trans de la institución, se encuentra actualmente apelando la decisión y pide que su caso sea llevado por la Procuraduría para que se pronuncie sobre el caso.

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A pesar de que la decisión judicial ya fue notificada al Ministerio de Defensa y la Policía, el proceso se encuentra bloqueado por la falta de trámites administrativos y de evaluaciones médicas que no han sido programadas en estas instituciones. Ante un posible desacato, el juzgado pidió a las entidades que presentaran un informe sobre las acciones tomadas para hacer efectiva la tutela.

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