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¿Puede un gobierno radical, de izquierda reformista o revolucionaria, usar la fuerza cuando un sector de la oposición que enfrenta ha optado por “abreviar” el período para el cual dicho gobierno fue elegido? La pregunta es impopular y contraria.
También es relevante y concreta. Debemos hacerla no sólo por ser actual, sino también porque al intentar resolverla ciertos aspectos de la libertad y la justicia que creemos ya resueltos aparecen problemáticos.
Su actualidad remite a los casos del PSUV y el PT brasileño en Latinoamérica. También a los de Syriza y Podemos en Europa. Habida cuenta del ultraderechismo en la policía griega, tras la victoria electoral de Syriza un redactor del Canal 4 inglés advirtió la posibilidad de un golpe como el que derrocó a Allende en Chile. En tal caso, ¿cómo debería responder Syriza?
Por su parte, los tabloides españoles que representan al establecimiento bipartidista antirrepublicano no cesan de presentar a Podemos como “populista”. Es decir, denuncian que usa la fuerza de la palabra para “seducir” al pueblo, que dicha prensa supone ingenuo o desesperado.
Tal irresponsabilidad en el uso de la fuerza discursiva supuestamente deslegitimaría a Podemos de antemano, aún antes de que tenga la oportunidad de ser, como se asume será, económicamente tan irresponsable como se dice de sus inspiradores latinoamericanos. Un argumento semejante, de inspiración franquista, fue invocado por los golpistas chilenos. Hoy es aceptable, aún en círculos liberal-demócratas, cuando se lo aplica a la izquierda no arrepentida, sin importar cuán comprometida sea la práctica de esta última con la democracia y la constitución.
La implicación, rara vez explícita, es esta: es justo detener a Podemos por cualquier medio. Desde circular mentiras como la supuesta financiación por parte del gobierno bolivariano, hasta proponer un pacto bipartidista antiizquierda que efectivamente retornaría el reino a la era de Franco. Se la ha hecho explícita en los casos venezolano y brasileño. No nos gustan las destituciones ni detenciones de alcaldes, y corresponde al sistema Interamericano y las ONG condenar los casos de violación de derechos. Hasta podemos exigir de la izquierda gobernante mayor estatura moral. ¿Se sigue de ello concluir que hay tiranía o dictadura? Si Venezuela es una dictadura, derrocarla como sea parecería un deber. ¿Cómo responder a esa opción de derechas?
La semana pasada en Brasil, Lula denunció en un evento de respaldo a Petrobras organizado por la CUT —sí, los trabajadores respaldando la empresa— que la oposición y la prensa buscan “criminalizar al gobierno” del PT. Tras lo cual advirtió: “Quiero paz y democracia. Pero si ellos quieren guerra, yo también sé luchar”.
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