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Hoy se cumplen dos años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por el exterminio de más de 6.000 integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP), entre las décadas de 1980 y 1990. La histórica sentencia, emitida el 30 de enero de 2023, determinó que el Estado violó una larga lista de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, la libertad de asociación, expresiones políticas y el principio de igualdad y no discriminación. La violencia y persecución contra este movimiento político de la izquierda fue incitada por una persecución sistemática de todos las instancias estatales que, en ese entonces, alimentaron una estigmatización que terminó en “un crimen contra la humanidad”, como lo calificó la Corte internacional.
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La sentencia incluyó una serie de medidas de reparación para que Colombia pudiera darle, no solo algo de dignidad a las víctimas que por años fueron perseguidas, sino las condiciones mínimas para conocer la verdad de los crímenes, acceder a justicia y, en muchos casos, poder regresar al país. Sin embargo, a dos años del fallo, es poco lo que ha hecho el Estado. La falta de cumplimiento a las órdenes de la Corte IDH la advierten las propias víctimas, con un problema adicional: aunque esperaban que el primer presidente de izquierda les cumpliera, es poco o nada lo que ha avanzado. Entre las medidas que decretó esta instancia internacional está que el país debía elaborar un documental; realizar foros académicos; construir monumentos; indemnizaciones y pedirles perdón.
El caso más evidente de incumplimiento es este último punto que, en teoría, era el más sencillo. El pasado 11 de octubre todo estaba listo para que el presidente Petro presidiera este acto simbólico de reparación en plena Plaza de Bolívar con bombos y platillos. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desembolsó $3.700 millones para gastos de logística y, a última hora, con todos los invitados y víctimas en el público y miembros del gobierno y hasta músicos en la tarima, el jefe de Estado anunció por X que no iba a asistir, supuestamente, por temas de salud. El desplante fue tal que los homenajeados se levantaron y le dieron la espalda al fracasado acto de perdón. Casi cuatro meses después, ni hay fecha para un nuevo evento ni es claro si se va a recuperar algo de esos recursos.
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“Es muy grave que el presidente después de tener a todas las víctimas en la Plaza Bolívar, después de haber llegado acuerdos detalle a detalle con el Gobierno para que se lograra el acto, no hubiera llegado”, señaló Luz Marina Monzón, codirectora de la Corporación Reiniciar, representante de las víctimas de la UP en esta lucha jurídica. En diálogo con El Espectador, Monzón manifestó que a pesar de que se cumple el segundo aniversario de la notificación de la sentencia, en el plano material la ejecución de las medidas de reparación todavía son ineficientes. “El Estado no puede pensar que la reparación se cumplió porque ya se hizo foros en universidades, o porque la sentencia se ha divulgado en los medios, o porque se ha indemnizado a algunas personas”, aclaró la abogada.
Frente al tema de las indemnizaciones, Monzón resaltó que el proceso es incluso más insatisfactorio. “Ya han muerto varias personas esperando la indemnización a la que tenían derecho. Ni indemnización; ni acto de reconocimiento; ni programa de protección; ni programa de salud. Asuntos urgentes sobre los que no se ha dado un solo paso”, enfatizó la codirectora. La Corporación Reiniciar actualmente representa a más de 3.000 personas reconocidas como víctimas en este caso, a las que también brindan acompañamiento psicológico. Sin embargo, expuso Monzón, “todavía faltan muchas más. Nosotros estamos hablando de una persecución de más de 30 años. ¿Cuánto daño físico y emocional no se termina acumulando en las personas?”.
A dos años de la sentencia de la Corte IDH, y ante las denuncias de incumplimiento por parte del Estado, un hecho adicional opacó esta situación que siguen viviendo las víctimas. La senadora Aída Avella, exmilitante de la UP, sobreviviente de un atentado en 1996 que la obligó a exiliarse, contó que todavía hoy la persecución sigue viva. “Lo más doloroso es lo está pasando en el Catatumbo. Buscaban a la gente de la UP con lista en mano. ¿Que eso lo haga el ELN? Es indignante. ¿Hasta cuándo van a dejar de perseguirnos unos y otros?”, reclamó la congresista del Pacto Histórico. Desde su vicepresidencia en la Comisión Cuarta del Senado, que se encarga de la asignación y el control del dinero público, también evidenció la demora en el cumplimiento del fallo internacional.
“Tenemos avances en la sentencia, pero no muchos. Hemos tenido la ilusión de hacer cambios, pero ha habido un saboteo al Gobierno”, aclaró la congresista, quien asegura que el hundimiento a la Ley de Financiamiento, en diciembre pasado, puso al “gobierno a hacer malabares para cumplir las nóminas, y eso también es un daño colateral para las personas que esperan ser indemnizadas de la UP”. Sin embargo, antes de que el Congreso hundiera este último plan del Ejecutivo para manejar sus cuentas, el gobierno Petro ya había tenido dos años para avanzar en el cumplimiento de la sentencia, en especial, para garantizar los recursos que le permitieran cumplir con las órdenes de la Corte. En todo caso, la senadora espera que el cumplimiento de la sentencia avance en 2025.
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El Espectador se comunicó con varias dependencias del Ejecutivo que tienen que ver con el tema. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó que la persecución que vivieron hace unos días exintegrantes de la UP en el Catatumbo fue un elemento que tuvo en cuenta el gobierno para declarar el estado de conmoción, oficializado el 24 de enero pasado. Por su parte, el Ministerio del Interior señaló que, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ha asignados varios tipos de ayuda “para la población sobreviviente de la Unión Patriótica, como esquemas de seguridad y auxilios de reubicación para personas desplazadas o personas que estén en riesgo”. Franklin Castañeda, director de derechos humanos de la cartera, agregó que, en el 2024, se designó el presupuesto históricamente más alto a estos programas, con una inversión de $30.500 millones.
Aunque este diario preguntó por cifras concretas sobre cuántas víctimas han sido reparadas o protegidas, ninguna de las entidades contestó. Aunque la abogada Monzón aclaró que la Presidencia dio la orden para que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado coordinara el avance de la implementación de la sentencia, “una cosa es disponer eso y otra que fluya, que cumpla, y que ejecuten. Ahí es necesario un compromiso del Gobierno para que este fallo no se quede en una notificación, que aunque para la Corte IDH es una reparación en sí, para las víctimas reales y sus familias sigue siendo una espera prolongada”.
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